Junta y Gobierno inician 2019 con prórroga de los presupuestos del Estado y la Comunidad

Pilar del Olmo, consejera de Hacienda, junto al presidente Herrera./
Pilar del Olmo, consejera de Hacienda, junto al presidente Herrera.

El Ejecutivo central trata de cerrar los acuerdos para sacar adelante las nuevas cuentas

ICAL

El nuevo año llegua sin que se hayan aprobado unos Presupuestos Generales del Estado, ni las cuentas de la Comunidad. No obstante, el Gobierno espera sacar adelante en los próximos meses el marco presupuestario de 2019, para lo que intenta recabar los apoyos parlamentarios necesarios para aprobar un proyecto de cuentas públicas que presentará en el Congreso de los Diputados a finales de enero o principios de febrero.

El proyecto de cuentas públicas en el que trabaja el Gobierno cuenta ya con el apoyo de Unidos Podemos, formación con la que cerró un acuerdo en octubre, y presumiblemente contará también con el voto favorable de formaciones como PNV y Compromís. Sin embargo, para sacar adelante el proyecto presupuestario y reeditar la mayoría parlamentaria con la que Pedro Sánchez accedió a la Moncloa en junio con la moción de censura a Mariano Rajoy, el Ejecutivo está pendiente de conseguir el apoyo de las formaciones independentistas catalanas PDECat y ERC.

En este sentido, en los últimos meses se han sucedido los contactos entre Gobierno y Generalitat y, aunque las dos formaciones independentistas en el Congreso no han anunciado todavía si apoyarán los Presupuestos, el 20 de diciembre votaron a favor de la senda de déficit propuesta por el Gobierno para el periodo 2019-2021, que finalmente fue tumbada por la mayoría absoluta del PP en el Senado.

Así, durante su comparecencia tras el último Consejo de Ministros de 2018, Pedro Sánchez consideró «lógico» que los acuerdos entre el Ejecutivo y la Generalitat de Cataluña para atemperar la conflictividad entre las dos administraciones tenga su continuidad ahora en el respaldo de las principales formaciones nacionalistas a los Presupuestos, lo que podría ser la llave a su aprobación.

Antecedentes

No es inusual que la tramitación de las cuentas del Estado se resuelva con retraso. De hecho, circunstancias como la celebración de elecciones o falta de apoyos parlamentarios han obligado a prórrogas o dilaciones de varios meses en la formulación de los presupuestos en hasta ocho ocasiones desde que se aprobó la Constitución en 1978.

Esta sería la novena vez que ocurre, siendo la anterior el ejercicio pasado bajo el mandato del Ejecutivo de Mariano Rajoy, cuando fueron prorrogadas las cuentas de 2017 hasta que el proyecto presupuestario de 2018 fue aprobado en mayo.

El Presupuesto de Sánchez tropieza con dos desafíos: aunar votos suficientes para que el proyecto que presentará en enero supere el trámite en el Congreso y sortear el bloqueo del Senado a su techo de déficit. Si no lograse barrer este obstáculo tendría que aplicar el 1,3% por ciento fijado por el PP, sin poder subirlo al 1,8 por ciento como proyecta.

Hasta el 2012, un veto en la Cámara Alta a los objetivos de estabilidad podía soslayarse a su vuelta al Congreso si contaba ahí con un refrendo suficiente. Pero el Ejecutivo de Rajoy introdujo entonces en la Ley de Estabilidad dicha capacidad de veto por parte del Senado, que ha permitido ahora al PP, con el apoyo de Ciudadanos, tumbar la intención del Gobierno de ampliar en cinco décimas el objetivo de déficit de 2019.

Para eliminar esta capacidad de veto, actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso una propuesta de reforma de la Ley de Estabilidad. Precisamente la semana pasada el Grupo Parlamentario Socialista presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional porque la mayoría conformada por el PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso mantiene bloqueada la tramitación de dicha reforma.

PGE de 2019

La continuidad de los presupuestos del PP de 2018 y ese bloqueo a la nueva senda dejaría, a priori, en el alero 6.000 millones de euros adicionales para gastos públicos al impedir aumentar el objetivo de déficit. Dicha partida se repartiría en 2.500 millones extra para la Seguridad Social, 2.500 para las comunidades autónomas y 1.000 para la Administración central.

El proyecto de las cuentas de 2019 presentadas por el Ejecutivo en octubre para su remisión a Bruselas planteaban situar el déficit público en el 2,7 por ciento en 2018, bajarlo al 1,8 por ciento en 2019 y al 1,1 por ciento al ejercicio siguiente. La intención del Gobierno es incrementar el gasto total del conjunto de administraciones públicas un 3,1 por ciento durante 2019, pasando de 499.841 millones de euros a 515.552 millones.

En paralelo prevé que los ingresos aumenten en un 5,7 por ciento y escalarían de 466.891 millones a 493.329 millones. De esta forma, la diferencia entre ingresos y gastos pasaría de los 32.950 millones en negativo de 2018 a un déficit de 22.223 millones.

Para lograr dicho encaje y asegurarse una mayor recaudación de ingresos, el Ejecutivo ha anunciado varias reformas fiscales y la creación de nuevas figuras tributarias como la 'Tasa Google' y el impuesto a las transacciones financieras. En paralelo ha recurrido a reales decretos para garantizar algunas partidas extras de gastos como la actualización de las pensiones con el IPC o la subida de los salarios de funcionarios.