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Jáuregui propone renovar una legislación informativa «obsoleta» para adaptarla a internet

  • La jornada trató sobre la función social de la Abogacía y también sobre la relación existente entre la Justicia y los medios de comunicación

El periodista y escritor Fernando Jáuregui defendió hoy la necesidad de renovar la legislación relacionada con internet y que a su juicio se encuentra “obsoleta”, lo que genera muchas complicaciones en la relación entre los medios y la información jurídica. Así lo aseguró en el Congreso de la Abogacía de Castilla y León, que celebró este viernes sus dos últimas mesas de debate en las que se abordaron la función social de esta profesión y también se habló de la relación existente entre la justicia y los medios de comunicación.

Jáuregui, que relató a los asistentes algunas de sus vivencias personales, incidió en que en esta época de internet hay un sometimiento a “una legislación obsoleta” porque en los últimos años se ha generado “demasiado movimiento en el mundo de la justicia y de los medios de comunicación” que ha generado “cierta inseguridad jurídica” en la relación entre ambos poderes.

Por eso, Jáuregui abogó por “intentar adecuar este mundo trepidante de internet a la realidad jurídica y legal” porque la red ha irrumpido en nuestras vidas, y aunque es algo “relativamente joven”, todavía no se ha adecuado “lo suficiente ni de forma razonable”, y no solo al hacer referencia a la actividad de los profesionales de la comunicación.

En esta misma mesa de debate, el abogado y periodista Bonifacio de la Cuadra resaltó la importancia de la veracidad en la información jurídica que se ofrece en los medios de comunicación en un momento en el que se registran importantes “riesgos” para la justicia como consecuencia de la “mala información en los medios” que generan “la nueva comunicación o el aturullamiento que suponen los medios online”, dijo. “Lo que cabe hacer desde el periodismo y la justicia es que la información periodística se atenga a la veracidad de los procesos”, pese a lo que no desechó la posibilidad de que una noticia pueda ser errónea.

De la Cuadra recordó el caso de Rocío Wanninkhof, que estimó que habría que tomar como ejemplo para no ser “tan simplistas” y para que los protagonistas del proceso no se entusiasmen “con la apariencia y se atengan a la objetividad”. Y aunque reconoció que las nuevas tecnologías pueden facilitar el derecho a estar informado, insistió en que no hay que dejar a un lado la obligación de dar “una información verídica que enriquecerá a quien la escribe y a quien la recibe”.

La jornada de hoy se abrió con las ponencias sobre la función social de la Abogacía, una temática en la que el decano del ICA de Zaragoza, Antonio Morán, quien auguró que una vez que se forme el nuevo Gobierno se tendrá que retomar el proyecto de justicia gratuita y abogó por que, al igual que se está haciendo en Aragón, otras Comunidades puedan elaborar algún referente legal en esta materia para que sea tenido en consideración por el legislador estatal. En concreto, lo que se pretende es fijar un marco legal para los servicios de asistencia y orientación a presos, inmigrantes y mujeres víctimas de violencia doméstica. “Si consiguiéramos que en alguna Comunidad más se pudiera sacar adelante, antes de primavera o verano, alguna norma legal que contemple el marco de actuaciones de los abogados en defensa de estos sectores con un servicio de interés público, sería un paso importante” en una posible futura Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

Pero esta no es la única función social de la Abogacía, ya que Morán recordó que no solo se lleva adelante la defensa de los sectores marginales a través del turno de oficio, sino que también soporta “un montón de cargas que nos imponen las leyes a los Colegios”, haciéndolo además “con desprendimiento y generosidad”, finalizó.

Por último, el decano del ICA de Girona, Carles McCragh i Prujá, recalcó que la función social de los abogados es aquella que tienen que llevar a cabo “porque somos quienes más sabemos de esto”, en relación a la defensa de los derechos de las personas. “La sociedad nos ha dado mucho y todos tenemos que devolver a la sociedad lo que nos ha dado, pero no solo los abogados aunque somos los que más sabemos de esto y los más sensibles”.

Además, recordó la figura del abogado 'pro bono', que es posible adoptar siendo asociado de cualquiera de los 83 Colegios de Abogados de España, una figura muy sensible y generosa que ha sabido dar el do de pecho cuando se ha necesitado. De hecho, McCragh i Prujá recordó que ante la crisis de los refugiados, el Consejo General de la Abogacía pidió la colaboración de abogados para trabajar con los refugiados, y el resultado “fue sorprendente y esperanzador” ya que más de un millar de profesionales se ofrecieron para poder trabajar “de forma totalmente gratuita”, sentenció.