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Asaja pide a la UE un control «más flexible» del lobo para no «acorralar y expulsar» a los ganaderos

Lobo./
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La Opa reclama la actualización de las indemnizaciones y abono de las pendientes

ICAL

Asaja Castilla y León pidió este martes a los responsables de Medio Ambiente de la Unión Europea (UE), que se reúnen en Bruselas con el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, un control «más flexible» del lobo para evitar su expansión «incontrolada» en la Comunidad, lo que supondría «acorralar y expulsar» a los ganaderos de los pueblos.

La organización profesional agraria (Opa) lamentó que Bruselas «celebre» como positivo el incremento de los censos de lobos en Castilla y León, sin tener en cuenta los problemas que padecen los ganaderos. No en vano, recordó , que el depredador cada vez amplía más su presencia más allá de las zonas loberas, e irrumpe en áreas de ganadería de extensivo tradicional, «haciendo imposible el manejo y dejando a la poca población que vive en esos pueblos sin su medio de vida».

Un comunicado de Asaja apuntó que los ganaderos son los primeros que toman precauciones y medidas preventivas, pero eso no impide que cada año se produzcan cerca de 2.000 ataques a la ganadería, aunque reconoce que muchos de ellos no se denuncian por el «hartazgo» de los ganaderos y las complicaciones para recibir compensaciones. De ahí que la organización insista en la necesidad de frenar la proliferación de manadas y pide a los responsables comunitarios una mayor flexibilidad a la hora de adoptar medidas de control por parte de la administración regional. Todo ello, sin olvidar el papel ecológico de la ganadería de extensivo al contribuir a la limpieza y equilibrio sostenible del medio natural.

200.000 euros pendientes de indemnización

Por otra parte, la Opa aboga por revisar y actualizar los baremos de indemnización por especie ganadera, ya que en la actualidad no compensan las pérdidas que realmente sufre la explotación. Además, Asaja recordó que hay alrededor de 300 expedientes de ataques, comprendidos entre finales de 2015 y mayo de 2016, que aún no se han abonado, y que suponen alrededor de 200.000 euros pendientes de indemnización.

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