El Gobierno de coalición aprueba su modelo para «no petrificar» y completar la ordenación territorial
Igea afirma que ha hablado con los diferentes grupos y asegura que se aprobará con «la mayoría suficiente»
ICAL
Valladolid
Jueves, 24 de junio 2021, 17:26
El Consejo de Gobierno aprobó este jueves el proyecto de ley para completar la ordenación territorial de Castilla y León, que arrancó en 2013 por consenso de PP y PSOE pero que se bloqueó en la pasada legislatura por la oposición socialista a los mapas rurales de servicios, último paso para cerrar el modelo.
El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, se comprometió a completar el modelo a través de la modificación de la ley de 2013 de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que desgranó las novedades del texto, aseguró que ha hablado con los diferentes grupos de las Cortes y se mostró «tranquilo» porque se aprobará con «la mayoría suficiente», si bien defendió que este proyecto no se podía «petrificar» por la oposición del PSOE.
El proyecto de ley, que cuenta con un artículo único, dos disposiciones adicionales y ocho disposiciones finales, elimina la mayoría cualificada de dos tercios para la aprobación de los mapas, escollo en la pasada legislatura por la falta de acuerdo con el PSOE, por la mayoría absoluta, perdida ahora por PP y Cs, aunque Igea afirmó que no le preocupa, convencido de que contará con los 41 votos necesarios.
Por acuerdo de PP y PSOE, se recogió la mayoría cualificada al considerar que se trata de un proyecto de comunidad, que debe mantenerse en el tiempo y no modificar por cambio de gobierno. «Pueden estar tranquilos, el cambio de gobierno tendrá que esperar unos cuantos lustros, tenemos intención de seguir», argumentó al ser preguntado sobre ello.
Sobre la necesidad de modificar la ley, argumentó que «tiene un notable error de diseño», aunque fuera una norma «bienintencionada» por sus legisladores, pero indicó que, cuando en política, un proyecto no es útil para avanzar, se tiene que cambiar, y subrayó que la composición del actual parlamento no es el de «los ángeles».
Novedades
Según Igea, referencia espacial básica de ordenación y organización de los servicios en la Comunidad, simplificación terminológica, flexibilización de criterios y un proceso abierto de la mano de las diputaciones provinciales definen la nueva ley, con las que se ha hablado y hay un consenso.
El proyecto de ley elimina las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio (Ubost) y las sustituye por las áreas funcionales, referencia espacial básica de ordenación y organización de los servicios. Otra novedad es que el mapa de las áreas funcionales se iniciará por parte de las diputaciones provinciales y no de las delegaciones territoriales.
Así, las diputaciones provinciales dispondrán de un plazo de 6 meses para elaborar sus respectivos estudios de zonificación, desde la aprobación de este proyecto en las Cortes. A la vez, la ley fija tres años –a contar desde que se apruebe la ley del mapa de áreas funcionales- para adaptar progresivamente a las áreas funcionales rurales los servicios autonómicos prestados en el territorio.
Los mapas se elaborarán en colaboración con las entidades locales, las entidades económicas, culturales y sociales, las asociaciones y otras organizaciones o agrupaciones relacionadas o interesadas en el desarrollo rural en el ámbito de la provincia, a través de un procedimiento de consulta pública.
Para ello, la diputación provincial correspondiente debe promover la constitución de foros territoriales de colaboración de ámbito inferior o igual a la provincia. Finalmente, también sobre el mapa de áreas funcionales rurales, su aprobación se realizará mediante ley ordinaria, por lo que se sustituye la mayoría cualificada de dos tercios estipulada en la ley vigente en estos momentos.
La constitución de las áreas funcionales se facilita con la supresión de requisitos, que ahora se sustituye por criterios, como el de población, pues se rebaja a 2.000 habitantes -cuando antes era de 5.000 habitantes-; con la existencia de uno o varios municipios prestadores de servicios generales; y con un tiempo máximo de 30 minutos de acceso a los servicios generales.
También, se flexibliza la creación de nuevas áreas funcionales urbanas en municipios de un mínimo de 15.000 habitantes, cuando el límite vigente fija el mínimo en 19.000 habitantes, además se podrá pedir por un municipio colindante aunque no sea el de mayor población o cabecera.
Además, se eliminan las áreas funcionales estratégicas como un tipo de área funcional formada por varias unidades básicas de ordenación y servicios del territorio, dando paso en su lugar a las zonas de especial actuación (ZEA), conformadas por una o varias áreas funcionales, que pueden ser tanto urbanas como rurales.
Por otro lado, las mancomunidades de interés general rurales tendrá una nueva cartera de competencias y funciones basada en dos bloques, uno de carácter mínimo y obligatorio -todas tendrán un mínimo de competencias y funciones para garantizar los mismos servicios en todas ellas a todos los ciudadanos-, y un segundo voluntario fijado por la propia mancomunidad.
Otra novedad, respecto al modelo anterior, es que el ámbito territorial de las mancomunidades de interés general rurales estará basado a su vez en que este deberá coincidir sustancialmente con una o varias áreas funcionales rurales.
Finalmente, incluye regímenes especiales para el Enclave de Treviño y la Comarca de El Bierzo y la modificación de determinadas leyes sectoriales en cuanto se ven afectadas por los nuevos espacios geográficos -servicios sociales, transporte público de viajeros, ordenación del territorio, directrices esenciales de ordenación del territorio-.
