La Junta reducirá el plazo para reconocer dependencia a tres meses el 1 de enero y a un mes a lo largo de la legislatura

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, visita la Unidad de Valoración y Atención a personas con discapacidad acompañado de la consejera de Familia Isabel Blanco. /Ical
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, visita la Unidad de Valoración y Atención a personas con discapacidad acompañado de la consejera de Familia Isabel Blanco. / Ical

El plazo que exige la normativa estatal es de seis meses

EL NORTEValladolid

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que el Gobierno autonómico reducirá el plazo para el reconocimiento de la dependencia a tres meses a partir del 1 de enero de 2020 y tratará de llegar a solo un mes a lo largo de la legislatura.

Así lo ha afirmado durante su visita al Centro de Valoración y Atención a Personas con Discapacidad de Valladolid, donde Fernández Mañueco ha incidido que el reconocimiento de las prestaciones a los tres meses supone reducir a la mitad el plazo que exige la normativa estatal, que es de seis meses.

El presidente de la Junta ha afirmado que el objetivo de la Junta es continuar reduciendo este plazo hasta dejarlo en un solo mes al final de legislatura, algo que ha explicado que es «complejo» y «complicado» pero que van a intentar y trabajar por ello, según iforma Europa Press.

En este contexto, ha asegurado que la Junta de Castilla y León va a atender mejor a las personas que solicitan que se valore su grado de dependencia y ha recordado que, en esta legislatura, está previsto incorporar en Castilla y León a 80.000 nuevas personas al sistema, que necesitarán dicha valoración en toda la comunidad.

Fernández Mañueco ha expresado el reconocimiento de un modelo social de «éxito» que se ha conseguido entre todos en Castilla y León, con la colaboración de los trabajadores y del tercer sector, que es «de garantía» y que se pretende «exportar» a la España de las autonomías.

En este marco, el jefe del Ejecutivo autonómico ha adelantado que a lo largo del mes de octubre se presentará una «batería» de normas que pretenden mejorar los derechos de las personas con discapacidad, en colaboración con el tercer sector.

Como ejemplo de ello ha anunciado que este viernes se ha iniciado la tramitación, a través de Gobierno Abierto, de la orden que regulará el registro de perros de asistencia, medida que permitirá favorecer la autonomía de las personas con discapacidad visual, ya que esos perros, debidamente acreditados e identificados, podrán acceder a lugares de trabajo y ocio, espectáculos, eventos deportivos o transportes públicos.

Fernández, durante esta visita, se ha reunido con el Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) con el objetivo de reconocer, agradecer y garantizar la colaboración mantenida hasta ahora e incrementarla en la medida de las disponibilidades económicas dada su labor imprescindible para las personas que necesitan la ayuda de los poderes públicos.

Trabajo conjunto

En el encuentro, ha agregado el presidente de la Junta, se han analizado las líneas de trabajo a desarrollar en los próximos meses para la mejora de vida de los ciudadanos, sobre todo aquellos que más ayuda requieren de los poderes públicos.

Fernández Mañueco ha señalado que actualmente cerca de 30.000 personas trabajan en el sistema de prestaciones de la dependencia en Castilla y León y cerca de 6.000 están vinculadas a Cermi.

En la reunión con representantes de las entidades integradas en el Cermi, que atiende a 22.000 personas en la comunidad, se han abordado también otros retos de futuro en el ámbito de la discapacidad, como la aprobación del proyecto de Ley de Derechos y Garantías de continuidad de cuidados y de atención a las personas con discapacidad a lo largo de su ciclo vital, que incluirá una amplia batería de medidas fundamentadas en la igualdad y la plena inclusión, en la promoción del empleo y en la accesibilidad, así como la Ley del Tercer Sector.

Precisamente acompañado de representantes de Cermi ha recorrido las nuevas instalaciones del Centro de Valoración y Atención a Personas con Discapacidad de Valladolid, que considera una «muestra» de lo que se quiere hacer en esta legislatura, que supone llegar a más personas, con más servicios, y mejorar el modelo social, aunque ya sea de «éxito».

El nuevo edificio, que presta especial atención a la intimidad y la polivalencia, se unifica en un solo recurso la atención a las personas con discapacidad, la valoración del grado de discapacidad y de la situación de dependencia y el servicio de atención temprana.

Para prestar todos esos servicios, esta unidad cuenta con 48 profesionales de diversas disciplinas como médicos, psicólogos, pedagogos, logopedas, fisioterapeutas, estimuladores/psicomotricistas y trabajadores sociales. Además de atender a personas con discapacidad y valorar el grado de dependencia, el centro presta servicio a niños de hasta seis años con trastorno de desarrollo o riesgo de padecerlo.

La Junta ha invertido más de 5 millones de euros en la construcción de este nuevo edificio con una superficie de casi 4.500 metros cuadrados levantado en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Valladolid.

En Valladolid se ha pasado de registrar a 23.039 personas con discapacidad en el año 2000 a 33.097 en 2018, lo que supone un incremento del 44 por ciento. El número de valoraciones por esta causa ascendió el pasado año a 4.088, un 5 por ciento más que en 2012, que se suma a un aumento de 8.733 intervenciones, como los servicios de información y orientación o el programa individual de recuperación e integración. Asimismo, el total de niños asistidos en 2018 en atención temprana asciende a 837, un 5 por ciento más que en 2012.