La Audiencia ordena que se juzgue a los dos últimos alcaldes de San Andrés por posible fraude a la Administración

María Eugenia Gancedo y Goyo Chamorro, los dos últimos alcaldes de San Andrés del Rabanedo./
María Eugenia Gancedo y Goyo Chamorro, los dos últimos alcaldes de San Andrés del Rabanedo.

Según el auto al que ha tenido acceso leonoticias la Audiencia Provincial fija que se juzgue a ambos ediles, junto a otros implicados, en el marco del denominado 'caso de las piscinas' inicialmente sobreseído en el Juzgado de León

J.L.B.León

Según el auto al que ha tenido acceso leonoticias la Audiencia Provincial fija que se juzgue a ambos ediles, junto a otros implicados, en el marco del denominado 'caso de las piscinas' inicialmente sobreseído en el Juzgado de León.

De este modo los exalcaldes Gregorio Chamorro y María Eugenia Gancedo deberán comparecer el próximo lunes 17 de septiembre ante el juez del Juzgado de Instrucción número dos de la capital leonesa en una 'vistilla' con el fin de concretar la imputación a los investigados.

Además de Gancedo y Chamorro han sido citados en calidad de investigados el empresario Bernardo Martínez García, José Ramón Llamera Getino, ex socorrista de la piscina de San Andrés del Rabanedo, los ex concejales del PSOE Santiago Blanco Sacristán, Miguel Ángel Flórez Alcoba y Abel Iglesias Fernández, el concejal de PP Pedro García Fernández y el técnico Santiago Robles Alba.

La situación deriva de la denuncia formulada por la mercantil Gestion y Explotación Integral SL (Gexin) que tenía la adjudicación de los servicios de las piscinas de San Andrés del Rabanedo y Trobajo del Camino, en la que puso en conocimiento de la Justicia los hechos acaecidos en julio de 2014 por los cuales, según el auto, Pedro García Fernández contrató a José Ramón Llamera Getino «para prestar servicios de socorrismo y monitores sin ningún tipo de expediente, concurso, adjudicación o similar a cargo del capital público».

Archivada en primera estancia

El contrato se realizó en contra de los informes del interventor y secretario que hicieron los reparos pertinentes, advirtiendo de que se estaban troceando los contratos de manera ilegal tramitando expedientes diferentes para servicios idénticos.

Además se señalaba en la denuncia que la empresa Bercar 6693 SL pese a ser declarada expresamente desistido por Gregorio Chamorro explotó las instalaciones municipales durante 17 meses sin ningún contrato y sin ningún abono de las cantidades que había ofertado de 3.710 euros/mes llegando a producirse un descubierto a favor del ayuntamiento de 63.070 euros.

Una situación conocida por Gregorio Chamorro, Pedro García y que fue mantenida con posterioridad por Eugenia Gancedo y Abel Iglesias pese a la actitud de denuncia que estos tenían mientras se mantuvieron en la posición del gobierno municipal por las presuntas adjudicaciones ilegales realizadas por Chamorro, según indica el auto.

En primera instancia la denuncia realizada por Gexin SL fue archivada por el Juzgado y posteriormente recurrida por el denunciante lo que ha provocado el presente fallo por parte de la Audiencia Provincial.

Según el auto «la escasa penalidad que la ley asocia al delito de prevaricación, y que los hechos pueden ser incardinados también en la figura del delito de fraude a la administración pública, previsto y castigado en el art 436 del Código Penal, este delito por su penalidad absorbería en su caso, todo el injusto propio del hecho de mantener el disfrute gratuito de lo ajeno en favor de Bercar 6693 SL».

También incide en que la declaración del administrador de la mercantil resultó «en alto grado incriminatoria» ya que reconoció no haber realizo pagó alguno y que era consciente de la irregularidad de haber entrado en el disfrute de las instalaciones municipales pese al desmentimiento de la sociedad en el procesos de contratación.

Finalmente la Audiencia acuerda la incoación, «por parte del del Juez instructor del procedimiento del tribunal del jurado, para comparecer ante este con el fin de formular la imputación, acto que se producirá el próximo 17 de septiembre».

Izquierda Unida

En un principio y como consecuencia de sendas denuncias formuladas por Eloina Terrón, concejala de Izquierda Unida del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo por el fraccionamiento de los contratos en el consistorio se había personado en este caso como acusación particular.

Con posterioridad y según ha podido conocer leonoticias ha retirado la acusación de este procedimiento por lo que la acusación solo la realizara el ministerio fiscal y la representación de la mercantil Gexin SL.

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