El Gobierno hace fijos o amplía 10.000 contratos temporales fraudulentos en 11 meses en Castilla y León

El Gobierno hace fijos o amplía 10.000 contratos temporales fraudulentos en 11 meses en Castilla y León

La Inspección de Trabajo investiga la existencia de los falsos autónomos entre los repartidores de las plataformas de economía colaborativa

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El Plan Director por un Trabajo Digno, aprobado por el Consejo de Ministros en julio del año pasado, ha permitido aflorar en Castilla y León más de 10.000 contratos que han pasado de temporales a fijos o han ampliado la jornada laboral de los trabajadores en onces meses de vigencia.

En concreto, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha logrado que 8.089 asalariados hayan pasado de tener un contrato temporal a indefinido y 1.983 lograran un ampliación de la jornada, después de detectar abusos de los contratos a tiempo parcial.

Según los datos ofrecidos este jueves por la delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín, las acciones del plan han logrado transformar en indefinidos casi el doble de contratos que entre las mismas fechas del año anterior, con un incremento del 92 por ciento.

Entre agosto de 2017 y junio de 2018, un total de 4.219 contratos temporales se transformaron en indefinidos, mientras que entre agosto de 2018 y junio de 2019 fueron 8.089 los contratos temporales que pasaron a ser indefinidos, después de detectar que no había causalidad en la contratación o por sobrepasar los límites máximos que marca el Estatuto de Trabajadores.

Martín reconoció, según declaraciones recogidas por la Agencia Ical, que los resultados del Programa Territorial Integrado de Objetivos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Castilla y León, que se aplicaba con anterioridad a la puesta en marcha del Plan de choque, no eran malos pero, con las nuevas medidas, se ha duplicado el efecto y se han disparado las cifras de los contratos de duración determinada transformados en indefinidos, a requerimiento del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

En cuanto al plan de choque contra los abusos de los contratos a tiempo parcial, señaló que los resultados no son «tan satisfactorios», tras experimentar una bajada del 12,6 por ciento. Entre agosto de 2017 y junio de 2018 hubo 2.269 ampliaciones de jornada mientras que, con el plan en vigor, ha habido 1.983. Son los casos de la firma de un contrato con una jornada de diez horas a la semana pero, al final, se hacían 40.

Añadió que el plan de regularización en Castilla y León ha sido inferior porcentualmente a la del conjunto del Estado, tal y como ocurrió en la primera fase del plan. Algo que justificó al señalar que muchas de las empresas a las que se remitió carta no regularizaron su situación en materia de parcialidad abusiva, lo que obligó a las inspecciones 'in situ' en las empresas.

También, manifestó que con la obligación del registro de la jornada laboral se consiguió «cerrar una puerta» al fraude masivo en la contratación parcial. Y es que afirmó que por esa puerta se escapaba mucho dinero en cotizaciones sociales.

620 falsos autónomos

Entre los empleos irregulares que han aflorado están incluidos los falsos autónomos. Entre agosto de 2017 y junio de 2018 se regularizaron 133 falsos autónomos mientras que entre agosto de 2018 y junio de 2019 fueron 620. Es decir, la eficacia se disparó un 366 por ciento en once meses.

Es decir, que han sido encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social como trabajadores por cuenta ajena seis veces más trabajadores mal encuadrados en el RETA que en el mismo periodo del año anterior.

139 inspectores de Trabajo

Mercedes Martín destacó que el Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social supera los 2.000 efectivos, entre inspectores y subinspectores en el conjunto de España. «Es la cifra más alta de la historia y también es la más alta jamás alcanzada los 139 con los que contamos en Castilla y León», recordó.

Por último, se habló de la reactivación de ambos planes de choque, contra la temporalidad y contra la parcialidad, entre agosto y diciembre de este año. Se seguirá la misma metodología que el año anterior. Una primera fase en la que se remitirán comunicaciones a las empresas en cuyos contratos temporales o a tiempo parcial se aprecien indicios de fraude. Después, se concede el plazo de un mes para su regularización. En una segunda fase, una vez comprobados los casos en que no se hubiese realizado la regularización, se llevará a cabo la actuación de la Inspección de Trabajo.

El secretario de Empleo, Política Institucional y Diálogo Social de CCOO, Saturnino Fernández, y el vicesecretario general de UGT, Evelio Angulo, reconocieron que los resultados de los dos planes de choque son «buenos» y «positivos», que demuestran la adecuada acción de la Inspección de Trabajo. Precisaron que todo lo que sea mejorar las actuaciones de inspección es «bienvenido», aunque reclamaron un cambio de las normativas laboral y fiscal para combatir el «fraude sistémico».

El director territorial de la Inspección de Trabajo en Castilla y León, Javier Calderón, señaló que hace unos meses se procedió a la regularización de los falsos autónomos en el sector de las cooperativas cárnicas, sobre todo en las provincias de Valladolid, León y Burgos. Destacó que ahora se está en fase de investigación en otros sectores como los riders (repartidores), relacionados con las plataformas de economía colaborativa.

El encuentro en la Delegación del Gobierno con los responsables de los sindicatos UGT y CCOO también sirvió para informar del desarrollo por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de nuevas campañas durante el primer semestre 2019. Se abordaron, entre otras, las acciones contra los impagos salariales, en la que se está vigilando la correcta aplicación del nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2019.

Otra campaña específica fue el análisis correcto encuadramiento en la Seguridad Social de los trabajadores que prestan servicios en las plataformas digitales, así como afrontar la economía irregular presente tanto en estas como en el comercio electrónico. Hubo otra específica para revisar de forma integral las condiciones de trabajo en el sector de alojamientos turísticos, en particular camareras y camareros de piso.

La delegada declaró que los objetivos principales del Plan Director por un Trabajo Digno son recuperar derechos laborales, mejorar la calidad del empleo y las condiciones de trabajo, proteger la seguridad y salud de trabajadores y trabajadoras y garantizar la competencia leal entre empresas en el mercado de trabajo.