El calvario que espera a Puigdemont

DIEGO CARCEDO

Hasta ahora Carles Puigdemont se movió con bastante libertad y con una mínima prudencia por Suiza y tres países de la Europa comunitaria cuyas reglas ha venido desafiando con aparente impunidad. España no había tramitado la orden de detención europea, esperando sin duda a acumular pruebas abundantes sobre sus actuaciones al margen de la Justicia y eso le proporcionaba un margen de confianza para seguir retando impunemente al Estado español. Ese estatus era evidente que no se podría prolongar sine die y ya puede decirse que ha terminado.

Aunque la legislación de los diferentes países es distinta, habrá que esperar a ver las medidas que toman en Alemania donde fue detenido cuando intentaba regresar en coche desde Dinamarca a Bruselas huyendo desde Finlandia, donde ya estaba controlado por la Interpol.

La importancia de la noticia de que la Policía de Fronteras alemana ha actuado con diligencia y rigor, se acrecienta con la evidencia de que España no está sola ante este problema que, igual que toda la UE, rechazó la intentona secesionista que Puigdemont tutelaba y que también ahora responde a la denuncia presentada por España contra los que huyen de sus responsabilidades. La orden de detención tiene fundamentos jurídicos claros y probados.

Los huidos se enfrentan a la alternativa de entregarse a la Justicia española para ser juzgados o vivir bajo la amenaza de ser extraditados, cada vez más aislados, perseguidos y olvidados por los suyos. Todos aspiran, como es evidente, a hacerse pasar por exiliados políticos como otros lo fueron en el siglo pasado, pero no es lo mismo -ni parecido- por mucho que intenten demostrarlo. Su estatus es el de políticos que han delinquido.

En España no hay guerra civil ni falta de libertades; es un país democrático con una Constitución homologable a las más modernas y con una Justicia garantista que vigila por el cumplimiento de las leyes.

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