Los bomberos forestales vuelven a exigir la dimisión de Quiñones y Mañueco por su «criminal gestión» de los incendios

«Ya se apagaron los incendios pero no nuestra indignación» dicen desde el operativo de incendios forestales que, recuerdan, es competencia de las Comunidades Autónomas. Exigen que de una vez «se estabilice al operativo trabajando 365 días, desaparezcan las empresas intermediarias, sea cual sea su naturaleza, pasando a ser personal laboral de la Junta, ampliación en personal y medios del operativo y que se dignifique su profesión (aplicación de coeficientes reductores, salarios acordes a la peligrosidad y penosidad del trabajo, logística y planificación adecuada en los incendios…).

En su comunicado dicen: «Exigimos la dimisión por su inepta, negligente y criminal «gestión» del operativo de incendios forestales, tanto de José Ángel Arranz y Juan Carlos Suárez-Quiñones como del máximo valedor de ambos y Presidente de nuestra comunidad, Alfonso Fernández Mañueco. Sus números les avalan: 141.000has calcinadas, 4 personas fallecidas, decenas de pueblos desalojados afectando a miles de vecinas y vecinos solo en este año, 2025.»

Añaden con respecto al Decreto recientemente aprobado por la Junta que «el operativo de incendios de Castilla y León se despierta más indignado que nunca por continuar con las mismas pésimas condiciones laborales y por la negativa que ha mostrado la Junta a negociar con los representantes de los trabajadores. Los empleados públicos queremos denunciar que el Decreto-Ley presentado por el Director General de Función Pública, y publicado en el Bocyl el viernes 24 de octubre, impone las medidas que no ha sido capaz de acordar con las centrales sindicales«.

«Dichas medidas tienen la intención de descapitalizar el Operativo de Prevención y Extinción de incendios, utilizando el eufemismo «empleados sector público» para referirse a la privatización en 3 años (2026-2028) de la gestión de incendios forestales, la cual encomendarán a empresas privadas de capital público (Tragsa y Somacyl), cuyos trabajadores NO SON EMPLEADOS PÚBLICOS», recalcan.

Y continúan diciendo que «las medidas para personal funcionario y laboral no son sino un parche, de cara a la galería, ya que tampoco suponen una mejora sustancial del servicio ni de las condiciones laborales, aumentando la diferencia entre los grupos superiores y los inferiores de trabajadores, repartiendo a estos últimos, que somos los que se nos quemamos las cejas y nos dejamos la vida en los incendios, una limosna que supone un insulto, y que se concreta en 75€ brutos mensuales. Estas medidas las impone por decretazo ya que no ha sido capaz de llevar a cabo una negociación real sobre el Operativo, no ofreciendo a las centrales sindicales una verdadera propuesta sobre la que negociar, sino una imposición».

Según estos trabajadores «con este Decreto-Ley, la Junta de Castilla y León demuestra que no es capaz de afrontar los retos que le han supuesto unos incendios para los que no estaba preparada, pese a las advertencias por parte de los trabajadores del operativo, se le venían haciendo, y presenta un decretazo de cara a la galería, pensando solamente en la instrumentalización electoral, mientras no asume compromisos firmados en 2023 en materia de personal laboral, recogidos en el Convenio colectivo, así como revertir lo privado a lo público como estaba pactado».

Concluyen: «La ciudadanía lo tiene claro, somos un servicio esencial a la comunidad, los intermediarios suponen un sobrecoste y una merma en la organización y en la capacidad de prevención y extinción de incendios» y resaltan que «nuevamente el Consejero abandonó el acto por una puerta trasera. Podría parecer que nos evita».

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