Cuentas pide restringir al máximo la autorización de acumulaciones de funcionarios con habilitación nacional

Así lo recoge el informe, recogido por Ical y ya entregado a las Cortes, sobre la fiscalización de los servicios de asistencia técnica de las diputaciones provinciales en 2019, que busca evitar la falta de rendición de las entidades locales. Analiza la organización, medios personales y materiales y actuaciones realizadas, así como de los resultados de la aplicación de dichos medios en la rendición de cuentas de las entidades locales.

En sus recomendaciones señala que las diputaciones Ávila, Palencia, Salamanca y Soria, y el Consejo Comarcal de El Bierzo deberían establecer mecanismos de control para evitar que la falta prolongada de cobertura de los puestos reservados a funciones en algún ayuntamiento, derive en disfunciones organizativas crónicas, dando lugar a incumplimientos en la actividad administrativa ordinaria, como la rendición de cuentas anual.

También señala que la Diputación de Ávila y el Consejo Comarcal deberían planificar adecuadamente tanto la dimensión de sus plantillas, como su organización, para poder apoyar de forma «rápida y eficaz» a las entidades locales en la rendición de cuentas. Además, entiende que las de León, Salamanca y Soria, y el Consejo Comarcal deben desarrollar acciones de concienciación y formación entre todos los miembros de las corporaciones locales, orientadas a sensibilizar a dichos cargos electos, en el cumplimiento de las obligaciones de rendición de cuentas.

Del mismo modo, considera que las diputaciones y el Consejo de El Bierzo deberían desplegar actuaciones en los municipios que incurren en incumplimientos reiterados de rendición de cuentas, asesorando expresamente a los alcaldes de los ayuntamientos afectados.

Además, el informe indica que las de León, Palencia, Salamanca y Soria, y el Consejo Comarcal deberían llevar algún registro sobre la forma en que se ejercen las funciones públicas necesarias en las entidades locales. Además, la Consejería de la Presidencia, añade, debería remitir a todas las diputaciones y al Consejo Comarcal, los datos del Registro de los funcionarios que incidan en el desempeño de puestos reservados.

También plantea que la Junta de Castilla y León debería incorporar en las disposiciones normativas que regulan la concesión de ayudas para el sostenimiento de las oficinas de asistencia y asesoramiento a municipios de las instituciones supramunicipales, unos estándares mínimos de prestación de servicios y de eficacia.

Por otro lado, apunta que la Comunidad y las diputaciones deberían realizar una revisión de las actuales agrupaciones existentes para el sostenimiento en común del puesto de trabajo de Secretaría en los municipios afectados por reiteradas faltas de rendición de cuentas.

La ratio de rendición media de cuentas de los ayuntamientos dentro del plazo legal en el último decenio (2010-2019) es del 67 por ciento, según el Consejo. En dicho periodo, añade, el número de cuentas a rendir por los 2.248 ayuntamientos de Castilla y León se elevó a 22.480. Al cierre del trabajo de campo de esta auditoría (febrero 2021), se habían rendido el 92 por ciento de las cuentas, quedando pendiente de cumplir dicha obligación 1.777 (ocho por ciento).

En relación a los municipios menores de 20.000 habitantes –ámbito de actuación de los servicio de atención técnica-, 384 ayuntamientos tienen pendientes de rendir las cuentas de varios ejercicios del periodo 2010-2019, sumando un total de 1.431 cuentas sin rendir. Hay 13 ayuntamientos, de cinco provincias, todos ellos con población inferior a 1.000 habitantes, que no habían rendido ninguna cuenta en los últimos diez años.

Si se tiene relaciona el número de ayuntamientos de cada provincia respecto al total de los existentes en Castilla y León, las tasas de incumplimientos del deber de rendición de cuentas más elevadas corresponden a las provincias de Zamora, Ávila, y Segovia. Del total de los ayuntamientos incursos en incumplimientos reiterados de rendición de cuentas el 94 por ciento tiene población inferior a 1.000 habitantes. Se ha comprobado que 116 municipios de los 384 con incumplimientos reiterados, sí comunicaron al Ministerio de Hacienda sus liquidaciones presupuestarias de 2019.

Con respecto a los 384 ayuntamientos con incumplimientos reiterados, la forma más habitual de provisión de puestos reservados a funcionarios con habilitación nacional (FHN) es el concurso, con 160 municipios, seguida por la provisión mediante nombramiento de personal interino en 157. La acumulación es la tercera fórmula más utilizada, con 28 casos.

No se aprecia correlación entre las formas de provisión de los puestos de trabajo reservados a estos funcionarios a través de alguno de los sistemas de carácter temporal, y el número de ayuntamientos o cuentas pendientes de rendir.

En relación con los puestos acumulados, en diez de los casos examinados se ha comprobado que la antigüedad de las fechas de nombramiento contrasta con el carácter temporal de este tipo de nombramientos.

De los 384 ayuntamientos, más de las tres cuartas partes se encontraban agrupados con otros para el sostenimiento en común de un único puesto de Secretaría. Estos valores no difieren de los existentes a nivel autonómico.

En cuanto a la incidencia que pudiera ejercer la conformación de las agrupaciones en la rendición de cuentas, los municipios que son cabeceras de agrupación presentan menor nivel de incumplimientos que el resto de los agrupados.

Las diputaciones ejercen en los expedientes de constitución de las agrupaciones competencias delegadas por la Junta de Castilla y León, correspondiendo a dichas instituciones velar para que las funciones públicas se ejerzan de forma adecuada.

En los 47 ayuntamientos con mayor número de cuentas pendientes de rendir, que suman un total de 371, la contabilidad se encuentra a cargo de 34 secretarios interventores. El mayor número de cuentas pendientes de rendir, 30, corresponde a un grupo de tres entidades donde atendidas por el mismo secretario-interventor. En el caso de ayuntamientos agrupados, el mayor número acumulado de cuentas pendientes lo ocupan cuatro municipios de una misma agrupación con el mismo secretario-interventor, sin que la cabecera de la agrupación figure en este listado.

La Junta de Castilla y León, recuerda el Consejo, financia desde 1985 los servicios de asistencia y asesoramiento establecidos por las diputaciones provinciales y por la comarca de El Bierzo a través de la concesión de una línea de ayudas específicas. El importe de dichas ayudas, en 2019, se elevó a nivel global a 2,9 millones de euros, sobre un presupuesto conjunto de 3,4 millones.

En relación a las actuaciones de estos servicios en relación con los municipios incumplidores, son mayoritarias las diputaciones que disponen de algún protocolo para el seguimiento y control de las funciones de asistencia y asesoramiento a los municipios. Solo cuatro (Burgos, Segovia, Valladolid y Zamora) tienen establecido algún tipo de control sobre el desempeño de las funciones reservadas a estos funcionarios en sus municipios.

Todas las diputaciones (salvo las de León, Salamanca y el Consejo comarcal de El Bierzo) desarrollan actuaciones de concienciación y formación dirigidas a cargos electos de los ayuntamientos para sensibilizar en el cumplimiento de las obligaciones de rendición de cuentas.

Seis diputaciones (Burgos, León, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora), manifestaron disponer de algún procedimiento de control ante situaciones de riesgo de incumplimiento de rendición de cuentas en sus municipios, como pueden ser la falta prolongada de cobertura de los puestos reservados a FHN en algún ayuntamiento o la falta reiterada de rendición de cuentas.

Todas las diputaciones excepto dos (Salamanca y Valladolid) y el Consejo Comarcal de El Bierzo han adoptado medidas concretas en el seguimiento de la rendición de cuentas.

Respecto a las dotaciones y estructura, en los servicios de las diputaciones y del Consejo Comarcal del Bierzo, a 31 de diciembre de 2019, existían un total de 115 puestos, de los cuales se encontraban ocupados 108. La de Burgos con 23 puestos es la más dotada, seguida de la de León con 22. En el polo opuesto, comparten el menor número de empleados, las de Salamanca y Zamora, con tan solo cuatro en cada una.

En las plantillas de los SAT hay 29 puestos de funciones, el 25 por ciento del total. Por su parte, las escalas de Administración General y Administración Especial, disponen respectivamente de 35 y 44 de efectivos a nivel agregado. El personal laboral es minoritario en los SAT, con un total de ocho empleados.

En relación a los efectivos existentes en 2011, las disponibilidades de los SAT han sufrido una disminución a nivel global de 25 empleados públicos, si bien los puestos de FHN se incrementan en siete.

Además, la Diputación de Burgos tiene establecido un servicio de contabilidad del que son beneficiarias 150 entidades: 14 ayuntamientos eximidos del puesto de secretario interventor y 136 entidades locales menores. Por dichos servicios percibe una contraprestación anual en concepto de precio público.

La de León presta el servicio de contabilidad a 553 entidades locales. El Consejo del Bierzo lleva la contabilidad de 281 entidades locales menores. Ambas entidades no tienen establecida ninguna contraprestación por dichos servicios. La de Palencia presta el servicio de contabilidad a 32 entidades locales menores, teniendo establecida una tasa y la de Valladolid prestó servicios de contabilidad durante el año 2019 a ocho municipios, sin percibir contraprestación.

También, las de Ávila y de Salamanca manifestaron no tener implantado dicho servicio. Las de Segovia y Zamora no respondieron este apartado de la encuesta. Ninguna de las entidades supramunicipales que prestan el servicio de llevanza de contabilidad cuantifica el coste anual del servicio.

Las diez entidades supramunicipales aseguraron prestar asistencia regular a sus entidades locales en las operaciones de apertura y cierre de la contabilidad. Todas las diputaciones, a excepción de la de Ávila, y el Consejo Comarcal, realizaron algún tipo de asistencia regular a sus entidades locales en los procesos de rendición telemática de la Cuenta General.

Únicamente tres diputaciones (León, Valladolid y Zamora) y el Consejo Comarcal del Bierzo reconocieron que han elaborado modelos normalizados de guía a las entidades locales con normas para la regulación interna de su gestión contable. Todas las diputaciones (salvo Salamanca) y el Consejo Comarcal declararon haber adoptado alguna medida para impulsar la utilización por las entidades locales de sistemas de grabación de operaciones contables mediante procedimientos informáticos, así como su archivo y conservación en este tipo de medios.

Todas las diputaciones (salvo Ávila) y el Consejo Comarcal indicaron haber desarrollado actuaciones para la implantación y actualización de los módulos de la contabilidad en las entidades locales. Únicamente la Diputación de Burgos tiene establecido un precio público por dichos servicios.

Igualmente, las entidades supramunicipales han instalado programas contables en un total de 2.321 entidades locales. Las mejores ratios de cobertura informática contable en los municipios las presentan el Consejo Comarcal (100 por 100) y las diputaciones de Palencia, Valladolid y Burgos, con el 89, 86 y 78 por ciento, respectivamente, mientras que los índices más bajos corresponden a Zamora, Salamanca, Segovia y Soria, que no llegan al 50 por ciento de municipios. En Ávila, la Diputación no ha realizado ninguna iniciativa en este sentido.

Sobre las actividades formativas en materia contable y económico-financiera desarrolladas en el periodo 2017-2020, la Diputación de Burgos es la que mayor esfuerzo desplegó, con 40 acciones, juntamente con la de Valladolid, con la realización de 16 cursos. Las Diputaciones de Ávila y León, con dos cursos cada una de ellas, fueron las que menos iniciativa tuvieron en esta área.

Las diputaciones de Ávila, Burgos, Valladolid y Zamora declararon la existencia de 29 puestos de trabajo de municipios eximidos de mantener el puesto de secretario-interventor. El desempeño de las funciones reservadas de Secretaría en siete puestos se ejerce mediante acumulación; en los 22 puestos restantes, dichas funciones corren a cargo del SAT, destacando los 14 puestos que asume la Diputación de Burgos.

Entre los puestos eximidos que se encuentran incursos en incumplimientos reiterados de rendición, figuran dos municipios de Ávila; uno de Valladolid, y dos de Zamora. En los puestos eximidos de Ávila y Zamora, el ejercicio de las funciones reservadas los ejerce el SAT; en el ayuntamiento de la provincia de Valladolid, dichas funciones se ejercen a través de acumulación.

Finalmente, tres diputaciones (Ávila, Valladolid y Zamora) y el Consejo Comarcal aseguraron haber gestionado un total de 299 comisiones circunstanciales en sus ayuntamientos, (por la que se designa temporalmente a un FHN para desarrollar las funciones de secretario-interventor). La gran mayoría (252) corresponden a la Diputación de Ávila. A cargo de los propios SAT corrieron 14 comisiones de Zamora y 27 de Valladolid. Entre los municipios donde se desarrollan dichas comisiones figuran varios ayuntamientos incursos en incumplimientos de rendición de cuentas.