Andalucía acude a los tribunales para paralizar el polémico gaseoducto en Doñana

Vistas generales del Parque Nacional de Doñana. /J. M. REYERO (EFE)
Vistas generales del Parque Nacional de Doñana. / J. M. REYERO (EFE)

El Ejecutivo andaluz se escuda en los informes sobre los riesgos sísmicos del proyecto en su conjunto

CECILIA CUERDO

La Junta de Andalucía llevará a los tribunales su negativa a la instalación de un depósito de gas en el entorno Doñana. El Ejecutivo regional aprobó ayer acudir a la vía contencioso administrativa para que el Ministerio de Medio Ambiente realice una evaluación conjunta de los cuatro subproyectos en los que se divide el gasoducto. Esgrimen para ello los riesgos, resaltados por diversos informes científicos de los que se han hecho eco el CSIC, el Defensor del Pueblo y su homólogo en la región, de inundaciones e incluso de riesgos sísmicos para la zona.

Según explicó el portavoz del ejecutivo andaluz, además del recurso contra el proyecto promovido por Gas Natural se pedirá la paralización cautelar de los trabajos ya iniciados. «Ante el proyecto de almacenamiento de gas, la Junta de Andalucía emprenderá acciones legales para asegurar el futuro del pulmón verde de Andalucía que es Doñana. Damos un paso al frente ante la inacción del Gobierno de España», resaltó poco después la presidenta andaluza Susana Díaz, lamentando esa negativa del Ministerio de Medio Ambiente a evaluar el proyecto de forma conjunta, tal y como se le pidió desde la comunidad el pasado año.

Asociaciones ecologistas como WWF, una de las fundadoras del parque, ya se han felicitado por el recurso legal al entender que el gasoducto no hace sino «agravar los riesgos y amenazas» para el espacio natural, e instan no solo a evaluar el efecto acumulativo de los cuatro subproyectos, sino a considerar además «condicionantes que hasta ahora no se han tenido en cuenta».

El proyecto Marisma que diseña Gas Natural Fenosa en el entorno del parque natural de Doñana prevé una red de 72 kilómetros de gasoducto, aprovechando parte de unas instalaciones en desuso, así como la explotación de los depósitos existentes en el subsuelo, y que albergan aún 8.000 GWh. Esos depósitos serían rellenados posteriormente con gas procedente de África.

El Gobierno central ha avalado el impacto ambiental de cada uno de los cuatro subproyectos o tramos en los que fue dividido, apelando además a su utilidad pública, pero los ecologistas lo rechazan porque entienden que los cambios de presión para mover y almacenar el gas conllevarían un riesgo sísmico similar al que ya ocurrió con la plataforma El Castor, en Castellón. La Junta de Andalucía, la otra administración competente para autorizar la obra, solo ha dado permiso a uno de los tramos, el más alejado de Doñana y que es el que ya está en marcha.

Precisamente a ese riesgo sísmico, recogido en varios informes, es al que apela la Junta de Andalucía para paralizar el proyecto hasta que no haya una evaluación conjunta. E incluso recuerdan que desde el CSIC se reconoció al Defensor del Pueblo andaluz que «el riesgo sísmico que presenta el proyecto es suficiente para suspender su ejecución». Asimismo, el ejecutivo regional esgrime otro documento del Instituto Geológico Minero de España en el que se señala que la empresa promotora habría rebajado el nivel de riesgo por inundaciones del tramo ya en marcha.

Contenido Patrocinado

Fotos