La sangría del campo no se frena: pierde un centenar de trabajadores en 2018 y más de 8.000 en la última década

La sangría del campo no se frena: pierde un centenar de trabajadores en 2018 y más de 8.000 en la última década

Las organizaciones agrarias advierten de que esta tendencia continuará porque el descenso va de la mano a la pérdida de población y reclaman controles que vigilen las afiliaciones ficticias al sector

S. GALLO

El número de trabajadores del sector agrario en Castilla y León experimentó el año pasado un débil descenso del 0,18 por ciento respecto al año anterior (111 trabajadores) hasta situarse en los 61.025. Este dato cierra cuatro años de continuados aunque mínimos incrementos en el número de profesionales del campo afiliados a la Seguridad Social, un colectivo que en la última década ha sufrido un a pérdida importante del 11,6 por ciento, lo que se traduce en casi 8.000 efectivos, según un informe elaborado por la Junta de Castilla y León recogido por Ical.

Estas cifras contrastan con los registrados en España, donde a nivel nacional se produjo en el último año un repunte del 1,3 por ciento, con 1.723 afiliados más, además de que el descenso de la última década no fue tan acusado como en el caso de Castilla y León, ya que desde 2009 han sido 46.713 los afiliados menos a la actividad agraria, que en términos porcentuales supone algo menos del cuatro por ciento.

Con esta caída se da un giro a la tendencia que se venía registrando en los últimos cuatro años en la Comunidad, con débiles aumentos en el número de trabajadores del sector agrícola de entre el 0,3 y el 1,1 por ciento desde 2014. Por el contrario, en los años precedentes hubo que hacer frente a descensos destacados, de hasta el 5,3 por ciento, en el número de efectivos en el campo, donde se alcanzaron los 69.000 afiliados hace diez años.

En España, el Sistema Especial Agrario del Régimen General es el más utilizado y agrupa al 71 por ciento de trabajadores, unos porcentajes que se superan en Andalucía (89 por ciento), Murcia (85 por ciento), Extremadura (78 por ciento) y la Comunidad Valenciana (76 por ciento). Sin embargo, en Castilla y León predominan los trabajadores autónomos del Sistema Especial de Trabajadores Agrarios (SETA), que alcanzan el 50 por ciento, respecto a lo más habitual a nivel nacional, donde tienen mayor peso los asalariados, que en Castilla y León se quedan en el 20 por ciento.

Pérdida continuada

El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, lamenta que la Comunidad se encuentra «despoblada y envejecida», una situación que atribuye también al campo, donde cada vez se pierden más activos, una tendencia que vaticinó que continuará en los próximos años de manera inevitable. «Desgraciadamente iremos perdiendo población activa en el campo en los próximos años, lo mismo que se pierde también en Castilla y León en su conjunto», con lo que no duda de que la situación cada año será «peor».

Sin determinar durante cuánto tiempo puede prolongarse esta situación, Dujo garantiza que será una realidad porque más de la mitad de los agricultores tiene más de 55 años, lo que supone que serán personas que se jubilen en los próximos diez o doce años. «No hay el relevo generacional para sujetar esas jubilaciones», con lo que la caída en el número de afiliados será inevitable. «Si se jubilan mil o 1.500 agricultores al año y se incorporan alrededor de 500 agricultores de media en los últimos años porque no hay más jóvenes, se seguirán perdiendo efectivos», incide.

Incorporaciones ficticias

El coordinador de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín, atribuye la pérdida acuciante de afiliados a la «crisis galopante» de los profesionales de la actividad agrícola y ganadera. «Gente que ejerce la actividad hay mucha, pero los que vivimos exclusivamente de esto, somos cada vez menos», por lo que echa en falta una mayor defensa del agricultor a título principal.

Palacín reconoce que cuando se alcanza un nivel «muy bajo» en el número de afiliados, «es difícil bajar más», y alude a «una realidad tozuda» que es que un porcentaje importante de las incorporaciones «son ficticias» por parte de personas que se dan de alta en la Seguridad Social, solicitan la ayuda a la incorporación y, tras cinco años, no continúan en la actividad agraria. «Figuran durante cinco años, pero realmente ni han ejercido la actividad ni tienen intención de seguir después». Aunque apostilla que «no son datos muy grandes», desde UCCL se reclama a la Junta controles sobre las incorporaciones para conocer «al que realmente se suma a la actividad».

Igualmente, confía en que en la próxima reforma de la Política Agraria Común (PAC) se apueste «de forma definitiva» por el profesional a título principal y se deje fuera a aquellos que no pueden justificar al menos un 25 por ciento de ingresos agrarios, una condición que para UCCL debería ser «una línea roja que no se puede pasar» si se quiere mantener la actividad.

Cambio de modelo

Desde la Alianza Upa-Coag, Aurelio Pérez explica que se está produciendo un cambio de modelo, con el traslado de los cotizantes de la pequeñas explotaciones familiares, que están «en retroceso», a las grandes explotaciones o empresas constituidas en el sector agrario, algo que para Pérez «no es bueno». «En los últimos años parte de los autónomos que se han perdido, ha aumentado casi en el mismo porcentaje de trabajadores por cuenta ajena«, asevera.

Desde la Alianza se alerta de que se está creando un campo en el que desaparecen agricultores y ganaderos para favorecer el asentamiento de «lobos y fauna salvaje» que no va a gestionar el territorio ni a mejorar la calidad de vida. Pérez avisa de que la tendencia a la baja «siempre es negativa» y advirtió de que si no se corrige la tendencia, y ante la falta de relevo, se producirá la «paralización» del mercado de la tierra.

Comunidades

Si se analiza el número medio de afiliados en el mes de diciembre de 2018 por comunidades autónomas, Castilla y León ocupó el sexto lugar, con un 5,33 por ciento del total nacional, por detrás de otros territorios como Andalucía (48,5 por ciento), Comunidad Valenciana (7,6 por ciento), la Región de Murcia (7,4 por ciento), Extremadura (6,8 por ciento) y Castilla-La Mancha (5,9 por ciento).

En diciembre de 2018, el número medio mensual de afiliados a la actividad agraria respecto a los afiliados en el mes de diciembre del año anterior disminuyó en un 0,18 por ciento, frente al aumento nacional del 1,29 por ciento. En el resto de comunidades autónomas, se observó una tendencia positiva en el caso de Castilla-La Mancha (4,4 por ciento); Comunidad Valenciana (2,2 por ciento); Murcia (1,8 por ciento), Aragón (1,6 por ciento); Andalucía (1,5 por ciento) y Cataluña (0,6 por ciento). Por el contrario, se observó una disminución interanual para el mes de diciembre en Extremadura (-0,39 por ciento) y Galicia (-1,9 por ciento).