Igea propone aprobar los mapas rurales y crear las MIG como paso para nuevos municipios fusionados

Francisco Igea comparece para informar sobre el programa de actuaciones de la presente legislatura. /Leticia Pérez
Francisco Igea comparece para informar sobre el programa de actuaciones de la presente legislatura. / Leticia Pérez

El vicepresidente apela al consenso y mantiene su modelo de núcleos de 5.000 habitantes, aunque lo deja para la próxima legislatura

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El vicepresidente y portavoz de la Junta y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, apeló este lunes al consenso para aprobar los mapas rurales y la creación de las mancomunidades de interés general (MIG) rurales con carácter general y dejar para largo plazo la conversión de éstas en municipios fusionados.

Igea, en su prolija exposición de su programa de gobierno en las Cortes, defendió como propuesta de futuro de la ordenación, después de que esta quedara en «vía muerta» en la pasada legislatura al no aprobarse los mapas rurales, una solución intermedia que conserve la Ley de Ordenación y las MIG rurales, pero a la vez se introduce la alternativa de la fusión de municipios.

Para continuar con la implantación de este modelo, anunció que en los próximos meses se presentará un proyecto de ley que establezca y regule el mapa de las Unidades Básicas de ordenación y Servicios del Territorio (ubost), donde aseguró que se acordará con todos los participantes en el proceso que son los 900.000 castellanos y leoneses que viven y trabajan en el mundo rural.

En este sentido, leyó un apartado de la Ley de Ordenación que recoge la fusión de municipios y añadió que ellos no renuncian a ellos, si bien subrayó que será en la próxima legislatura cuando los ciudadanos digan si se quiere avanzar en esa dirección. «No se plantea el cierre ni extinción, pero ésta se verá, si no se toman medidas», aseveró.

El vicepresidente sostuvo que un núcleo de población de 32 o 70 habitantes a los que prestan los servicios las diputaciones no están mejor atendidos que los de 5.000 habitantes, al considerar que la democracia indirecta de las corporaciones provinciales no representa a las personas, sino a los partidos.

Tras exponer el modelo, avanzó que próximamente presentarán un proyecto de ley de modificación de la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio -aprobada por PP y PSOE en 2013- a la que seguirá la modificación de su reglamento para «corregir o actualizar lo que sea necesario».

La modificación de la norma se guiará por el «gradualismo» para una «profunda transformación de la planta local, pero diferida en el tiempo, no inmediata», detalló, para precisar que se trata de establecer las MIG rurales como «estación intermedia actual entre la excesiva fragmentación municipal y el establecimiento de municipios fuertes con un tamaño mínimo en torno a 5.000 habitantes».

Estableció a través de esos cambios normativos -aprobación de los mapas rurales y reforma de la ley de Ordenación- tres momentos en la ordenación: la integración voluntaria en las MIG una vez aprobado el mapa de las ubost, el funcionamiento más integrado de los servicios de las mancomunidades de interés general y, por último, la transformación de éstas en nuevos municipios fusionados.

Regeneración

Rendición de cuentas, participación ciudadana, regeneración democrática y mejora de la eficiencia administrativa centran los principios de la transparencia, defendió Igea, que para avanzar en ese principio anunció una «profunda reforma» de la ley de Transparencia para corregir carencias como la no inclusión de las entidades locales, la reutilización de la información y se reducirán las exigencias de los ciudadanos para el acceso al derecho a la información.

Anunció que en los próximos días remitirá a la Comisión de Ética un proyecto para endurecer el Código Ético y de Austeridad de los Altos Cargos, junto con una modificación de la normativa para suprimir la declaración notarial de bienes por una declaración responsable.

También, se detuvo en la reducción de la burocracia ya que existen todavía 488 autorizaciones que afectan a empresas y ciudadanos, de ellas 129 tienen previsto un plazo de resolución de tres meses y 169 no se tramitan y los afectados se tienen que desplazar hasta las dependencias. «Necesitamos normas menos, pero mejores», resumió, para añadir que las víctimas del terrorismo no tendrán que presentar ningún documento para acceder a bonificaciones y deducciones.

La reforma urgente del Estatuto de Autonomía para suprimir todos los aforamientos -ya está registrada la proposición de ley-, el reforzamiento de la protección de los informantes de delitos contra la administración -donde anotó tres informaciones reservadas abiertas de 20 denuncias-, y la creación de la oficina contra el fraude fueron otras de las medidas de regeneración a las que se refirió.

Igea abogó por impulsar la «cultura de la evaluación» de la acción pública y aseguró que se establecerán medidas para el desarrollo e implantación de un sistema de evaluación, por ello se creará una Agencia Autonómica de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios.

En materia migratoria, expresó el respeto al vigente IV plan estratégico de cohesión social con las personas inmigrantes y la convivencia intercultural y avanzó una nueva regulación para facilitar el retorno de castellanosleoneses en el exterior.

Por último, se refirió al Decreto de Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León en el que se rechaza «cualquier actitud que promueva la violencia, el odio, la discriminación o la intolerancia». «La Memoria Histórica debe servir para honrar a las víctimas y aprender, no para separar, ni para reabrir heridas. Por eso reivindicamos a los no beligerantes, a los que no se dejaron arrastrar», aseveró.