El «proceso» se ahoga

Forcadell ha tenido que digerir que el propio secretario general del Parlamento se negase a publicar en el Boletín oficial de la institución el proyecto de ley, manifiestamente inconstitucional

ANTONIO PAPELLMadrid

La CUP ha pretendido siempre –y ayer lo recordó en una manifestación madrugadora a las puertas del Parlament para recordar quién inspira realmente le proceso— ignorar las reglas del Estado de Derecho, romper la baraja de la legalidad y y avanzar a las bravas hacia la independencia. Y esto es lo que pretendía hoy hacer Forcadell, al frente de sus huestes soberanistas, en una fugaz sesión parlamentaria encaminada a aprobar la ley del Referéndum. Pero el rozamiento ha sido mucho mayor que lo esperado y el viaje a la arcadia feliz de la independencia está a punto de embarrancar definitivamente.

La indecencia del procedimiento exprés, desautorizado por el Constitucional, se ha evitado y se ha sustituido por otro reglamentario pero retorcido por la interpretación de la mayoría de la Mesa. Por eta vía procesal, y con ingenuidad, se pretendía aprobar a toda prisa la ley del Referéndum para que de inmediato el Gobierno de la Generalitat aprobase el decreto de convocatoria, firmado por todos los consejeros para diluir responsabilidades. Así –pensaban- el Tribunal Constitucional no tendría tiempo de declarar la nulidad de la indecorosa ley, que es nula de pleno derecho por simple sentido común: una comunidad autónoma sólo puede legislar sobre los asuntos de su competencia, y h hacerlo conforme a los procedimientos establecidos. En cualquier caso, los tres grupos parlamentarios no soberanistas han puesto los palos que han podido en las ruedas del ‘procés’, para afear la falta de decoro de una mayoría que impone su criterio por el procedimiento de negar la palabra y el debate al adversario.

Pero no solo la oposición ha enseñado los dientes: Forcadell ha tenido que digerir que el propio secretario general del Parlamento se negase a publicar en el Boletín oficial de la institución el proyecto de ley, manifiestamente inconstitucional. Y ha recibido un informe de los letrados de la Cámara que le han recordado que se disponía a desobedecer al Tribunal Constitucional, cuyas sentencias proscribían tajantemente cualquier acto jurídico encaminado a facilitar la celebración del referéndum. Es muy ilustrativo y tranquilizador constatar que los servidores públicos no acompañan en su delirio a los políticos fanatizados y enfebrecidos.

Pues bien: también el Gobierno se ha aferrado a las sentencias ya dictadas por el TC, y, en cuanto el proyecto de ley ha sido admitido a trámite por la Mesa, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha ordenado a la Abogacía del Estado interponer un incidente de ejecución de sentencia en el Tribunal Constitucional para que se declaren nulos los acuerdos que pueda adoptar hoy el Parlament, empezando por la aprobación de la Ley del Referéndum. No hace falta un nuevo recurso. Además, el Gobierno reclama al TC que tome declaración a la Mesa de la Cámara para depurar las responsabilidades penales que puedan corresponder a su presidenta, Forcadell, y a los miembros que hubieran votado afirmativamente a la admisión a trámite del sedicioso proyecto de ley.

Mañana, jueves, a primera hora, el TC asumirá este asunto y resolverá también la recusación de sus miembros que ha realizado Forcadell ara ganar tiempo. La jurisprudencia otorga al propio Tribunal plena capacidad para resolver esta recusación, ya no que existe instancia superior que pueda hacerlo. Y también mañana se celebrará un consejo de Ministros, que recurriría el decreto de convocatoria del referéndum si se hubiera dictado para entonces.

Es manifiesto que el ‘proceso’ se ahoga en vía judicial, pero también en el territorio institucional y social. Hoy, las tres grandes asociaciones judiciales han manifestado al unísono que no aplicarán las llamadas leyes de desconexión. Advierten que el Gobierno de la Generalitat tiene la “intención de subvertir el orden constitucional en Catalunya, arguyendo una falsa legitimación democrática”. Además, fuentes sindicales de los mossos d’esquadra han confirmado discretamente su intención de estar el 1 de octubre a disposición de los jueces, en funciones de policía judicial.

Por supuesto, los grandes partidos, PSOE y Ciudadanos, respaldan explícita y activamente al Gobierno en este designio de preservar el principio de legalidad a toda costa y sin concesiones. Tan sólo Podemos, quizá pensando que el conflicto catalán debilita el régimen del 78, mantiene su inaceptable ambigüedad, que sin duda recordarán puntualmente los ciudadanos de este país cuando llegue la hora de votar de nuevo.

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