Los expertos alertan sobre 'el negocio' que rodea a la atención sociosanitaria en Castilla y León

Nacho García Vidal y Jesús Corrales, abajo. Detrás, Jesús Lozano, Martín Vargas y Ángel Lozano./Rodrigo Jiménez
Nacho García Vidal y Jesús Corrales, abajo. Detrás, Jesús Lozano, Martín Vargas y Ángel Lozano. / Rodrigo Jiménez

Defienden el derecho del paciente a decidir sobre su tratamiento y la gestión de sus bienes

Ana Santiago
ANA SANTIAGOValladolid

Desde los hospitales psiquiátricos hasta la implantación de la atención comunitaria ha transcurrido más de un cuarto de siglo. Y si bien hay pocos detractores de un cambio en la asistencia de estos pacientes, en su participación en la toma de decisiones y en el reconocimiento de sus derechos civiles, en la mejora de respuestas sociales y asistenciales con nuevas legislaciones, en particular la Ley de Dependencia, todos estos avances -evolución defendida desde el sector y por los especialistas- también arrastran sus sombras, o posibles riesgos ante los que, recomiendan, estar vigilantes y en alerta.

Y uno de los más potentes es el de que detrás de la financiación pública a través de ayudas vinculadas para contratar atención para una persona dependiente, con discapacidad, enfermedad o anciana, o el de la creación de servicios y centros privados para asistir casos de personas declaradas como carentes de autonomía y capacidad de decisión puede haber intereses ilegítimos, más allá de lo defendible como tener un negocio que presta un servicio sino que se creen necesidades no existentes; porque en este mundo sociosanitario «hay mucho dinero detrás». Y ello sin demonizar la colaboración público y privada ni las iniciativas de ningún sector.

Expertos en salud mental analizan los retos para este colectivo y repasan en una mirada retrospectiva los avances, y las carencias, de los 25 años que este año ha cumplido la Federación de Salud Mental de Castilla y León.

Además del gerente y presidente de esta organización, Ángel Lozano y Jesús Corrales, participaron en un foro de la misma para cerrar este aniversario con vocación de seguir dando pasos de gigantes tres colaboradores desde su inicio con la federación. Martín Vargas Aragón, psiquiatra del Río Hortega, que acaba de ser nombrado además presidente de la Federación Española de Asociaciones de Rehabilitación Psicosocial (FEARP); el letrado Jesús Lozano Blanco y el trabajador social Luis Ignacio García Vidal, gerente de la fundación tutelar FECLEM participaron en este encuentro.

La salud mental en Castilla y León

26.152
Personas tienen reconocida la discapacidad por enfermedad mental en la comunidad.
El entorno
Los problemas de salud mental son marcadamente más frecuentes en las ciudades que en los pueblos. El medio urbano acumula el 69,43% frente al 39,57% del rural.
5.956
Padecen trastornos del estado de ánimo como depresiones mayores y trastorno bipolar. Las demencias suman otros 2.276 y los trastornos de personalidad, 2.219.
Por provincias
Valladolid (5.699), León (4.530) y Burgos (4.172) con las de mayor número de pacientes.
60,56%
De los casos se concentran entre los 35 y los 69 años; con 70 y más, hay 29,64%; de 15 a 34, 7,04% y menores de 14, solo el 2,76%
Diferencias por sexo
La enfermedad mental es ligeramente más frecuente entre las mujeres, el 51,4% que entre los varones, 48,6%.

Diferentes puntos de vista que coinciden en que los retos del futuro radican en la inserción social desde la laboral. El trabajo, destacan, es básico para hacer sentirse parte activa y útil de un entorno, para fomentar la autoestima y la responsabilidad. Superar la reivindicación de reclamar que no se estigmatice a la persona con enfermedad mental es también vocación de futuro. «Es algo que ya estamos haciendo, pero ya no puede ser el centro de nuestro discurso sino que hay que avanzar», precisó Ángel Lozano. Y ¿en qué avanzar? En prestación de servicios y recursos de calidad, en investigación y en los derechos del propio paciente, que recupere su vida, su derecho a tomar decisiones sobre sus bienes y su tratamiento.

El doctor Vargas Aragón destacó la necesidad «de la excelencia en los servicios y en la investigación porque son enfermedades, nadie elige esta situación por gusto, ni formar parte de todo esto si no hay un problema de un familiar, estamos obligados en el mundo de la discapacidad y hay que ir también a la raíz del problema». Además, defiende, «el modelo de salud mental fue algo bonito, una mirada biopsicosocial de la salud; pero falla la operativización, no se definió la cartera de servicios porque para empezar hay que hacerlo siempre en negativo, lo que no se va a hacer para que esto sí se pueda hacer... El modelo de salud mental murió de éxito. No hay recursos y ahora Castilla y León se desprende de los equipos por zonas, no es operativo pero tampoco se ha derogado la normativa de 2007 y la Estrategia Nacional está en vía muerta y no la hay en nuestra comunidad. No hay modelo de atención e, igual, no tiene que haberlo sino integrarla como al resto de las enfermedades». Además, «habría que reconsiderar la intervención a partir de los 40 años, los fármacos... porque la enfermedad cambia, ya no requiere tanto intervencionismo». Y, en cuanto a lo social, añade este psiquiatra que «la Ley de Dependencia fue una gran oportunidad y la Salud Mental tuvo que reivindicar estar ahí porque al principio no se contó con ella y el baremo sigue pendiente en este sentido. Pero entra mucho dinero en todo esto, hay un claro mercado sociosanitario. Antes teníamos que estar pendientes de la industria farmacéutica por el riesgo de que ya solo faltaba que se inventaran enfermos. Ahora pueden inventarse discapacidades civiles para institucionalizarlos sin venir a cuento, hay casos así y es un riesgo tremendo. El dinero es pólvora».

Coinciden estos expertos en el avance en cuanto al respeto a los derechos de las personas con enfermedad mental. El abogado Jesús Lozano explica que «desde un punto de vista jurídico se ha avanzado mucho, al menos en el plano teórico aunque en el real queda mucho por hacer porque a veces tenemos que ocultar la enfermedad de una persona para que las medidas adoptadas y preventivas no sean más duras que cuando es alguien sin discapacidad». Añade además este letrado que «cada vez defendemos más derechos de estas personas como los testamentarios o laborales como los de cualquier otra» e insiste en que «la protección no puede anular la voluntad de la persona». En este sentido Jesús Corrales critica el «paternalismo. Las personas con problemas de salud mental tienen que tomar sus propias decisiones y ser consecuentes con sus actos. Yo creo que hay demasiada tutela y prefiero hablar de curatela. No se les puede privar de todos sus derechos, que no puedan ser funcionarios y otros empleos es inmoral y anticonstitucional».

A este respecto, Ignacio García Vidal, fundador de FECLEM y experto en tutelas por lo tanto, «explica que el crear esta fundación fue algo progresista, había personas que deambulaban, que no estaban registradas en ningún sitio. Con la tutela hemos capacitado civilmente a las personas, no es privación, es protección de sus derechos». Y en cuanto al futuro apuesta por «las alianzas con el mundo privado, empresas, con organizaciones muy diferentes pero intereses comunes, de forma transversal».

No obstante, destacan la importancia de participación en la toma de decisiones de sus tratamientos o sobre sus bienes; pero también en la necesidad de que asuman sus responsabilidades y las consecuencias de sus actos.

El origen

La reforma psiquiátrica sacó, a finales del siglo pasado, a los enfermos de los hospitales y los devolvió a su casa con los apoyos de un sistema sanitario y social que, sobre todo en un primer momento, no dio respuesta a las nuevas necesidades, no al menos de forma suficiente e integral. Reservar la vida institucionalizada solo para los casos de enfermedad psiquiátrica realmente grave y tratar a los enfermos en su comunidad fue una apuesta apenas sin detractores y avalada por la legislación estatal y autonómica. A esta nueva asistencia mental hace años que se apuntó Castilla y León, con más o menos fortuna según zonas, y en vez de la atención en los hospitales psiquiátricos, se atendió en los propios centros de salud considerando además el entorno social en que vive el paciente y relegando los ingresos en general a las urgencias y servicios integrados en hospitales generales.

Pero antes de que las dotaciones de salud mental respondieran a cada caso, fueron los padres y familiares quienes, a falta de recursos -y aún ocurre ahora-, se convirtieron en cuidadores, principales al menos, y fue el origen del asociacionismo a finales de los 80 en la autonomía para llegar en 1993 a crearse la actual Federación de Salud Mental de Castilla y León.

 

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