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La sequía arruina el campo leonés y enfrenta a los regantes en la lucha por el agua

Estado del pantano de Barrios de Luna el pasado mes de noviembre. /David Arranz
Estado del pantano de Barrios de Luna el pasado mes de noviembre. / David Arranz

El sector transita por un año desastroso con pérdidas por encima de los 1.500 millones, con regantes enfrentados, encarecimiento de forrajes y sementeras imposibles

ICAL

Desastroso el año agrario en Castilla y León. La sequía lo condiciona todo en el sector primario, se pierde el 70 por ciento de la cosecha de cereal, los ganaderos se quedan sin pastos, se encarecen los forrajes y se enfrentan los regantes. La situación persiste a finales del ejercicio con unos embalses secos, y unas sementeras en las peores condiciones posibles. Las heladas de finales de abril y principios de mayo y la falta de precipitaciones reducen a la mitad la vendimia; los precios de la leche no remontan, y los de patata, la zanahoria y el ovino, entre otros, se desploman. Todo el mundo mira al cielo.

La Junta declara el año “excepcional” por efectos climatológicos adversos el 26 de julio; y diseña junto al Ministerio un plan especial de apoyos al sector frente a la sequía. Básicamente, 920 millones en préstamos bonificados; exención de cánones y tarifas a los regantes en las zonas afectadas; aplazamiento cuotas de la Seguridad Social; apoyos para el suministro de agua a explotaciones ganaderas y ayudas a la contratación de seguros.

Las organizaciones profesionales agrarias consideran totalmente insuficiente el programa de apoyos y cargan contra la consejera Milagros Marcos y la ministra Isabel García Tejerina. Las organizaciones agrarias Asaja, UCCL y UPA (COAG no se une) convocan una manifestación en unidad de acción el 30 de agosto por las calles de Valladolid, que reúne a miles de personas (8.000 según los convocantes), para exigir ayudas directas, seguros agrarios atractivos, financiación accesible para todos y exenciones fiscales ante una año “catastrófico” por la sequía y las heladas con pérdidas por encima de los 1.500 millones de euros para a los agricultores y ganaderos de la Comunidad.

Las críticas se retoman a finales del año ante una sequía que persiste y dificulta enormemente la siembra y encarece muchísimo el forraje para el ganado. Las reivindicaciones se repiten, aunque la convocatoria de las elecciones al campo para el 11 de febrero condiciona a las opas a tomar la calle de nuevo en unidad de acción, por lo menos, hasta esa fecha.

La sequía también genera tensiones territoriales entre los regantes. Los agricultores de varias comunidades del bajo Duero agotan antes de finalizar la campaña su cuota, y solicitan a finales de agosto una cesión a los del alto Duero, que rechazan su solicitud, porque quieren contar con remanentes ante la difícil situación que se vive. La situación lleva incluso a 150 regantes de Tordesillas, Geria, Simancas, Villamarciel, Pollos y Castronuño a manifestarse en Almazán para que se le visibilice.

La CHD se mantiene como mediador en el conflicto. Eso sí, también vigila que se cumpla la planificación y sanciona con 531.000 euros a la comunidad de regantes de Geria-Simancas en Valladolid por sobrepasar el agua asignada.

Más cuotas desaparecen

La desaparición del sistema de cuotas en abril de 2016, hundió el precio de la leche, que repunta a paso de tortuga tras las medidas adoptadas por las diferentes administraciones y los ganaderos siguen desapareciendo. La macro vaquería de Noviercas (Soria) sigue levantando ampollas, aunque continúa adelante.

El sector remolachero azucarero afrontará un nuevo contexto de mercado ante la desaparición de las cuotas de producción de azúcar en la Unión Europea

El año 2017, marca también la desaparición de las cuotas de la remolacha a partir del 1 de octubre, un sector mermado a la mitad por las decisiones de Bruselas, al que la Junta augura grandes oportunidades sin esa regulación del mercado. Azucarera anuncia un aforo de aproximadamente 200.000 toneladas más de lo recibido el año anterior. El sector remolachero azucarero afrontará un nuevo contexto de mercado ante la desaparición de las cuotas de producción de azúcar en la Unión Europea, que, según Azucarera, "sin duda supondrá una oportunidad para crecer y consolidar al sector".

La patata vuelve a sufrir la inestabilidad de los precios. Sin embargo y a pesar de los esfuerzos de la Consejería de Agricultura, no se logran los apoyos oportunos (51 por ciento) para sacar adelante la primera interprofesional de la Comunidad, que haga frente común para todo el sector.

Avances regulatorios

La Consejería de sigue apostando por el impulso al rejuvenecimiento del sector; desarrolla prácticamente la Ley Agraria e impulsa distintas plataformas de competitividad, como la del vino, que se presenta en junio.

La Administración celebra el primer Consejo Regional Agrario desde la entrada en vigor del decreto de participación agraria el 13 de febrero, y pone en marcha de los consejos agrarios provinciales, órganos de participación, asesoramiento y diálogo y consulta en esta materia. Asimismo, crea también, en febrero, el Comité de Cooperativismo Agrario de Castilla y León.

Los agricultores, ganaderos y empresarios del sector alimentario de la Comunidad dispondrán de 90 millones de euros en avales para préstamos en condiciones favorables con los que desarrollar sus proyectos.

Cabe destacar que el 24 de octubre se presenta el Observatorio de Precios de Productos Agrícolas y Ganaderos; y el 10 de noviembre nace el Mapa de Formación Agraria y Agroalimentaria para dar respuesta a las necesidades y potencialidades del sector, con un presupuesto de 75,2 millones de euros hasta 2020.

La financiación al sector aparece como esencial para la Consejería y Castilla y León se convierte el 31 de octubre en la primera autonomía en disponer de un “mecanismo financiero propio”, con la firma de un acuerdo entre Marcos, García Tejerina y el presidente de Saeca, José Ramón Bujande, por el que los agricultores, ganaderos y empresarios del sector alimentario de la Comunidad dispondrán de 90 millones de euros en avales para préstamos en condiciones favorables con los que desarrollar sus proyectos.

Se abre la negociación de la PAC

La Comisión Europea publicó el 29 de noviembre la primera comunicación sobre las líneas generales que puede incluir la futura Política Agraria Común (PAC) a partir de 2020. Entre las ideas presentadas por el Ejecutivo comunitario, destaca la “descentralización” de la política agraria, ya que los Estados miembros podrán presentar planes estratégicos nacionales basados en unos mismos objetivos comunes.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ofrece a la ministra de Agricultura participar en el diseño de la estrategia nacional de la futuro Política Agraria Común (PAC). Los trabajos en defensa de una PAC fuerte son continuos. El 17 de julio, la consejera Marcos acude a Bruselas, junto a Tejerina con motivo de una reunión del Consejo de Ministros de la UE, donde defiende una PAC “bien financiada”. La Comisión de Agricultura y Ganadería de las Cortes también cierra filas el 31 de octubre con el sector, en defensa del acuerdo de comunidad con la figura del agricultor activo como perceptor de las ayudas.

Marcos conmina a todas las comunidades autónomas frente a la renacionalización de la política agraria comunitaria (PAC) sugerida en la comunicación enviada desde Bruselas a los países de la Unión Europea. Milagros Marcos asiste el 11 de diciembre al Consejo de Agricultura de la UE en Bruselas, y espera que la nueva PAC no signifique un descenso de los recursos financieros para los agricultores y ganaderos de la Comunidad.

Europa defiende al lobo

El problema del lobo sigue enfrentando a ganaderos y ecologistas en Comunidad. Poco se puede hacer con la normativa europea aunque el 29 de mayo, el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, viaja a Bruselas, donde se reúne con el responsable de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Daniel Calleja, y le pide apoyos ante el aumento de ataques ala ganado.

Logra que las autoridades europeas acudan a la Comunidad a conocer el problema. Sin embargo, Suárez-Quiñonez asume la normativa sobre el lobo no se cambiará para permitir su caza al sur del Duero, y apuesta por flexibilizar los mecanismos de control de la especie.

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