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El aprovechamiento forestal genera 45 millones de beneficio en cinco años a las entidades locales leonesas

Vista aérea de una chopera. /
Vista aérea de una chopera.

El rendimiento económico de los montes de utilidad pública en el último lustro en la Comunidad asciende a 237 millones, el 55% procedente de madera y biomasa y una cuarta parte lo origina la caza

ICAL

Los diferentes aprovechamientos forestales de los montes de utilidad pública y catalogados en Castilla y León generan anualmente 45 millones de euros de ingresos a las entidades locales de la Comunidad, a los que se suman los correspondientes a las ocupaciones por usos privativos, que se estima en unos 10 millones.

Abarcan desde la madera, leña y biomasa que absorben el 55 por ciento de este beneficio y cuya producción se ha duplicado desde 2010- a los productos no maderables, en los que la región es especialmente rica, tales como resinas -que se ha multiplicado por siete en cinco años-, que han superado al piñón en la escala autonómica por las últimas malas cosechas motivadas por las condiciones climáticas y agentes patógenos.

También se incluyen las castañas, setas y trufas, apicultura, plantas medicinales y aromáticas, pastos y caza, que a nivel de ingresos disminuyó con la crisis, «de forma muy paulatina pero poco importante», tal y como informó a Ical el jefe de Servicio de Gestión Forestal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, Javier Ezquerra. Si el análisis se hace a largo plazo, el balance de rendimiento económico de los montes de utilidad pública entre 2010 y 2015 ascendió a 237 millones.

En total, los expedientes de aprovechamiento en montes se elevan a 11.000 licencias anuales, según un informe facilitado por este departamento, administración que aprobó en 2014 el Programa de Movilización de los Recursos Forestales hasta 2022. El análisis pone de manifiesto el «relevante» papel que estos aprovechamientos han jugado durante la etapa «más dura de la crisis económica».

En un marco general de ralentización de la economía, de falta de iniciativas y de pérdida de empleo, los aprovechamientos forestales de los montes de utilidad pública de la Comunidad incrementaron su valor desde unos 30 millones de euros en 2010 a más de 45 en 2015, es decir, se han incrementado en un 50 por ciento. De mantenerse esta línea ascendente, augura el departamento de Juan Carlos Suárez-Quiñones, se podrían alcanzar los 50 millones de euros en 2018.

«Muchas de estas entidades locales dependen de estos ingresos para sus cuentas», sentencia Ezquerra, quien matiza que en algunos casos supone hasta el 80 por ciento de los ingresos, principalmente en juntas vecinales de las montañas de León y Palencia, «ya que son el único patrimonio que tienen». Lógicamente, para ayuntamientos como Soria o Valladolid representa una «cantidad pequeña en término porcentuales»; pero lo «verdaderamente relevante es que en las zonas más rurales y con menos oportunidades de empleo, y afectados por las crisis, es donde el valor proporcional es más importante».

Castilla y León es en la actualidad un territorio más forestal que Francia o Alemania, o incluso que Estados Unidos. Entre los inventarios forestales llevados a cabo en 1970 y 2000, los terrenos arbolados de la Comunidad mostraron un incremento de más de un millón de hectáreas, tendencia que corroborará el Cuarto Inventario Forestal Nacional, actualmente en realización.

Según el más reciente, que data de 2002, la superficie forestal arbolada regional asciende a 2,98 millones de hectáreas, a las que se añaden 1,82 millones de terrenos forestales desarbolados, lo que hace un total de 4,8 millones de hectáreas de superficie forestal, según el concepto legal.

A causa de estas bondades, y ligado a las buenas condiciones productivas de la región, tal y como señala el estudio al que tuvo acceso Ical, el forestal ha sido identificado por la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León (ADE) como uno de los sectores «estratégicos» regionales, junto a la automoción y la industria agroalimentaria. Si Castilla y León alcanzara el nivel medio nacional de actividad forestal, la riqueza generada (VAB) por sus montes podría situarse alrededor de 1.200 millones de euros al año; alcanzar la media europea podría suponer 3.000 millones.

Gestión directa

Más allá de su importancia forestal general, desde el departamento consideran que una de las cuestiones más distintivas de esta Comunidad es la relevancia que alcanzan los montes gestionados directamente por la Administración autonómica en colaboración con sus propietarios.

Esta gestión directa se aplica en los montes propiedad de la Comunidad, pero sobre todo en los de utilidad pública que corresponden a otras entidades, fundamentalmente a las locales, así como en los montes objeto de algún consorcio o convenio de gestión. Con datos actualizados a 31 de diciembre de 2017, los montes catalogados de utilidad pública en la Comunidad ascienden a 3.515, desplegados a lo largo de más de 1,8 millones de hectáreas, lo que supone el 37,8 por ciento de toda la superficie forestal. A ellos se suman otras 100.000 hectáreas de gestión directa de la Consejería (montes contratados).

Mecanismos necesarios

Fuentes de la Consejería subrayaron que esta relevancia pone de manifiesto la necesidad de encontrar mecanismos «actuales y adaptados» para un aprovechamiento «más eficiente y equilibrado» de los recursos y su reinversión. Por ello, entiende la Junta que los ingresos destinados a mejoras en los montes de utilidad pública «han de ser considerados como una oportunidad, no solamente para la conservación, sino también para la mejora de la calidad de los montes, así como para fomentar el desarrollo económico y social de los territorios afectados, generando empleos a nivel local, atrayendo e impulsando la actividad económica y contribuyendo a hacer frente a los desafíos demográficos en esas zonas».

Es significativa la labor desarrollada en la promoción de aprovechamientos forestales en los montes catalogados, «no sólo por cuanto supone de herramienta esencial para la conservación de los montes, sino porque comporta un manejo real del territorio que contribuye eficazmente a reducir también el riesgo de incendios». Además, implica una «decisiva contribución a la maltrecha economía de las entidades locales propietarias de montes catalogados y al mantenimiento de empleo forestal en las áreas más duramente castigadas por los procesos de despoblación», incide el documento.

Diferencias entre provincias

Como es evidente, existe una clara diferenciación entre provincias, en función de los aprovechamientos más importante en cada una de ellas. En el último quinquenio, territorios como Soria, León o Burgos son las que más han aportado en este sentido a sus entidades locales, con 47, 45 y 42 millones de euros, respectivamente; seguidas de Segovia y Palencia, con 28 y 22 millones. Mientras, Ávila, Salamanca, Valladolid y Zamora se sitúan en el entorno de los 13 millones.

En cuanto a la distribución interprovincial de los tipos de utilización, en la mayor parte de las provincias es la madera y biomasa el más relevante económicamente, salvo en León, donde se ve ligeramente superada por la caza, o Salamanca, por los pastos. Por su parte, en Valladolid predomina ampliamente la producción de piñón, y en Segovia, resulta especialmente relevante la resina.

Por ello, la Consejería destacó que durante la crisis los montes de utilidad pública resultaron «más importantes aún que antes para los pueblos de Castilla y León». También recuerda que estos valores se limitan a los importes que perciben los productores, y por tanto suponen «solo una pequeña parte del valor añadido que se genera en la Comunidad a partir del aprovechamiento». A su juicio, la producción total derivada de estos aprovechamientos en este tipo de montes «se puede estimar por encima de los 225 millones anuales, y el sostenimiento de empleo que suponen, del orden de los 10.000 puestos de trabajo, directos e indirectos.

Sin perjuicio

Este incremento de los aprovechamientos no debe perjudicar la sostenibilidad de los montes. De hecho, entre 2010 y 2015 la superficie de montes catalogados objeto de certificación de la gestión forestal sostenible en la Comunidad pasó de 482.000 a 635.000 hectáreas, un 30 por ciento más. Este incremento, que no se ha detenido, supone ya en la actualidad más de 680.000 certificadas en montes gestionados por la Consejería.

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