El Defensor del Pueblo desestima la petición leonesista para prohibir un anuncio en el que la UVa se atribuía «ocho siglos de historia»

Universidad de Valladolid. / El Norte

El Colectivo Ciudadanos del Reino de León considera que la Universidad de Salamanca es la única que puede afirmarlo

ICAL

El Defensor del Pueblo desestimó la queja presentada hace un mes por el Colectivo Ciudadanos del Reino de León (CCRL) por la «publicidad engañosa» de la Universidad de Valladolid (UVA) al presentarse en una serie de anuncios publicitarios en varias emisoras de radio como una insitución con «ocho siglos de historia». Según el colectivo leonesista, la Universidad de Salamanca (USAL) es «la única universidad en España que puede afirmar tener ocho siglos de historia».

Al respecto, los representantes del CCRL consideraron que el anuncio «no sólo comete un error, sino que también alimentando la confusión sobre la antigüedad de dicha universidad, dando a entender que sería más antigua que la de Salamanca», lo cual supondría un incumplimiento del artículo 20.1.d) de la Constitución, que reconoce el derecho de los ciudadanos «a recibir una información veraz por cualquier medio de difusión».

El redactado de este punto llevó al colectivo leonesista a solicitar al Defensor del Pueblo «que tome cartas en el asunto y solicite a la Universidad de Valladolid una rectificación al respecto, o la retirada de dicho anuncio de la afirmación errónea respecto a su antigüedad». Sin embargo, la respuesta de la institución señala que la publicidad de la UVA se realizaba «en medios privados» y su actividad se lleva a cabo «sin intervención alguna de las administraciones públicas», lo que invalida la actuación del Defensor, al que el CCRL acusa de «hacerse a un lado».

«Es increíble que se nos diga que no ha habido intervención de las administraciones públicas, cuando quien ha contratado y realizado dicho anuncio es precisamente una institución pública como la Universidad de Valladolid», destacaron los portavoces del colectivo, que anunciaron que se dirigirán de nuevo al Defensor del Pueblo para insistir en el carácter público de la institución universitaria y pedirle que obligue a sus responsables a rectificar la información .

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