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El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este miércoles la resolución del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital sobre el real decreto 988/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas para la ejecución de diversas acciones de refuerzo de la conectividad por banda ancha de muy alta velocidad (1 gigabit por segundo) en polígonos industriales y centros logísticos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Unos fondos que supondrán que Castilla y León reciba un total de 9,6 millones de euros, repartidos en las anualidades de 2021 (2,9 millones), 2022 (2,9 millones) y 2023 (3,7 millones), lo que permitirá la realización de 155 actuaciones.
El programa de ayudas, que a nivel nacional asciende a 82,5 millones, busca potenciar la conectividad y el despliegue de infraestructuras de red en polígonos industriales y centros logísticos así como en otras áreas de alta concentración empresarial, especialmente en ámbitos rurales y zonas afectadas por el reto demográfico, con el fin de impulsar la «sociedad del Gigabit» y ofrecer soluciones de conectividad a proyectos de carácter innovador de digitalización sectoriales.
En concreto, estará destinado a proporcionar conectividad de redes de banda ancha de muy alta velocidad, capaces de prestar servicios a velocidades de 1 Gbps (gigabit por segundo), en primer lugar, en la zona donde se ubiquen polígonos industriales y centros logísticos así como otras áreas de alta concentración empresarial; en segundo lugar, mediante la instalación de una red de comunicaciones electrónicas de alta velocidad que abarque los referidos ámbitos de actuación y, en su caso, sus zonas industriales adyacentes; y por último, mediante la instalación de una red de comunicaciones electrónicas de alta velocidad en cada una de las fábricas, centros, unidades, instalaciones y dependencias que formen parte de aquéllos
La disposición del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, recogida por la Agencia Ical, señaló el criterio de distribución de los presupuestos se basa en una ponderación compuesta de la superficie de cada comunidad autónoma (50 por ciento) y el número de empresas establecidas en su territorio (50 por ciento). Además, se ha reservado el 17,5 por ciento de los fondos totales del período 2021-2023 para su distribución en la anualidad 2023 entre las comunidades que hayan alcanzado un porcentaje mínimo del 90 por ciento del número de actuaciones acumuladas correspondientes a 2021 y 2022. Se entenderá alcanzada la actuación cuando se haya resuelto la convocatoria correspondiente y se hayan resuelto las solicitudes presentadas.
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