La Junta limita a un año la autorización para acogerse al régimen de teletrabajo, aunque se puede prorrogar

Ésta es una de las novedades del nuevo proyecto de decreto por el que se regula la modalidad de prestación del servicio en régimen de teletrabajo en la Administración de Castilla y León, que se convirtió en pionera al ponerlo en marcha en 2011. Sin embargo, la Consejería de la Presidencia considera que los años de experiencia y una auditoria «exigen» una nueva regulación para garantizar su eficacia.

La auditoría de la Inspección General de Servicios en el marco de su plan de actuación de 2016 destinada a la ‘Evaluación de la prestación de servicios a la Administración en la modalidad de teletrabajo’ permitió «analizar los puntos débiles», según recoge en su introducción el nuevo decreto, conocido por Ical.

Así, considera que la implantación de la administración electrónica permitirá aumentar este tipo de puestos no presenciales porque sus funciones se podrán realizar desde cualquier lugar en que existan los medios tecnológicos necesarios. Conforme a la auditoría, eran 165 los adscritos a la oficina no presencial de un total de 84.500 empleados públicos, por lo que lo calificó de «proyecto piloto o experimental».

Por otro lado, el nuevo decreto persigue «objetivos más ambiciosos que los existentes hasta ahora» para la organización de la plantilla de la Junta, la protección de la salud de su personal, la sostenibilidad del medio ambiente, la conciliación de la vida laboral y familiar y la introducción de los avances de los últimos años. «La eficacia queda garantizada a través de un procedimiento más ágil con el menor coste posible», refiere la nueva redacción.

El trabajador adscrito a esta modalidad, cuyo carácter es voluntario, presentará un documento de compromisos que definirá con el supervisor, encargado de su seguimiento a través del plan individual de teletrabajo. El lugar elegido como oficina no presencial deberá disponer de los medios tecnológicos necesarios y deberá cumplir unos períodos de interconexión o tiempo de trabajo efectivo en el que estará disponible con el supervisor o su unidad administrativa.

El plan individual de teletrabajo es el instrumento de control y seguimiento de la actividad durante las jornadas que desempeña fuera del centro de trabajo, ya que al menos una es presencial. Los órganos competentes para su autorización son los secretarios generales en la Administración General y los delegados territoriales en los servicios periféricos.

Según el decreto, se pueden acoger al teletrabajo empleados que ejerzan sus funciones de forma telemática, con carácter orientativo, los que elaboren informes o estudios, redacción de normativa, asesoría o traducción de documentos. Pero no pueden acceder los que están en oficinas de registro, atención e información al ciudadano y todos los que lleven servicios presenciales, así como tampoco los que tengan labores de dirección, coordinación o supervisión.

Cuando dos personas quieren acogerse al teletrabajo en la misma unidad y no sea viable, se tendrá en cuenta los hijos a su cargo con un grado de discapacidad superior al 75 por ciento, menores, cuidador de mayores en grado de dependencia, tener una pareja con dependencia o discapacidad y ser familia monoparental. De persistir el empate, se concederá a quien no haya estado en ese régimen durante los veinticuatro meses consecutivos anteriores.

La representante del Sector de Administración Autonómica JCyL-CCOO María Fernández Escudero apoya la adaptación y modernización de la norma, pero afirma que la redacción del proyecto de decreto «decepciona bastante» y pide a Presidencia que no sea el texto definitivo.

Fernández Escudero explica que los pilares son el lugar de trabajo y los periodos de interconexión y cree que la regulación sobre ambos «deja mucho que desear», ya que no ve flexibilidad en que se obligue a una conexión entre 9 y 14 horas o que sólo se ponga un lugar de trabajo, algo que en su opinión no facilita la conciliación que es uno de los objetos de este sistema de trabajo.

También, observa que «chirría» las causas de la suspensión al considerar que se deja margen a la «arbitrariedad» y lamenta que no haya representación de la parte social en la comisión de seguimiento, si bien la limitación a un año lo ve «positivo» siempre que la prórroga, en caso de que se solicite, sea rápida. «Ponen tantas barreras, si se apuesta por el teletrabajo y no es flexible, no tiene sentido», asevera.