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Ponferrada
Jueves, 1 de enero 1970
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El exalcalde de Cacabelos, Adolfo Canedo, advirtió hoy de las «consecuencias terroríficas» que tendrá en la economía del Ayuntamiento el auto dictado el pasado 10 de octubre por el Tribunal Supremo que desestima el recurso de casación presentado por los responsables del Consistorio de la villa del Cúa respecto a la orden de la Junta que obligaba a readmitir al interventor municipal tras un intento de agresión al actual alcalde, Sergio Álvarez. Después de que fuentes del equipo de Gobierno cacabelense aseguraran ayer que esa resolución del Supremo «no se puede cumplir», el exregidor recalcó hoy que «las sentencias son para cumplirlas» y anunció la intención de «perseguir a los responsables de esta situación» en el proceso judicial abierto en los Juzgados de Ponferrada.
En ese sentido, Canedo detalló que ese procedimiento, en el que el alcalde está denunciado por un presunto delito de prevaricación administrativa por impedir la reincorporación del funcionario, se acumuló con el que sigue la Audiencia Provincial de León, en el que Álvarez tendrá que enfrentarse, el próximo 29 de octubre, a una petición fiscal de 13 años de inhabilitación. «No me gusta ver a un alcalde juzgado por un acto penal», aseguró el exalcalde, que anunció, no obstante, que exigirá ante los tribunales que los actos en los que participó la interventora interina desde la fecha en la que debería haberse reincorporado el titular de la plaza sean declarados nulos.
Así, el procedimiento abierto en Ponferrada afectará a asuntos municipales de tanta importancia como los presupuestos, las liquidaciones o el pago de nóminas, anunció Canedo, que confió en que se siga el criterio del fiscal para separar este proceso del que sigue la Audiencia Provincial para ampliar el número de personas implicadas y el de delitos denunciados. Al respecto, consideró que el juzgado tendrá que investigar la existencia de supuestos como la usurpación de funciones públicas, la omisión del deber de perseguir el delito, la administración desleal o la malversación de caudales públicos. «Mantener esta situación tiene una responsbilidad que haremos cumplir», sentenció.
Más allá de las consecuencias judiciales del caso, Canedo exigió que se asuman las «responsabilidades políticas» y apeló a los secretarios provincial y autonómico del PSOE, Javier Alfonso Cendón y Luis Tudanca, respectivamente, para que destituyan a Álvarez y lo aparten de la militancia socialista.
En ese sentido, recordó que la apertura de un juicio oral contra su persona supuso su renuncia inmediata a la militancia en el PP, en cumplimiento del código ético del partido. «No me sirve que digan que mi caso estaba relacionado con la corrupción», afirmó Canedo, que reclamó el mismo trato para el actual alcalde que el que se le dispensó a él.
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