El Supremo condena a España por no cumplir con su cuota de refugiados

Llegada de refugiados a España en 2016./Ministerio del Interior
Llegada de refugiados a España en 2016. / Ministerio del Interior

De los 19.449 solicitantes de asilo que el Gobierno de Mariano Rajoy se comprometió a acoger apenas llegaron 2.500

Ander Azpiroz
ANDER AZPIROZMadrid

El Tribunal Supremo convirtió este miércoles a España en el primer estado de la Unión Europea en ser condenado por incumplir con la acogida de solicitantes de asilo dictada en 2015 por las autoridades comunitarias, cuando Bruselas optó por establecer unos cupos de migrantes para cada país en función de su peso económico y su población con el fin de aliviar la presión sobre Italia y Grecia, cuyos campos de refugiados se encontraban por aquel entonces al borde del colapso.

A España se le asignó la tercera mayor cuota de acogida, tan solo por detrás de Alemania y Francia. El Gobierno de Mariano Rajoy debía gestionar un total de 19.449 solicitudes antes de septiembre de 2017. Pero según reveló un informe de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior, a fecha de 4 de marzo de 2018 Madrid tan solo había ofertado 2.500 plazas, lo que supone apenas un 12,85% de lo pactado con Bruselas.

Este imcumplimiento llevó a la ONG Associació de Suport a Stop Mare Nostrum a presentar un recurso contencioso administrativo que ha sido estimado parcialmente. El alto tribunal considera que las decisiones comunitarias sobre el reparto de refugiados eran de carácter vinculante y obligatorio, por lo que el no llevarlas a cabo implica «la condena al Estado español a continuar la tramitación en los términos previstos en las decisiones y de conformidad con los acuerdos que en lo sucesivo adopten las instituciones comunitarias». Es decir, el Supremo obliga al Gobierno, ahora presidido por Pedro Sánchez, ha ofertar las cerca de 17.000 plazas de asilo a las que se comprometió ante Bruselas y que no han sido adjudicados entre los migrantes que se encuentran en los campos de Grecia e Italia. El alto tribunal también destaca que existía la opción de que los socios comunitarios solicitaran una reducción de su cuota de hasta un 30%, pero que España decidió no acogerse a tal posibilidad. De esta forma, añade el tribunal, se concluye que España «ha incumplido sus obligaciones de ofertar y de hacer efectivas las reubicaciones a las que estaba obligada».

Pese a la condena, en la sentencia se rebajan en parte las responsabilidades de España. De hecho, se reconoce que desde Madrid se han realizado peticiones a los gobiernos de Atenas y Roma que «no han merecido la respuesta obligada, lo que pone de relieve un elevado índice de incumplimiento en las labores de coordinación que las decisiones (de la Comisión Europea) exigen para un acuerdo logros de sus objetivos». El Supremo apunta con esta matización también a las autoridades comunitarias, duramente criticada por los gobiernos nacionales por no haber sabido atajar una crisis humanitaria que ha puesto en jaque los valores fundacionales de la UE. Precisamente, cuando las críticas le arreciaban, el Ejecutivo de Rajoy aludió a las dificultades técnicas para traer a España a los demandantes de asilo.

Fracaso europeo

España figura en el vagón de cola en cuanto a la acogida de solicitantes de asilo aunque hay otros países cuyos inclumplimientos han sido mucho más graves. Hungría, República Checa y Polonia rechazaron desde un primer momento acoger a un solo refugiado, algo que podría acarrearles sanciones por parte de las autoridades de Bruselas. Otros socios como Malta, Irlanda o Finlandia acogieron casi al 100% de las personas asignadas, si bien sus cuotas eran reducidas.

En líneas generales el reparto de refugiados se ha saldado con un rotundo fracaso. De las 160.000 personas que se debía reubicar en septiembre de 2017 apenas se llegó a las 30.000, según denuncia la Comisión España de Ayuda al Refugiado (CEAR) en su informe anual,.

Ahora la UE busca nuevas fórmulas para asumir un flujo de migrantes que, no obstante, se redujo de forma drástica tras el acuerdo con Turquía, por el que Ankara retiene a los migrantes en su territorio a cambio de fondos de la UE. Entre las últimas propuestas se baraja crear centros de internamiento fuera del territorio comunitario -una medida que plantea serias dudas en torno al respeto de derechos humanos- o la creación de puertos seguros cuya gestión correría a cargo de Bruselas y no de los estados nacionales donde se ubiquen.

Los migrantes esperan en los campamentos su oportunidad

España dejó de acoger desde septiembre de 2015 al mismo mes de 2017 a cerca de 17.000 solicitantes de asilo que podrían haber abandonado los campos de refugiados de Grecia e Italia, en los que las condiciones pueden llegar a ser «infrahumanas».

Ana Rosado, cooperante de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), visitó el pasado mayo la isla griega de Lesbos, próxima a las costas de Turquía y uno de los lugares más habituales de llegada a Europa de las personas que huyen de guerras como las de Siria, Irak o Afganistán. En Lesbos se levanta el campamento de Moria, gestionado por el ejército heleno y del que los migrantes no pueden salir antes de recibir una cita para tramitar una solicitud de asilo. Según explica la cooperante, Moria tiene una capacidad máxima para 3.500 personas pero allí malviven hacinadas hasta 7.000. Hombres, mujeres y niños duermen en casas prefabricadas o tiendas de campaña y tienen a su disposición solo 100 aseos.

Existen problemas de todo tipo. «En Moria hay tan solo dos enfermerías y ni siquiera disponen de agua corriente», denuncia el sindicato de personal sanitario y administrativo de los hospitales públicos griegos, que define el lugar como un «campo de minas higiénico». Rosado solo pudo ver el campamento desde fuera al no estar permitida la entrada. «Es como un campo de concentración, con sus torres y todo», describe. También destaca que en su interior no se prestan suficientes servicios jurídicos ni de traductores, lo que sume a los residentes en la incertidumbre sobre su futuro. Las peleas entre las distintas nacionalidades son algo rutinario.

En Lesbos se levantan otros campamentos a los que pueden acudir los migrantes una vez se comienza a tramitar su solicitud de asilo, la misma que a 17.000 de ellos le hubiera permitido viajar a España de haber cumplido el Gobierno de Madrid su compromiso con la Comisión Europea. Uno de ellos el de Pikpa, gestionado por la organización Lesvos Solidarity. Allí los cooperantes tratan de que los refugiados vivan en un ambiente de «seminormalidad», lo que incluye impartir clases de griego e ingles o que los niños vayan a la escuela. Pero el Ejecutivo de Atenas amenaza ahora cerrar este campamento por la supuesta falta de higiene en su cocina, según consideró un inspector.

En la isla helena los migrantes esperan que les den una oportunidad para rehacer sus vidas en Europa, continua la cooperante. Lo hace por ejemplo un joven de Camerún, que cruzó buena parte de África y después de Turquía a Grecia porque en su país se sentía condenado a muerte o a la pobreza, pero en «Lesbos ahora se sienten igual».

Rosado lo tiene claro. No comprende cómo los europeos pueden dormir tranquilos con miles de personas viviendo en campos de refugiados. Este miércoles el Tribunal Supremo dio la orden de que al menos 17.000 de ellos tengan la oportunidad de empezar de nuevo en España.

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