El alcalde de Cacabelos no podrá revalidar el cargo tras ser condenado a nueve años de inhabilitación

Sergio Álvarez, durante la celebración del juicio en la Audiencia Provincial de León./Campillo
Sergio Álvarez, durante la celebración del juicio en la Audiencia Provincial de León. / Campillo

La Junta Electoral excluye a Sergio Álvarez de la lista de Socialistas por Cacabelos con la que iba a competir frente al PSOE | Fue condenado por frenar la reincorporación de un empleado público

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El actual alcalde de Cacabelos, Sergio Álvarez, no podrá revalidar su cargo al frente del Consistorio de la villa del Cúa al ser excluido por la Junta Electoral de Zona de Ponferrada de la lista de Socialistas por Cacabelos con la que pretendía presentarse a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo.

Tras la sentencia, aún no firme, de la Audiencia de León que le condena a nueve años de inhabilitación, la ejecutiva provincial del PSOE tramitó la baja cautelar de Álvarez como militante socialista y creó una gestora que designó como candidato a Junior Rodríguez.

A raíz de las protestas de una parte de la agrupación socialista local, el actual regidor decidió impulsar una candidatura alternativa con la que concurrir a los comicios, aunque finalmente la Junta Electoral de Zona, a instancias del PSOE, decidió excluir a Álvarez de esa lista, que estará encabezada finalmente por María del Carmen González, según figura en la edición de este martes del Boletín Oficial de la Provincia.

La Audiencia Provincial de León condenaba a Álvarez a nueve años de inhabilitación del ejercicio público por la comisión de un delito de prevaricación. Además le imponía el pago de las costas del juicio celebrado en pasado mes de octubre, incluidas las de la acusación particular.

De esta forma, el juez rebajó en cuatro años la petición de la Fiscalía, que entendía acreditado que el regidor impidió la incorporación a su puesto de trabajo al interventor municipal tras haber obtenido el alta médica.

Según la sentencia, la ilegalidad del acuerdo que tomó el alcalde, por el que impedía al interventor incorporarse a los quehaceres propios de su puesto de trabajo, resulta «palmaria».

Además, el tribunal alerta de la falta de competencia del alcalde para la toma del acuerdo, que «no pasó desapercibida al acusado, existiendo el afán del acusado por hacer prevalecer su voluntad pese a la ilegalidad.