Castilla y León emplea a 5.462 personas con discapacidad en 215 Centros Especiales de Empleo

Castilla y León emplea a 5.462 personas con discapacidad en 215 Centros Especiales de Empleo

En el momento del traspaso de competencias, en 1995, la Comunidad contaba con 47 centros que empleaban a 770 trabajadores con discapacidad

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Castilla y León cuenta con 215 Centros Especiales de Empleo (CEE) que dan trabajo a 5.462 personas con discapacidad, cifra que supera en más de un 9 por ciento el compromiso de legislatura de incorporar a 5.000 trabajadores. La Consejería de Empleo incrementa el esfuerzo presupuestario hasta casi 30 millones de euros en 2018, un 5,4 por ciento más para apoyar a más de 9.300 trabajadores con discapacidad, tanto en CEE, en empresas de inserción y empresa ordinaria, como en la contratación de trabajadores con discapacidad a través del Plan de Empleo Local en los ayuntamientos y diputaciones provinciales de la Comunidad, a jornada completa por un periodo de 90 días. En 2017 se invirtieron 28,7 millones de euros que beneficiaron directamente a más de 8.800 trabajadores.

La Consejería ha anticipado la convocatoria de la mayor parte de las líneas de ayuda para 2018 con el objetivo de facilitar e incrementar los plazos para la presentación de solicitudes. En concreto, las líneas de ayuda abarcan desde la financiación del 50 por ciento del SMI de los costes laborales de trabajadores, más el 25 por ciento del SMI en nuevas contrataciones en CEE; la financiación de las unidades de apoyo en los CEE; la subvención de costes salariales de trabajadores en riesgo de exclusión en empresas de inserción, así como del personal de acompañamiento de estos trabajadores; subvenciones para el empleo con apoyo de personas con discapacidad y a la contratación indefinida de trabajadores con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, entre otras.

La Consejería de Empleo destina en 2018 un total de 29,6 millones de euros al empleo con discapacidad. Este esfuerzo presupuestario se distribuye a través de 24 millones de euros que se invierten desde la Dirección General de Economía Social y Autónomos en distintas líneas de financiación a CEE, empresas de inserción y empresas del mercado ordinario. Estas medidas apoyarán a más de 8.000 trabajadores con discapacidad.

Asimismo, y dentro de las líneas de contratación del Plan de Empleo Local, se realiza una inversión adicional, a través del Servicio Público de Empleo de la Comunidad (ECYL) para la contratación de 1.100 trabajadores con discapacidad. Para ello, se ha incrementado hasta los 5,6 millones de euros en este ejercicio la inversión para contratar trabajadores con discapacidad a jornada completa por un periodo de 90 días, a través de los ayuntamientos y diputaciones provinciales, para la realización de obras y servicios de interés general.

Novedades

El esfuerzo presupuestario realizado por el Gobierno autonómico en esta legislatura ha permitido alcanzar cinco novedades en esta área de la Economía Social. En primer lugar, complementar la financiación, hasta el 75 por ciento del SMI, de los nuevos contratos de trabajadores con discapacidad, con especiales dificultades, asumiendo el incremento del 8 por ciento del SMI aprobado por el Estado en 2017 y del 4 por ciento en 2018.

En segundo lugar, recuperar la línea de financiación de inversiones vinculadas a nuevos proyectos y a la contratación de trabajadores con discapacidad en los CEE. Además, se ha impulsado la contratación de técnicos de apoyo a los trabajadores con discapacidad que trabajan en la empresa ordinaria. Otra de las novedades ha sido la contratación de personal de acompañamiento para trabajadores en situación o riesgo de exclusión en Empresas de Inserción (EI).

Por último, la creación de un instrumento de apoyo financiero para los CEE y las EI para anticipar el primer 50 por ciento del SMI de los trabajadores con discapacidad y aquellos en situación o riesgo de exclusión social, de aquellos centros que han solicitado subvenciones de costes salariales

Desde el traspaso de las competencias de los CEE por parte del Gobierno Central, en 1995, se ha realizado un importante esfuerzo de apoyo desde la Junta de Castilla y León para permitir que las personas con discapacidad accedan al empleo y obtengan un alto nivel de autonomía económica y personal. En 1995 existían en Castilla y León 47 centros que empleaban a 770 personas, mientras que en la actualidad hay 215 centros, casi cinco veces más entidades que han septuplicado el número de trabajadores con discapacidad hasta alcanzar 5.462 empleados a 31 de diciembre de 2017, un 9 por ciento más de lo establecido como objetivo de la legislatura

Las empresas de inserción son un elemento indispensable dentro del sector de la Economía Social, ya que tienen como objetivo la dignificación de las personas con mayores problemas de integración socio laboral. Previenen, por tanto, las situaciones de exclusión social y tienen un importante papel en la rehabilitación e inserción de aquellos ciudadanos que han abandonado unos mínimos hábitos laborales y sociales.

Las empresas de inserción son calificadas e inscritas en el correspondiente registro cuando al menos el 30 por ciento de sus trabajadores son personas en riesgo de exclusión durante los dos primeros años y han de llegar a un mínimo del 50 por ciento de trabajadores en riesgo de exclusión a partir del tercer año desde la calificación de la entidad como empresa de inserción.

Castilla y León cuenta con 12 empresas de inserción que dan empleo a 216 trabajadores, de los cuales 136 están en serio riesgo o en situación de exclusión social y 80 son trabajadores no incluidos en procesos de inserción.

La Consejería de Empleo destinará más de medio millón de euros en 2018 para impulsar el desarrollo de las empresas de inserción. Con este objetivo, se invertirán 340.000 euros para financiar los costes laborales de los trabajadores en situación de riesgo de exclusión social. Asimismo, se financiará durante este ejercicio, con 215.000 euros, la contratación indefinida de técnicos de acompañamiento en las empresas de inserción para la labor de tutela de los trabajadores en riesgo de exclusión.

Las empresas de Economía Social comparten valores, como la preponderancia del factor humano sobre el capital, la igualdad y aplicación de principios democráticos en la gestión interna y el empleo natural de principios de responsabilidad social.

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