Castilla y León cierra filas para exigir más financiación al Gobierno central

Castilla y León cierra filas para exigir más financiación al Gobierno central

Juan Vicente Herrera y todos los portavoces de los grupos parlamentarios de las Cortes firman un acuerdo para negociar en Madrid los criterios de reparto de los fondos estatales entre las comunidades

S. ESCRIBANO

Todo el arco parlamentario de Castilla y León cierra filas para reclamar al Gobierno de la nación la mejora del modelo de financiación autonómica, por el que el Gobierno central distribuye anualmente los fondos estatales entre las comunidades.

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha firmado un documento de catorce puntos que sientan las bases de la negociación que se abrirá en Madrid con los portavoces del PSOE, Luis Tudanca; Podemos, Pablo Fernández; Ciudadanos, Luis Fuentes, y Carlos Fernández Carriedo, del PP. Se suman a este acuerdo también las dos formaciones que integran el grupo mixto, IU-Equo y UPL.

El documento se articula en cuatro líneas: la necesidad de una financiación justa y suficiente, el reparto equitativo del peso del déficit público, la armonización fiscal entre los ciudadanos de los diferentes territorios y la lealtad institucional en las decisiones que toma el Gobierno central y que conllevan un gasto para las comunidades.

Todos los grupos coinciden en la necesidad de que se tengan en cuenta cuestiones que en Castilla y León encarecen la prestación de servicios, como es el envejecimiento de la población (con repercusión en el gasto sanitario y social, caso de la Dependencia), la dispersión de los habitantes y su distribución en pequeñas localidades y la extensión territorial.

Juan Vicente Herrera aseguró que la Junta buscará alianzas con comunidades que pueden compartir criterios de distribución de fondos con Castilla y León y ha avanzado que ya ha habido contactos con el Gobierno de Asturias que presidente el socialista Javier Fernández.

Por poner un ejemplo, en el año 2015 los ingresos que llegaron de las arcas estatales a través del modelo de financiación autonómica supusieron para Castilla y León un agujero de más de 400 millones de euros en el gasto para afrontar las partidas de Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Eso sin contar con que la Junta debe afrontar el coste de otras competencias.