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Sábado, 2 de julio 2022, 11:19
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CCOO exigió a la Junta de Castilla y León que el ahorro en la Renta Garantizada de Ciudadanía, tras la implantación del Ingreso Mínimo Vital, se destine a reforzar la Red de Protección ante el aumento de la pobreza en la Comunidad.
«La exigencia en este momento es urgente ya que la última Encuesta de Condiciones de Vida, referida a 2020, señala que la pobreza, y el riesgo de padecerla, se ha incrementado en Castilla y León en casi tres puntos porcentuales y afecta ya a 425.436 personas, el 17,9 por ciento de la población» recordó en un comunicado recogido por Ical la secretaria de Mujeres, Igualdad y Política Social de CCOO Castilla y León, Yolanda Martín.
Este dato, que ya es suficiente preocupante, se incrementó con toda seguridad entre 2021 y 2022 por la subida generalizada de los precios. El último dato del Índice de Precios al Consumo (IPC) señala un incremento de un punto en un solo mes y una tasa anual del 10,2 por ciento por el alza de los carburantes y los alimentos, marcando su nivel más alto en 37 años. Mientras, los salarios subieron una media del 2,4 por ciento.
«El Estado ha puesto en marcha medidas excepcionales para combatir la desigualdad y la pobreza y, ahora, queremos que la Junta de Castilla y León haga también un esfuerzo porque el Plan anti-crisis que aprobó en abril de 2020 ha quedado amortizado por la imparable subida de los precios y porque creemos que hay financiación para reforzar la Red de Protección», añadió Yolanda Martín.
CCOO indicó que la Renta Garantizada de Ciudadanía, acordada en el Diálogo Social a solicitud de los sindicatos, sirvió durante diez años para atender las necesidades de una media de más de 36.000 personas en Castilla y León con un presupuesto anual de 70 millones de euros en los últimos cinco años de aplicación.
A mediados de 2020 se puso en marcha el Ingreso Mínimo Vital estatal, que la sustituyó, por lo que actualmente hay sólo unas 2.000 personas que perciben esta prestación en nuestra Comunidad. «CCOO lleva desde entonces insistiendo en que esa financiación siga vinculada a la Red de Protección para completar las ayudas de primera necesidad y apoyar a las personas en riesgo de exclusión a mantenerse en una vivienda», dijo Yolanda Martín.
CCOO también está pidiendo a la Junta de Castilla y León que, al igual que ha hecho el Estado, prorrogue el incremento del 15 por ciento de la Renta Garantizada de Ciudadanía en Castilla y León hasta final de año.
Además, algunas de las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno español apelan directamente a las comunidades como la rebaja de los transportes, que será del 50 por ciento en los medios que dependen del Estado, pero que sólo llegarán a ese descuento si las autonomías complementan la rebaja del 30 por ciento establecida para los transportes autonómicos y locales.
CCOO considera que hay que negociar todas estas mejoras en las mesas del Diálogo Social como se ha hecho hasta ahora, pero Yolanda Martín recordó que este ámbito de concertación «está en estos momentos paralizado derivado de la convocatoria de elecciones y la constitución del nuevo Gobierno».
Explicó que con el anterior Gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos logramos llegar a acuerdos sobre la adecuación de la Renta Garantizada a la nueva situación creada por la aparición del Ingreso Mínimo Vital, «pero aún está pendiente destinar el excedente económico para lo que pedimos que haya cuantos antes negociaciones en el seno del Diálogo Social» dice la secretaria de Mujeres, Igualdad y Política Social de CCOO Castilla y León.
Mientras tanto, la última Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística señala que la carencia material severa afecta a 45.707 hogares de la Comunidad, que 206.776 personas no pueden mantener su vivienda a temperatura adecuada y que el 8,6 por ciento de la población de Castilla y León, 204.400 personas, tienen problemas con el pago de los gastos relativos a la vivienda como la hipoteca, el alquiler, los gastos de luz, etc. Y son datos referidos a 2020.
«En este contexto urgimos a la Junta de Castilla y León a negociar porque no se puede seguir eludiendo una situación tan dramática cuando hay dinero pendiente de invertir en atención social», concluyó Yolanda Martín.
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