Más 850 condenados en León realizaron el pasado año trabajos en beneficio de la provincia

Más 850 condenados en León realizaron el pasado año trabajos en beneficio de la provinciaGráfico

Los delitos de tráfico concentran uno de cada tres casos y los leves relacionados con la violencia contra la mujer suponen el 43,3% | León se situó a la cabeza de la Comunidad en la pena de trabajos

ICAL

Un total de 3.161 condenados en Castilla y León realizaron el pasado año trabajos en beneficio de la comunidad, una medida prevista para delitos de carácter leve y de la que en la mayoría de los casos se benefician penados sin antecedentes penales y con condenas inferiores a los dos años. Aunque la medida contempla labores de reparación de los daños causados o de apoyo y asistencia a las víctimas, en la mayoría de los casos se trata de cursos de reeducación.

De los 3.622 mandamientos recibidos el pasado año por el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Instituciones Penitenciarias de juzgados de Castilla y León, 2.013, correspondieron a sentencias que sólo contemplan trabajos en beneficio de la comunidad y 504 a suspensiones de condena supeditadas a la realización de trabajos en beneficio de la comunidad.

Además, también se tramitaron 642 sustituciones de pena por trabajos en beneficio de la comunidad. En este caso se trata de delitos cometidos antes de la reforma del Código Penal de julio de 2015, cuando el ya suprimido artículo 88 permitía, como regla general, que cuando se dictara una sentencia condenatoria a pena de prisión que no excediera de un año se sustituyera por trabajos en beneficio de la comunidad, multa o localización permanente.

Al mismo tiempo, se registraron 461 suspensiones de condena. Los jueces, según recoge el Código Penal, pueden dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años y siempre que se trate de la primera vez que se delinque. El plazo de suspensión será de dos a cinco años para las penas de cárcel inferiores a dos años, y de tres meses a un año para las penas más leves. La suspensión siempre estará condicionada a que la persona no delinca en el plazo fijado por el juez.

Los delitos contra la seguridad vial concentraron en la Comunidad el 31,9 por ciento de los casos, mientras que los leves relacionados con la violencia contra la mujer suponen el 27,5 por ciento. En ambos casos, los trabajos en beneficio de la comunidad impuestos suponen la realización de cursos de reeducación. En los delitos de tráfico se debe cursar el programa de intervención psicoeducativa en seguridad vial (Proseval), que con una duración de ocho meses, sumada la fase educativa a la terapéutica, tiene entre sus objetivos que los participantes tengan una adecuada percepción de riesgo en el tráfico.

En los caso de los delitos de leve de violencia de género o menos graves existen otros programas específicos como 'Encuentro', para los casos de violencia en el ámbito familiar o el Pria-ma, para la violencia de género. En ambos casos la duración es de diez meses. En este sentido, la fiscal Delegada de Violencia de Genero para Castilla y León y fiscal de Burgos, María Boado Olabarrieta, explica que tienen la consideración de delito leve los insultos, mientras que menos graves son aquellos casos de amenazas o agresiones físicas que no requieren atención médica y que se producen sólo una vez.

En estos casos, Boado indica que en mayoría de los casos se alcanza un acuerdo previo con el agresor y se celebra un juicio rápido. Tanto en los delitos leves, donde el penado tiene que estar localizado permanente, como en los menos graves, donde ni se puede acercar ni comunicar con la víctima, la persona condenada tiene la obligación de realizar el curso de reeducación.

En este sentido, María Boado pone en tela de juicio la eficacia de estas medidas de reeducación, ya que el penado sólo tiene la obligación de realizar el curso y no de superarlo, por lo que no es raro que después de diez meses el condenado siga sin reconocer que cometió un delito.

Por su parte, la fiscal de Vigilancia Penitenciaria de León, María Cruz Guerrero, destaca que en los casos de delitos contra la seguridad vial, ocho de cada diez sentencias, recogen trabajos en beneficio de la comunidad. Al igual en los delitos contra la mujer, de forma previa debe haber conformidad entre el acusado y la Fiscalía, pacto que conlleva una rebaja de un tercio de la penas y la celebración de un juicio rápido.

Multas

Cruz Guerrero también apuntó que la mala situación económica motiva que los penados prefieran realizar estos trabajos que tener que pagar multas de consideración, como ocurre en el caso de los delitos de tráfico. No hay que olvidar que el Código Penal considera delito conducir con un tasa de alcohol superior a los 0,60 miligramos por litro de aire espirado, y que en ese caso las penas que contempla van desde tres a seis meses de prisión, o trabajos en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días o multas de 500 euros que, pasarían a ser de 1.000, en el caso de que el conductor ya hubiera sido multado por alcoholemia en el año inmediatamente anterior por exceder la tasa permitida, así como al que circule con una tasa que supere el doble de la permitida. Las mismas penas conlleva el ser condenado por un delito por exceso de velocidad, para lo que el conductor debe superar en más de 60 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida en vía urbana o rebasar en más de 70 la máxima permitida en vía interurbana.

Cruz Guerrero explica que una vez que la condena es firme, se remite al Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, organismo que depende de Instituciones Penitenciarias. Es entonces cuando este organismo se pone en contacto con el penado y mantiene una entrevista con él para determinar las condiciones del cumplimiento del curso o de los trabajos.

Por detrás de los delitos de tráfico y de violencia contra la mujer, se encuentran los delitos contra el patrimonio (15,2 por ciento) y los de lesiones (13,2 por ciento). En muchos de estos caos se aplica el programa Probeco, diseñado para su aplicación con personas condenadas por diversas tipologías delictivas robo, daños, lesiones, amenazas, atentado a los agentes de la autoridad, delitos económicos, ecológicos, de maltrato animal, etc...

Provincias

Por provincias, León se situó a cabeza con 875 mandamientos que contemplaron trabajos en beneficio de la comunidad, por delante de Burgos con 602; Valladolid, con 402; Palencia, con 336 y Salamanca con 246. En el extremo opuesto se sitúa Soria, con 198; Ávila y Zamora, ambas con 206, y Segovia, con 208.

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