Junta y sindicatos rompen la negociación para aplicar las 35 horas a los empleados públicos

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, se reúne con representantes de los sindicatos UGT, CSIF y CCOO para abordar la aplicación de las 35 horas para los empleados públicos de la Administración autonómica./Miriam Chacón
El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, se reúne con representantes de los sindicatos UGT, CSIF y CCOO para abordar la aplicación de las 35 horas para los empleados públicos de la Administración autonómica. / Miriam Chacón

Los representantes sindicales se sienten indignados y «amenazados» con la posición del Gobierno autonómico y confirman su calendario de movilizaciones

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La Junta y los sindicatos CCOO, CSIF y UGT rompieron este jueves las negociaciones al no alcanzar un acuerdo para recuperar la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos de la Administración Autonómica. Tras una reunión que se prolongó durante sólo 30 minutos, los representantes de los trabajadores manifestaron su indignación, dado que el Ejecutivo reiteró su voluntad de consenso «pero en ningún momento ha puesto una alternativa sobre la mesa». E incluso se sintieron «amenazados» con la posición del Gobierno regional. De este modo, a la salida del encuentro confirmaron su calendario de movilizaciones, que incluye una huelga general el 6 de noviembre.

El encuentro contó con la presencia del consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, así como de otros directores generales y secretarios de las consejerías de Educación, Sanidad y Economía y Hacienda, y los representantes de CCOO, UGT y CSIF, Rosa Arribas, Tomás Pérez y Raquel Fernández. La reunión finalizó sin que las dos partes acercaran posiciones, lo que desató el malestar de la parte sindical. De hecho, según aseguraron los sindicatos, Ibáñez «se levantó de la mesa» sin presentar alternativa y argumentó que «no había nada más que hablar». A pesar de ello, las fuerzas sindicales han tomado la palabra y preguntado al consejero que, según ellos, «no ha respondido a sus preguntas».

A la salida, donde estuvieron respaldados por medio centenar de empleados públicos, aseguraron sentirse «amenazados» y criticaron la actitud del Ejecutivo por no aceptar su propuesta de aplicar a partir del 1 de enero las 35 horas y mantener desde el 1 de octubre el horario de verano existente en algunos servicios. De esta forma, los sindicatos advirtieron a la Junta de que a partir de ahora los contactos serán con el comité de huelga, ante el paro general previsto para el 6 de noviembre. También se celebrará una movilización el 3 de octubre en las delegaciones territoriales, a excepción de Soria, donde es fiesta, y para la que se buscará otro día; el 17 de octubre en Valladolid, coincidiendo con la reunión del Consejo de Gobierno, y un paro de dos horas y media el día 25, a partir de las 11.30 horas.

En este sentido, la coordinadora del Área Pública de CCOO, Rosa Arribas, insistió en las amenazas del Ejecutivo. «Cada uno cumple su papel, que lo sepa la ciudadanía», comentó, tras un encuentro que calificó de «muy decepcionante». Incluso, prosiguió, el «peor momento» ha sido cuando el consejero ha leído una carta que Carlos Fernández Carriedo envío al Ministerio de Hacienda hace un mes en el que preguntaba «si les pagarían las entregas a cuenta si aceptaban aplicar las 35 horas y, por tanto, reducir el gasto». «Quieren culpar al Gobierno», sentenció Arribas, quien lo situó en clave electoral.

¿Afección al Diálogo Social?

Igualmente, confió en que esta fractura entre la Junta y los sindicatos del sector público «no afecte» al Diálogo Social. Sin embargo, «parece que la sensación de desprecio a una parte supone que se está despreciando a todos». «Muestra muy poca empatía con la sociedad civil a través de los sindicatos mayoritarios», aseguró en relación al «tándem» que forman PP y Cs.

También señaló que, dado que el acuerdo está suscrito desde mayo, en la Gerencia de Servicios Sociales se han llevado a cabo nuevas contrataciones ya con 35 horas, «pero cuando han ido a firmar se han encontrado que no, que son las 37,5 horas».

En la misma línea, la responsable de Acción Sindical de CSIF, Raquel Fernández, cargó contra Ibáñez, que «se ha pasado toda la reunión hablando de voluntad pero no ha ofrecido ninguna alternativa y se ha levantado de la mesa. Ya sólo les queda negociar con el comité de huelga», anunció.

En este sentido, criticó que el consejero de la Presidencia no se siente vinculado al acuerdo suscrito en mayo con la Junta para la recuperación de las 35 horas y admitió la «indignación» y sentirse «defraudados» con el nuevo Ejecutivo bipartito, al que todos coincidieron en achacar el alto número de contrataciones de asesores, hoy mismo los de Ignacio Cosidó y Esther Muñoz, como personal eventual, «mientras no repercute en los trabajadores».

Calidad de los servicios públicos

Fernández señaló que en la reunión Ibáñez justificó que «no se cumple la equidad, el gasto y no se puede garantizar los servicios públicos de calidad». Una afirmación que dolió especialmente a los sindicatos, dado que para ellos es una «amenaza más». «¿Nos quiere decir que si aceptan la propuesta no vamos a prestar igual los servicios públicos?», se cuestionó Fernández con cierto enfado. «Se puede decir que directamente hoy no ha querido negociar, porque no ha presentado ni propuesta alternativa», comentó la responsable de CSIF: «Es lo peor que me ha ocurrido desde que me dedico a esto. Que una administración pública no cumpla lo pactado».

De hecho, añadió que «si son capaces de esto pierden la credibilidad» a la hora de negociar la carrera profesional o la oferta pública de empleo. «¿Hay dinero o no? ¿En qué quedamos?», cuestionó.

Por su parte, Tomás Pérez, de UGT, habló del daño que la Junta hace con la rotura de estas negociaciones y lo vinculó a «una campaña contra los empleados públicos». «Su objetivo es poder decir que somos caros y transmitir que somos vagos. Por eso, pedimos a la sociedad que no les crea, porque si hay facultad para bajar el Impuesto de Sucesiones a los ricos también lo hay para cumplir el acuerdo», sentenció.

«Voluntad firme»

En un comunicado posterior, la Junta hizo un llamamiento a las organizaciones sindicales para «acordar la aplicación efectiva de la jornada ordinaria de 35 horas para los empleados púbicos de la Comunidad». La meta del Gobierno regional es hacerlo, tal y como ya han anunciado, a lo largo de la legislatura.

Tras los dos días de prórroga acordados para revisar la propuesta de los sindicatos planteada en la reunión del día 24 de septiembre, el Gobierno autonómico «se ha reafirmado en su compromiso con el diálogo». En este sentido, recordó que existe una «firme voluntad» de aplicar la medida y que «seguirá trabajando para garantizar que se haga asegurando la correcta prestación de los servicios públicos a todos los castellanos y leoneses y a través de una modificación normativa en plena concordancia con la legalidad vigente».

Asimismo, trasladó que la medida se aplicará «teniendo en cuenta su estabilidad a futuro y siempre bajo la premisa de la equidad, garantizando que alcance a todos los empleados públicos de la Comunidad». Por tanto, en este escenario y respetando las movilizaciones previstas, la Junta entiende que la «solución a esta cuestión solo pasará por el diálogo entre las partes».

Por último, las consejerías correspondientes trasladarán el estado de la cuestión a las diferentes mesas de diálogo sectorial implicadas en la aplicación de la jornada ordinaria de las 35 horas.