La Junta estudia 71 expedientes para la implantación de macrogranjas en la región

Este concepto «desprestigia» la actividad y «el sector primario ya está bastante desprestigiado», añade el veterinario Jesús García, que se encarga del mantenimiento de una granja con 1.500 hembras en la provincia de Salamanca. En su caso, el negocio está enfocado a la genética, a buscar las mejores madres que luego se venden a otras explotaciones.

«No quieren que las llamemos macrogranjas pero no encuentro otro nombre; es más que una granja grande, esto se les está yendo de las manos», rebate Víctor Sahuquillo, miembro de la plataforma soriana 'Cidones dice no'. Este colectivo está formado por los vecinos de Cidones, Herreros, Ocenilla y Villaverde del Monte, y nació para luchar contra una explotación de 4.300 cerdos proyectada en el polígono industrial de Villaverde aunque el proyecto se mantendrá paralizado durante al menos dos años.

Al margen de la división de opiniones sobre el concepto, lo cierto es que la proliferación de este tipo de instalaciones ha llevado a la Junta de Castilla y León a establecer una regulación específica para aquellas explotaciones que, por sumar un elevado número de animales, están sujetas a una normativa específica y más severa. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente las define como «actividades ganaderas sujetas al régimen de prevención y control integrados de la contaminación en Castilla y León». Se trata de una autorización ambiental que deben solicitar las explotaciones con  más de 2.000 plazas para cerdos de cebo de más de 30 kg o 2.500 de más de 20 kg y 750 plazas para cerdas reproductoras.

Bajo este concepto se están tramitando actualmente en Castilla y León 71 expedientes (en 2017 fueron 68) que aglutinan solicitudes en todas las provincias. Un porcentaje elevado de ellas responde a las denominadas granjas integradoras. Se trata de explotaciones en las que son las grandes empresas las que facilitan los piensos, los animales o la tecnología y el ganadero o promotor cede sus instalaciones y la mano de obra. Este es el sistema que utilizan grandes empresas como las catalanas Vall Companys, que suma tres filiales en la región, o Batallé, la firma interesada en construir alguna de las macrogranjas zamoranas, según las plataformas. Ninguna de las dos ha querido compartir los detalles sobre este modelo de negocio ni sobre el interés que ha despertado en ellas Castilla y León.

En ese modelo se incluye, igualmente, la sociedad Icpor Soria, constituida por Copiso e Incarlopsa, que aglutinan a la mayor parte de ganaderos de porcino de la provincia con el fin de abastecer a la cadena alimentaria de Mercadona. Soria produce anualmente más de un millón de cerdos que se venden en el 60% en territorio nacional y el otro 40% se exporta, sobre todo, a países asiáticos.

«De todos esos cerdos no se va a quedar nada en Soria», argumenta Víctor Sahuquillo. «Son para la exportación y no ayudan ni al PIB ni a nada, lo crían para que otro lo mate, lo despiece y lo venda». Lo mismo piensa Marina García, de la plataforma de Villafáfila (Zamora), convencida de que «con este modelo solo se mantienen los grandes, las pequeñas explotaciones familiares tienen que irse, así que esas macrogranjas solo traen contaminación y despoblación».

«Las molestias de las granjas son muy escasas», matiza por su parte Miguel Ángel Ortiz y defiende que «el sector porcino va a crecer, seguro, y si somos inteligentes lo hará mucho más porque aquí en Castilla y León cabe mucho. Tenemos un campo que es la envidia, grandes páramos secos donde cabe mucho purín y con el que podemos abonar nuestro cereal y siempre teniendo en cuenta la normativa europea que es muy restrictiva».

Jesús García entiende que los pueblos «están en caída libre y no hay grandes opciones» por lo que ve en el porcino una posibilidad de crear puestos de trabajo. «El purín está mal visto pero es un abono natural, supone una sinergia entre la agricultura y la ganadería y que a nadie se le olvide que hay una autorización ambiental previa muy importante. No conozco otro negocio en el que alrededor de 20 organismos tengan que emitir un informe, desde datos arqueológicos, la Confederación o los ecologistas».

Aún así, para Marina García es necesario realizar un mayor control por parte de la Administración regional para evitar que «el purín se esparza de cualquier manera porque ellos ya no controlan después». Y aunque Víctor Sahuquillo defiende el porcino, matiza que «no con esas dimensiones» porque entiende que lo se genera es «contaminación, bichos y problemas con el agua para al final, solo trabajar dos personas. No se habla del trabajo que destruyen».

En el municipio salmantino de Castillejo de Martín Viejo, el Ayuntamiento ha iniciado el proceso de tramitación de una granja que según la información aportada por el Consistorio, alcanzaría las 2.000 plazas para cerdos mayores de 20 kilogramos. En este caso, los requisitos también son importantes pero su capacidad productiva no es la de mayor rigor administrativo.

David Sevillano representa a la empresa responsable, Grancampo, que aglutina a varias sociedades tanto de porcino como de vacuno. «Nuestro proyecto es para una zona muy despoblada. Está ubicada en una finca de 1.500 hectáreas en la que el pueblo más cercano está a 12 kilómetros», defiende.

Allí se van a cebar cerdos ibéricos y generarán tres puestos de trabajo que se sumarán a las cuatro familias que ya viven en la finca 'El Corcho', donde se levantará la granja. «Creemos que el proyecto es sostenible, hemos realizado muchas inversiones y mucha limpieza de matorral con el ánimo de regenerar el campo charro que tiende a desaparecer porque cada vez está más sucio», sentencia Sevillano.

En el otro extremo de la comunidad, en Ágreda (Soria), el alcalde Jesús Alonso, exhibe con orgullo que su localidad encabece el ranking con el mayor censo de animales de cebo, 40.750, según el Portal de Gobierno Abierto de la Junta. «El sector porcino es el motor de la economía del municipio y de la provincia», advierte. Asegura que «entre empleos directos e indirectos, se cuentan un centenar de trabajadores y lamenta las dificultades que están teniendo para encajar nuevas explotaciones por falta de espacio.

Marina García, de la plataforma de Villafáfila (Zamora), está convencida de que las empresas buscan asentarse en Castilla y León porque «en lugares como Cataluña no les dejan. Castilla y León es una región despoblada y extensa, con gente mayor que no pone resistencia a estos proyectos», advierte.

Precisamente Zamora es una de las provincias en las que se han creado más plataformas o asociaciones contrarias a este tipo de instalaciones ganaderas. Ahora se han propuesto formar una única asociación denominada 'Pueblos vivos'. «No nos hemos vuelto a reunir –dice Mercedes Alonso, de la localidad de Faramontanos donde está proyectada una granja de 12.000 plazas–, tenemos que buscar un local y que cada plataforma decida con libertad hacer lo que quiera».

En Zamora, al menos se contabilizan agrupaciones de este tipo en las localidades de Villalpando, Pozoantiguo, Cerecinos de Campos (en proyecto una macrogranja de 3.400 cerdas y 77.000 lechones al año), Tierra de Alba y en la comarca de Tábara (4.635 plazas de cebo) en Pozuelo de Tábara (4.635 cerdos de cebo en Pozuelo de Tábara). En el caso de Pozoantiguo son dos los proyectos, uno de 3.400 cerdas para lechones y otro de 6.000 cebones.

Carbajales de Alba y su vecina Muga de Alba quieren parar una granja de 3.090 cabezas que se ha proyectado también en esa zona.

Pero en los últimos meses ha habido movimientos en otras provincias y por ejemplo, en la comarca de Briviesca, en Burgos, los vecinos de Llano de Bureba y su entorno han creado la asociación 'Granja no', que entiende que una decena de pueblos pueden verse perjudicados por una instalación con capacidad para 2.685 cerdas.

En Soria, además de la citada de Cidones, vecinos de Andaluz también han iniciado una recogida de firmas online.