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UCCL pide a la Junta una garantía de pago individual a los 5.500 remolacheros por la ayuda de tres euros que asumirá la Administración

Un tractor recoge remolacha. /ICAL
Un tractor recoge remolacha. / ICAL

Los cultivadores critican que Marcos «se eche ahora flores» cuando hace dos semanas se negaba a abonar los 10 millones y lo achacan al «banderazo» electoral

ICAL

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) reclamó a la Consejería de Agricultura y Ganadería una garantía de pago individual a los 5.500 remolacheros a los que reconoce la ayuda de tres euros por tonelada que asumirá la Administración en relación a la ayuda por las entregas de remolacha en las fábricas, que estaba pendiente de la campaña 2011-2012 y por la que han litigiado centenares de agricultores.

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El coordinador de UCCL en Valladolid, Nacho Arias, aplaudió la decisión de la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, de abonar unos diez millones de euros a los afectados, a los que les corresponde por una orden anual de ayudas aprobada hace diez años por el departamento que entonces dirigía Silvia Clemente, y que fue anulado posteriormente. No obstante, se mostró en contra de las formas, pues consideró que Marcos ahora «se eche flores» cuando hace dos semanas se negaba a abonar la ayuda, una cuestión que achacó al «banderazo» electoral. «Dice que lleva meses trabajando. Eso es verdad, pero no en pagar, sino en denegar», ironizó Arias.

Centenares de cultivadores reclamaron ante lo Contencioso-Administrativo y el juez les ha dado la razón, por lo que la organización pide, tal y como reconoció la Junta en un comunicado de prensa, «de verdadero mal gusto» que publicó el Día de Reyes, que el pago se haga extensivo a todos los cultivadores y no solo a los que demandaron. «Queremos que les llegue una carta, con acuse de recibo, en que les reconozcan el pago y qué cantidad percibirán», añadió el responsable de Remolacha de UCCL, Juan Antonio Rodríguez.

En la actualidad se contabilizan 96 remolacheros, con decisiones judiciales individuales iniciadas en 2014, a los que ya se abonó su parte. A ellos se suman otros 250 «a los que la Junta podría allanar el camino», de los que 142 están pendientes de sentencia, otro centenar cuyo juicio saldrá en breve y entre seis y ocho a los que el juez les ha respondido en los últimos días, el primero de ellos el 4 de enero y hoy mismo más agricultores.

«Creemos que la consejera, en base a la sentencia, que hace extensible el pago a todos y no solo a los demandantes, ha preferido hacer efectivo el pago y además utilizarlo electoralmente. Ahora ya no engaña a nadie. En el comunicado miente hasta en tres o cuatro veces», profirió Arias, quien cuestionó la «opacidad» de la consejera cuando en el Consejo Regional Agrario del 26 de diciembre no informó sobre ello.

En el propio comunicado de la Consejería, que hasta ahora es el único documento que existe al respecto, se afirma que «se atenderá finalmente a todas las solicitudes que estaban pendientes y garantizará el abono de esta ayuda, evitando diferencias entre los remolacheros marcadas por los procesos administrativos y judiciales». Además, explica que la liberación de esa parte «sea en el menor plazo posible y en cualquier caso en este mismo año».

Declaración «de intenciones»

Por ello, la preocupación ahora de UCCL reside en la «falta de credibilidad» que le achacan a la consejera y de ahí que exijan un documento para cada expediente remolachero en el que reconozcan la ayuda y la cifra, ya que «este es año electoral y quizás otro gobierno tenga dudas». «Todo lo demás es una declaración de intenciones», opinó Arias, quien reclamó, además de los tres euros por tonelada, los intereses estimados, ya que el juez ha obligado a la Junta a hacerse también cargo de las costas de los procesos judiciales.

En este sentido, Arias consideró que la Consejería «ha hecho el ridículo» desde 2014 con este asunto o quizás ha sido «tacañería», porque a su juicio podría haber liberado la cantidad y haber evitado estos litigios a los agricultores. «No es fácil porque estos procedimientos cuestan dinero y además los cultivadores tienen miedo a enfrentarse a la Junta en los juzgados», justificó, para instar a la consejera y portavoz, Milagros Marcos, a que en una de sus múltiples apariciones «lo haga público, que todavía no se la ha ocurrido y no calla ni debajo del agua».

Por último, Arias lamentó que este pago no se haya podido realizar años antes. A día de hoy, muchos de los remolacheros afectados han fallecido o están jubilados y serán sus herederos los que lo puedan cobrar.