El Estado recibirá 1.573 millones de euros por la catástrofe del Prestige

Trabajador pasa junto a unas bolsas que contienen los restos del chapapote. / Afp | Vídeo: Ep

La Audiencia de La Coruña exige al capitán del barco y a la aseguradora daños patrimoniales, morales y medioambientales

Alfonso Torices
ALFONSO TORICESMadrid

La Audiencia Provincial de La Coruña ha fijado en 1.573 millones de euros la indemnización definitiva que tendrán que pagar al Estado español los responsables de la tragedia medioambiental provocada en 2002 por el hundimiento del buque Prestige.

El tribunal ha cuantificado los daños en el auto de ejecución de la sentencia firme que el Tribunal Supremo dictó en enero de 2016 y lo ha hecho solo dos días después de que se cumpliese el 15 aniversario de la gran marea negra que anegó las costas gallegas y de nuena parte del Cantábrico y que afectó al litoral francés, país que también recibirá 61 millones de indemnización por los daños. La resolución, que otorga otros 1,8 millones a la Xunta por los gastos de reciclaje del fuel y otras cantidades menores a entidades, ayuntamientos y particulares, no significa el final de un proceso judicial que se inició en 2012, ya que su parte dispositiva puede ser recurrida ante la Sala de lo Penal del Supremo.

La audiencia coruñesa valora en 1.573 millones la indemnización que le corresponde al Estado porque le otorga 931 millones por el daño patrimonial acreditado y 279 millones más por el daño medioambiental. A esas cantidades los magistrados le suman otro 30%, 363 millones, por el daño moral indemnizable. «Los daños morales causados son obvios, extensos y profundos -argumenta el tribunal-, no solo por el sentimiento de temor, ira y frustración que afectó a gran parte de los ciudadanos españoles y franceses, sino también por la huella indeleble de la percepción referida a qué catástrofes de esta o más amplia magnitud pueden afectar en cualquier momento a los mismos perjudicados».

Indemnización aumentada

Los magistrados gallegos, de hecho, elevan de forma notable la cantidad indemnizable acreditada que había reconocido ya la sentencia del Supremo, que fue de 513 millones de euros. Lo hacen, dicen, porque «existen demostraciones técnicas que avalan la necesidad de aumentar la indemnización por encima de lo certificado, como se infiere de los informes del Consorcio de Seguros, aceptados por su origen oficial e imparcial, sin que sean los más favorables al Estado».

Con todo, se trata de cantidades muy inferiores a las que la Fiscalía reclamó durante los juicios, pues solo en el caso del Estado español entendió que debía recibir una compensación de 4.322 millones de euros, casi el triple de lo fijado ahora por la Audiencia de La Coruña.

Los responsables directos del pago de estas indemnizaciones son el capitán, Apostolos Ioannis Mangouras, que fue condenado por el Supremo a dos años de prisión por un delito medioambiental, y la aseguradora del buque, The London Steamship Owners Mutual Insurance Association, en el caso de esta última compañía al menos hasta el límite de 1.000 millones de dólares (unos 850 millones de euros). Como responsables subsidiaros de los pagos se establece a la propietaria del barco, Mare Shipping Inc., y al Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a la Contaminación por Hidrocarburos, que está obligado a indemnizar, dice la sala, «hasta los límites expresamente establecidos en el convenio aplicable».

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