El Defensor del Pueblo actuará de oficio para examinar la situación de las residencias de mayores

Una residencia de ancianos en una foto de archivo./
Una residencia de ancianos en una foto de archivo.

Pretende detectar las dificultades existentes en la prestación de un servicio adecuado a los usuarios

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha iniciado una actuación de oficio con todas las comunidades autónomas para examinar las características y dotación de las residencias de mayores y analizar su situación. Para ello, la institución ha enviado un cuestionario a todas las administraciones competentes.

De esta forma se pretende detectar las dificultades existentes para prestar un servicio adecuado a los usuarios al preocupar especialmente la situación de estas personas. «La edad de la población y la aplicación de la Ley de Dependencia convierten a los servicios de atención residencial en un elemento fundamental en la atención», explicaron desde el Defensor del Pueblo en un comunicado.

Por este motivo, la actuación de oficio tratará de detectar las dificultades existentes para que estos ciudadanos accedan a servicios adecuados a sus necesidades. «Las dificultades para acceder a una plaza residencial adecuada a las necesidades de los usuarios es la queja más frecuente se que recibe, seguida por aquellas en las que se plantea la escasez de personal y medios que redundan en la pérdida de calidad de la atención a las personas mayores que residen en estos centros», agregó.

Cuestionario para conocer el número de residencias

En el cuestionario enviado a todas las administraciones competentes la institución ha enviado un cuestionario en el que solicita conocer el número y tipología de residencias que existen en cada Comunidad; el número de personas que se encuentran en lista de espera para la asignación de plaza; las personas de la lista de espera que tienen reconocido otro servicio con carácter transitorio; y los requisitos y estándares sobre recursos humanos exigidos para atender a personas en situación de dependencia.

Asimismo, el Defensor del Pueblo pregunta por las diferencias, en caso de que existan, en las exigencias en materia de recursos humanos entre residencias públicas y privadas; solicita información sobre los protocolos de funcionamiento; y pide datos sobre los planes de inspecciones y sobre estrategias previstas a medio plazo para mejorar la atención y calidad a las personas usuarias de las residencias.

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