Un Parlament dividido aprueba la ley del referéndum y pone la directa hacia el 1-O

Junqueras (i) y Puigdemont (c) aplauden tras la votación. / Albert Gea (Efe)

Los independentistas anuncian que declararán la secesión el 4 de octubre

CRISTIAN REINOBarcelona

La Cámara catalana dio hoy su paso más trascendental desde la recuperación de la democracia y la creación del Estado de las Autonomías. Con los votos de Junts pel Sí y la CUP, que tienen la mayoría absoluta, el Parlamento catalán aprobó la norma que debe servir de base legal para la celebración de la consulta del 1-O y que contempla la declaración de la secesión el 4 de octubre siempre que gane el 'sí'.

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El independentismo consumó el desafío y puso la directa hacia la ruptura con el resto de España, en un debate y una votación, que escenificaron la división en la política catalana como consecuencia del proceso soberanista. Y es que, poco antes del momento de la votación, Ciudadanos, PSC y PP se ausentaron del hemiciclo, mientras que Catalunya Sí que es Pot (rota internamente) se abstuvo. Los diputados del PP dejaron banderas catalanas y españolas sobre sus escaños aunque una diputada de Podemos quiso retirarlas. Fue el último capítulo de una sesión, histórica para los independentistas y lamentable, dantesca y vergonzosa para la oposición, en la que la crispación fue la nota característica de una larga jornada parlamentaria, que arrancó a las nueve de la mañana y acabó sobre las nueve y media de la noche.

La Mesa del Parlamento autonómico se reunió hasta en cinco ocasiones, con las respectivas interrupciones del pleno, propiciadas por la oposición que llevaba la consigna clara de obstaculizar el pleno al máximo. Con dos objetivos: ganar tiempo para tratar de impedir la tramitación, lo que hubiera supuesto un duro golpe para los secesionistas en su día 'D', en el día en que anunciaron que ya serían soberanos; y por otro, para responder al secesionismo con su misma medicina.

Si el referéndum es una cuestión de democracia, según afirman los soberanistas para defender la consulta, desde el frente no secesionista les recordaron que también tienen que cumplir los procedimientos y los reglamentos parlamentarios. Y ahí, los grupos de la oposición encontraron un filón para atacar a la mayoría que da apoyo al Gobierno de Puigdemont. A menos de un mes para el referéndum, Junts pel Sí y la CUP demostraron que tienen prisa, que tienen mucho trabajo aún por hacer antes del 1-O y la oposición denunció «atropellos democráticos», «cacicadas», «prácticas antidemocráticas», «vulneración de los derechos de los parlamentarios» por la forma elegida por Junts pel Sí y la CUP para tramitar la ley.

La premura del tiempo obligó a los secesionistas a optar por una tramitación de urgencia, tras cambiar el orden del día una vez empezó el pleno, en la que los grupos opositores no pudieron presentar enmiendas a la totalidad ni pedir informes al Consejo de Garantías Estatutarias (el órgano autonómico encargado de dictaminar si una ley se ajusta al Estatuto y a la Constitución) y omitiendo un informe de este propio organismo, que avisó a la mayoría soberanista que los grupos deben tener la potestad de pedir dictámenes al Constitucional catalán.

Cs, PSC y PP abandonan el pleno; Forcadell escucha a los diputados y el resultado de la votación.

Soberanía

En cualquier caso, a día de hoy, a los secesionistas les importa bien poco lo que pueda decir este organismo, teniendo en cuenta que la ley del referéndum desafía toda la normativa vigente y hace borrón y cuenta nueva con la Constitución y el Estatuto. «Hemos aprobado una ley para poder votar», afirmó Lluís Corominas, de Junts pel Sí. «Queremos conseguir la independencia, hoy empieza todo», añadió. Para Anna Gabriel, de la CUP, Cataluña abandonó el autonomismo y entró de pleno en la «soberanía».

Esta es la idea de fondo que proclama la ley del referéndum, que declara a Cataluña como sujeto «político soberano», que como tal «ejerce el derecho a decidir libremente democráticamente su condición política». La norma crea un régimen jurídico excepcional que prevalece jerárquicamente sobre la Constitución y sobre «todas aquellas leyes con las que pudiera entrar en conflicto, en tanto que regula el ejercicio de un derecho fundamental e inalienable del pueblo de Cataluña».

Cinco años después del inicio del proceso soberanista catalán, que arrancó con la manifestación de la Diada de 2012 y con la convocatoria electoral de Mas, el secesionismo dio el salto definitivo hacia la desconexión, a pesar de que no cuenta con la mayoría de los votos (sí de escaños), ya que Junts pel Sí y la CUP sumaron en las elecciones de 2015 el 47% de los sufragios.

Todos los miembros del Ejecutivo estampan su rúbrica en el decreto de convocatoria

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, consumó el desafío al Estado central y firmó el decreto de convocatoria del referéndum, que llama a los catalanes a votar en la consulta del próximo 1 de octubre. En un acto solemne celebrado en la Cámara catalana poco después de que el Parlamento autonómico aprobara la ley del referéndum, Puigdemont reunió a su gobierno y estampó su rúbrica en un documento, que convoca por primera vez en España un referéndum sobre la independencia, ignorando la Constitución y el Estatuto catalán y sitúa al Gobierno catalán en el límite legal. En parte, porque el documento lo firmaron todos los miembros del Ejecutivo catalán, que se exponen a una querella de la Fiscalía por desobediencia, pues todos ellos están avisados (Puigdemont hasta en cinco ocasiones) por el Tribunal Constitucional de que no pueden impulsar ninguna iniciativa que desarrolle el referéndum. Si lo hacen, podrían acabar inhabilitados, como Mas, Ortega, Rigau y Homs en el 9-N.

Puigdemont, afirmó, no obstante: “Ningún tribunal decidirá por nosotros”. “Nadie tiene la autoridad de incautarnos el derecho a decidir, no nos dejaremos expropiar este derechos, no dejaremos anular nuestros derechos humanos”, expresó en una declaración institucional, poco después de firmar el decreto.

Después de cinco años de proceso soberanista, el independentismo puso ayer los pilares del tercer intento de romper con el resto de España en un lustro. El primero fue en el 9-N de 2014 y derivó en sucedáneo de consulta, aunque sus impulsores hayan acabado inhabilitados y ahora corren el riesgo de perder su patrimonio, según la causa que tienen abierta por el Tribunal de Cuentas. El segundo fue en el 27-S de 2015 y, aunque desde el secesionismo se vendió como el referéndum definitivo, no lo fue, pues incluso la CUP reconoció la derrita en el plebiscito. La consulta del 1-O será un intento de a la tercera va la vencida para los independentistas y supondrá la culminación de la promesa que el presidente de la Generalitat hizo hace un año en sede parlamentaria: “Referéndum o referéndum”, avisó, a pesar de que la celebración de una consulta soberanista no formaba parte del programa de Junts pel Sí y la CUP. De hecho, fue un reconocimiento implícito por parte del presidente dela Generalitat de que la promesa de la independencia exprés no podría ser posible. El programa electoral de las dos formaciones secesionistas planteaba la proclamación de la independencia en 18 meses. Ese periodo ya se ha agotado y el secesionismo se la juega a todo o nada con el referéndum. Porque su convocatoria no presupone que pueda llegar a celebrarse. De hecho, la convocatoria del 1-O lo que hace es dar el pistoletazo de salida al enfrentamiento entre la administración central y la autonómica. Puigdemont insistió que el 1-O los catalanes votarán, y que el referéndum les “vinculará”. “Defenderemos hasta el final el derecho de los catalanes a decidir”, dijo. Pero el Gobierno central lleva meses diciendo lo contrario y esta semana ya ha avisado que retirará las urnas. La ley del referéndum y el decreto de convocatoria serán hoy suspendidos por el Tribunal Constitucional. La intención de Puigdemont y Junqueras es seguir hasta el final, pero está por ver hasta dónde pueden llegar.

En cualquier caso, la CUP marca el camino unilateral y si Junts pel Sí y la CUP quieren mantener la mayoría parlamentaria tienen que someterse al dictado de los anticapitalistas, que se sienten cómodos conjugando el verbo desobedecer y que en las próximas semanas apretarán para que los miembros de la Generalitat no se arruguen. También el independentismo civil presionará desde la calle, amenazando con convertir las manifestaciones, como la de la Diada, en protestas permanentes, en una especie de Maidán a la catalana.

Al cierre de esta edición, la Cámara debatía, pasada la media noche, el nombramiento de la sindicatura electoral.

El objeto de la ley es regular la celebración del referéndum, sus consecuencias en función del resultado y la creación de la sindicatura electoral. Según destacó Corominas, el referéndum tendrá carácter «vinculante», no tendrá un mínimo de participación para consumar la secesión y la ley fija la pregunta que se someterá a votación: «¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?». Los secesionistas celebraron la jornada como una conquista democrática y expresaron su intención de llegar hasta el final en la celebración de la consulta. La ley del referéndum prevé que se declare de manera inmediata la república catalana en caso de que el 'sí' gane el 1 de octubre, establece que se abra el proceso constituyente en los dos días siguientes y crea una sindicatura electoral de cinco miembros.

Ciudadanos habló de golpe a la democracia y anunció la presentación de una moción de censura para convocar elecciones. Desde el PP, mientras, aseguraron que Cataluña no será nunca una república independiente. «Esto es un engaño y una estafa democrática», dijo Xavier García Albiol. «Sufrirán las consecuencias», advirtió. Miquel Iceta (PSC) recordó el informe que los letrados de la Cámara catalana elaboraron antes del inicio del pleno, en el que se avisaba a los grupos independentistas que la tramitación de la ley del referéndum está afectada por el deber de cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional. Avisaban además que esta ley tiene una «relación directa» con las resoluciones suspendidas y por tanto entienden que los miembros de la mesa están obligados a impedir o paralizar cualquier iniciativa que omita la nulidad de las resoluciones parlamentarias afectadas por las sentencias del constitucional. Los juristas de la Cámara catalana avisaron además a los miembros de la mesa que el incumplimiento de este deber puede dar lugar a la exigencia de responsabilidades en los términos que advierten las resoluciones del Tribunal Constitucional.

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