La Junta de Castilla y León adeuda a sus 80.000 empleados con 20 millones de euros por atrasos

Evelio Angulo (D), vicesecretario general de UGT en Castilla y León/. El Norte
Evelio Angulo (D), vicesecretario general de UGT en Castilla y León / . El Norte

UGT León reclamará el pago de los retrasos que la Junta de Castilla y León tiene con sus 80.000 empleados públicos y la recuperación de las 35 horas semanales en la jornada laboral en la mesa de Función Pública

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El secretario de Acción Sindical de la FESP de UGT Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, cifró hoy en unos 20 millones de euros los atrasos que la Junta tiene pendientes con sus 80.000 empleados públicos y avanzó que, en la reunión de la mesa la Función Pública de este viernes, reclamarán que se incluyan en la nómina de agosto porque la Administración regional ya tenía previsto buena parte del dinero prespuestado con la subida salarial del 1,5 por ciento que no pudo aplicar el pasado 1 de enero.

Pérez Urueña explicó que la Junta de Castilla y León no aplicó el aumento del 1,5 por ciento al no haberse aprobado entonces los Presupuestos Generales del Estado. «Sólo tiene sumar subida del 0,25 por ciento previsto desde el 1 de julio», recordó el secretario autonómico de Acción Sindical de FESP UGT, que también destacó que, por primera vez, los empleados públicos tienen un concepto variable en sus nóminas, este 0,25, que corresponde al cumplimiento por parte de la Junta del PIB previsto para 2017.

Tomás Pérez Urueña resumió que la Junta tiene que pagar los atrasos de la subida salarial del 1,5 «del 1 de enero al 30 de junio», más lo correspondiente a la paga extra de verano, y el 1,75 por ciento de mes de julio, que «no genera atrasos». Por otra parte, en el último trimestre del año, se aplicará un fondo adicional del 0,20, lo que supondrá que , «para el final de 2018», la subida de la nómina de los empleados públicos de la Junta será del «1,95 por ciento escalonado en tres pasos que es un concepto nuevo y novedoso».

Desde la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT Castilla y León aseguraron que la reunión de la Mesa de la Función Pública, de este viernes, tiene que salir el compromiso de la Junta para el pago de los atrasos en la nómina del mes de agosto, al no ser factible porque «se ha cerrado hoy», en la nómina del mes de julio. Para Pérez Urueña es «un mero trámite» para aplicar la ley de los Presupuestos Generales del Estado 2018, publicada la semana pasada.

Jornada 35 horas

Tomás Pérez Urueña también remarcó que desde UGT siguen luchando y reclamando que este mismo año todos los empleados públicos puedan recuperar la jornada laboral de las 35 horas semanales, por la confianza que tienen en las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de firmar un decreto ley que vuelva a fijar que el horario máximo de un empleado publico es de 37,5 horas y «no el horario mínimo», que fijó el Gobierno del Partido Popular.

El responsable de UGT recordó que la Junta de Castilla y León tiene actualmente «una imposibilidad legal» para imponer la jornada de 35 horas porque «no ha cumplido con el déficit previsto» y no puede negociar «ahora mismo» el cambio. Pérez Urueña se mostró optimista tras escuchar las intenciones del Gobierno socialista y después de «muchos años reivindicando volver a las 35 horas ahora vemos una luz al final del túnel» y «estamos en vías de conseguirlo».

Pérez Urueña aseguró que una vez el Gobierno Central de vía libre, UGT tiene firmado con la Junta de Castilla y León, el regreso a las 35 horas. Además defendió que la consecución de este objetivo generaría 16 jornadas laborales, lo que supondría más puestos de trabajo porque la Junta se vería obligada a contratar «más médicos, enfermera, celadores o técnicos». En su opinión, «tendría un gran impacto económico» en todas la provincias, con más contrataciones indefinidas en hospitales y servicios sociales.

Mesas locales

El secretario de Acción Sindical de FESP UGT en Castilla y León mantuvo un encuentro con los delegados sindicales en la delegación territorial de la Junta y de los ayuntamientos. Pérez Urueña reclamó la constitución de las mesas de negociación en las entidades locales para que los ayuntamientos también apliquen a sus trabajadores los términos que marca la Ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, para la aplicación de la subida salarial y el pago de los atrasos.

Verano 2018

Tomás Pérez Urueña remarcó que los sindicatos UGT y CCOO que lo que firmaron con la Junta, tras la renuncia de CSIF, para el actual periodo estival forma parte del Pacto de Conciliación Familiar, que incluye un presupuesto de ocho millones de euros paras sustituciones, «con cargo a los presupuestos del año que viene» y que será asumido por la Consejería de Presidencia, en ningún caso saldrá ni del Sacyl ni de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales.

Desde UGT remarcaron que los empleados públicos tendrá 35 horas semanales entre julio y septiembre pero donde no se puede aplicar, se generan tres días de libranza, de los que dos pueden ser elegidos por el trabajor, entre el 22 de diciembre al 6 de enero, y el otro a partir del 15 de enero. La carga de trabajo no será asumida por los el resto de trabajadores sino que tendrá que ser sustituido. El acuerdo con la Junta también incluye el verano de 2019 en el que se aplicará el horario durante cuatro meses o cinco días de descanso.

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