El día 22 arranca en Zamora el primer juicio con jurado contra la corrupción

Javier Gómez de Liaño y su defendido, José Bahamonde, tras declarar en el juzgado en 2010. :
Javier Gómez de Liaño y su defendido, José Bahamonde, tras declarar en el juzgado en 2010. :
  • El exjefe del Servicio Territorial de Industria y otros cuatro acusados se sientan en el banquillo por la denominada trama solar

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Las energías limpias, publicitadas como la esperanza blanca del desarrollo rural en el extenso y poco poblado territorio de Castilla y León a finales del siglo XX, cuando empezaron a proliferar los primeros huertos solares y aerogeneradores por eriales y cerros a golpe de subvención, han servido, más que para el despegue económico de la Comunidad, para ensuciar la política regional y algunos responsables de su gestión empiezan a desfilar por los tribunales. La denominada trama solar de Zamora, que lleva investigando el fiscal jefe Rafael de Vega Irañeta desde 2008 y es considerada por fuentes próximas a la instrucción como la ‘precuela’ de la trama de los parques eólicos, comenzará a juzgarse el próximo lunes 22 de mayo en la Audiencia Provincial de Zamora. Las diligencias del caso, que ha tramitado el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Zamora número 3, han durado ocho años, en los que las partes han agotado todas las posibilidades de recurso.

El de la trama solar de Zamora es el primer caso de corrupción sobre el que va a decidir un jurado popular en Castilla y León. El jurado, integrado por 9 titulares y dos suplentes, fue seleccionado el pasado 21 de febero de entre los 36 candidatos zamoranos que salieron del sorteo aleatorio. Este tribunal popular tendrá la responsabilidad de decidir si el exjefe del Servicio Territorial de Industria, José Bahamonde Salazar, y otras cuatro personas más, han cometido los delitos que se les imputan de negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho y tráfico de influencias relacionados con las autorizaciones a determinadas empresas solares.

Autoridad y socio

En estas operaciones, el veterano político y abogado zamorano habría ejercido, como en el refrán popular, de Juan Palomo, (yo me lo guiso, yo me lo como), pues, como responsable del departamento de Industria de la Junta en Zamora, firmaba las autorizaciones, pero a la vez coparticipaba en algunas empresas y se benefició de ellas, al igual que su hijo y una amiga de la familia, así como el entonces jefe de distribución de Iberdrola y el expresidente de la empresa Pevafersa, ya desaparecida.

Los cinco se sentarán en el banquillo la semana del 22 al 26 de mayo, según el calendario que figura en el auto de hechos justiciables emitido por el magistrado-presidente del tribunal del jurado, Jesús Pérez Serna, presidente de la Audiencia zamorana.

El día 22 arranca en Zamora el primer juicio con jurado contra la corrupción

En concreto, según el escrito de acusación del ministerio público, José Bahamonde adquirió acciones de la empresa Sol Sayago, del grupo de Pevafersa, una operación autorizada y firmada por él mismo, de la que habría obtenido beneficios, valiéndose de su cargo público. La Fiscalía pide que se le imponga el pago del doble de esas ganancias y tres años de inhabilitación para empleo o cargo público, si bien José Bahamonde, que fue senador de Castilla y León por el Partido Popular en la legislatura 2000-2004 lleva ya tiempo jubilado de todos sus cargos.

El jurado zamorano también tendrá que decidir si el principal encausado favoreció a su hijo, Javier Bahamonde González, a la socia de este y amiga, Blanca Blanco, al exjefe de Distribución de Iberdrola, Agustín de la Fuente y al expresidente de Pevafersa, Vicente Fernández Manso, al autorizar sociedades de las que eran dueños o en las que participaban. Se enfrentan a año y medio de prisión y al pago de una multa. Un informe de los peritos judiciales calcula que, en total, los presuntos implicados en la trama se habrían beneficiado de más de un millón de euros. El fiscal pide una multa que duplica esa cantidad, de más de dos millones de euros en total.

Prueba de cargo

Una de las principales pruebas que incriminan al expolítico del Partido Popular es un contrato de compra de acciones de una empresa fotovoltaica que él mismo había autorizado. El abogado defensor, Javier Gómez de Liaño, interpuso un recurso para tratar de invalidar este contrato como prueba argumentando que se había hurtado de un cajón de Pevafersa, pero el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la admitió.

Ocho años ha tardado este accidentado procedimiento en llegar a juicio oral. Las diligencias previas de la trama eólica, basadas en la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción tras dos años y medio de investigación aún inacabada, acaban de empezar a instruirse en el Juzgado número 4 de Valladolid. Los 21 investigados, excargos y empresarios, empezarán a declarar a partir del 2 de junio.