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jorge moreno
Lunes, 25 de julio 2016, 09:45
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Aunque los sindicatos de la enseñanza están completamente de acuerdo con las autoridades en apartar a aquellos docentes que comentan conductas de acoso sexual sobre menores, o uticen su superioridad para cometerlas, la petición del documento antipederastia ha generado inquietud en el colectivo educativo. Son muchos los que piensan que esta obligatoriedad para presentarlo ante la Junta cuestiona años de ejercicio profesional.
«Es evidente que se trata de una ley a la que todos estamos obligados, y no sabemos qué puede pasar si no se presenta. Está todo en el aire y la consecuencia sería que el profesor no podría llegar a ejercer, paradójicamente después de haberlo hecho en algunos casos durante décadas», explica Pedro Escolar, representante del Sindicato de Trabajadores de la Enseñaza (STE) de Castilla y León.
Desde esta orgazanización sindical ya se cuestionó el pasado año el certificado negativo, y si esta iniciativa legistativa iba a servir para mucho, al tiempo que se entiende que autorizar a la Administración a que solicite el documento conlleva darle permiso sobre datos sensibles .
El hecho de que hayan sido más de un centenar de profesores en Castilla y León los que hasta finales de mayo no hayan aportado ni el certificado negativo antipederastia, ni hubieran autorizado a que la Consejería de Educación lo solicitase al Ministerio de Justicia por ellos, es interpretado por STE como un signo de dejadez más que de un acto de rebelión docente.
Pero, ¿que podría pasar si en esta labor de recabar datos apareciera algún caso de docente que hubiera sido condenado en firme? Si ello sucediera, se abre otro interrogante en los sindicatos: ¿Se le puede apartar de su puesto?
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