Condenan a un odontólogo a pagar 95.000 euros por un tratamiento de implantes que acabó con la pérdida de todos los dientes

Condenan a un odontólogo a pagar 95.000 euros por un tratamiento de implantes que acabó con la pérdida de todos los dientes

El profesional ha sido condenado por un delito de lesiones por imprudencia por no haber evaluado los importantes riesgos del fracaso del tratamiento

LEONOTICIAS

El Juzgado de lo Penal nº 2 de Valladolid ha dictado Sentencia, tramitada por los Servicios Jurídicos de la Asociación 'El Defensor del Paciente' en Castilla y León, mediante la cual se condena a un odontólogo como responsable penal en concepto de autor un «delito de lesiones por imprudencia menos grave» a la pena de multa, así como al pago de una indemnización de 94.884 euros a favor de la denunciante y a cargo de A.M.A., aseguradora del médico, como consecuencia del tratamiento dental realizado, que ha ocasionado en la paciente gravísimos daños.

Doña L., de 60 años de edad, acudió en marzo de 2009 a la consulta, en Valladolid, del hoy condenado por recomendación de la mujer de ésta, compañera de trabajo de Doña L., aquejada de dolor en una pieza dental. Ese mismo día, el odontólogo, Dr. P., procede a extraer dicha pieza, y propone a la paciente un tratamiento de implantes dentales, para mejorar la estética bucodental de Doña L. con ausencia de algunas piezas dentales, previa extracción de la totalidad de los dientes de la paciente.

A pesar de conocer los antecedentes de la paciente, los cuales elevaban de forma importante los riesgos de fracaso del tratamiento propuesto (enfermedad periodontal, tabaquismo, poca higiene dental, mala calidad y cantidad de hueso), el Dr. P. sin tratar previamente la enfermedad periodontal y sin realizar un TAC previo, el día 28 de agosto de 2009 procede a la extracción de la totalidad de los dientes de la paciente en maxilar inferior, e inmediata colocación de 5 implantes y una prótesis provisional atornillada. Todo ello en un mismo acto.

La pésima evolución postquirúrgica, con inflamación y dolor, así como la deficiente angulación de los implantes colocados, impidió la colocación de la prótesis definitiva en los meses sucesivos, con múltiples consultas por parte de la paciente por diferentes complicaciones –incluso la pérdida de algún implante-.

A pesar de ello, el día 2 de abril de 2011, el Dr. P. decide proseguir con el tratamiento de implantes proyectado, y procede a la extracción de las piezas dentales en mandíbula superior, e inmediata colocación de 6 implantes. Nuevamente sin haber realizado un TAC previo, y sin haber tratados los problemas previos de la paciente, que habían evidenciado el fracaso de la cirugía en maxilar inferior. En este punto destaca la sentencia que «Si ya en la primera intervención se encontró con un hueso tipo IV y por tanto, poco apto para la colocación de los implantes, ¿por qué volvió a prescindir de dicha prueba –TAC- en la segunda intervención?, y además persistiendo todos los factores de riesgo».

En esta segunda cirugía, el Dr. P. advierte que no es viable colocar una prótesis provisional como ya hiciera en maxilar inferior, por lo que coloca una prótesis removible, que provocaría una reacción de inflamación facial en la paciente importante.

La segunda intervención corre la misma suerte que la previa

Al analizar el grado de la imprudencia en la actuación profesional del condenado, la juzgadora estima que «Si la decisión profesional del Dr. P puede en relación con la primera intervención calificarse dentro de los límites mínimos de la imprudencia menos grave, en relación con la segunda intervención, entra de lleno en los mismos, pues aparte del tabaquismo, que no había desaparecido,(…) la paciente presente problemas de osteointegración (como reconoce el propio acusado)».

Es decir, conocedor de cómo ha culminado la cirugía practicada en maxilar inferior, conocedor de los factores de riesgo preexistentes y no solucionados, el Dr. P. prosigue con el tratamiento, sin haber tratado ni resuelto aquellos factores de riesgo, sin realizar un TAC para valorar la calidad/cantidad de hueso, y sabiendo que los implantes en maxilar inferior se han caído o presentan movilidad, con imposibilidad de atornillar -20 meses después de haberse iniciado el tratamiento- la prótesis definitiva a aquellos implantes.

Pues bien, a pesar de todo ello, el Dr. P. se obceca en continuar con el procedimiento, con el resultado que consta.

Como recoge la Sentencia, casi tres años después de haber iniciado el tratamiento, el Dr. P. ha sido incapaz de colocar una prótesis en los 11 implantes que él mismo colocó, bien por una deficiente angulación de algunos de ellos (alguno colocado incluso fuera del hueso), bien por la movilidad en otros, e incluso la pérdida de otros 5, debido a una falta de osteintegración. Por lo que entiende justificado que la paciente abandonara la Clínica del Dr. P.

Consecuencia de los tratamientos realizados por el condenado, la paciente ha sufrido la pérdida de sus dientes naturales, lo que le ha provocado una modificación de su estética facial, con un envejecimiento prematuro. Los implantes colocados por el condenado han resultado ser inviables para la colocación de una prótesis fija en los términos en que había sido proyectado, como consecuencia de una defectuosa angulación de éstos. Además, se ha provocado en la paciente una pérdida de masa ósea, que ha sido la causa de la pérdida de algunos implantes por falta de osteointegración, así como la movilidad de otros de ellos. Presenta importantes dificultades para la masticación y articulación de palabras, así como una periimplantitis por la que todavía hoy sigue bajo tratamiento. Sin que tampoco pueda aventurarse si finalmente podrá someterse a un nuevo tratamiento que solucione la situación de su boca. Lo que abocó a Doña L. a una situación de depresión profunda, con necesidad de tratamiento y psicoterapia.

La Sentencia reprocha al acusado que, aún siendo conocedor de los importantes factores de riesgo concurrentes en la paciente, que podían traducirse en el fracaso del tratamiento de implantes que se le propuso, no ofreciera ningún otro tratamiento alternativo menos agresivo o arriesgado para esta paciente en concreto. La previsibilidad del resultado o de las consecuencias dañinas del tratamiento propuesto por el Dr. P. estaba presente.

Igualmente, y en relación a la mala calidad del hueso que el propio condenado reconoció en el acto de juicio que conocía previamente a realizar el tratamiento, se le reprocha el que ni hiciera un TAC previo, en atención a los factores de riesgos conocidos en la paciente, lo que se traduce en una imprudente actuación médica, a sumar a la falta de previsibilidad del resultado a la vista de los antecedentes y factores de riesgo conocidos.

Y finalmente, en cuanto al consentimiento informado, se le reprocha que en el mismo no se hicieran constar los importantísimos factores de riesgos de la paciente, que hubieran podido ser determinantes de la decisión de la paciente a realizar el tratamiento, ante el pronóstico de fracaso del mismo.

La Sentencia entiende probado el nexo causal entre la acción imprudente del Dr. P y el resultado lesivo de la paciente, apreciando en la actuación del condenado una clara omisión del deber objetivo de precaución, previsibilidad y cuidado más allá de lo permitido.

La indemnización a favor de la paciente se calcula aplicando el Baremo contenido en la Ley 35/2015, a pesar de ser los hechos anteriores a la fecha de entrada en vigor de la misma, justificando la juzgadora esta decisión en que se trata de un criterio meramente orientativo y no vinculante, puesto que no estamos ante un accidente de circulación, y que en el ejercicio de sus facultades, considera más ajustado al principio de resarcimiento integral.

La defensa ha sido llevada a cabo por el abogado D. Santiago Díez, del Bufete SDS Legal, especialistas en Derecho sanitario y adscritos a los Servicios Jurídicos de 'El Defensor del Paciente' en Castilla y León.

 

Fotos