El Estado contra la arbitrariedad

ANTONIO PAPELLMadrid

La democracia es siempre una combinación de normas y formalidades. Las leyes procesales son básicas para garantizar el cumplimiento de las grandes normas dispositivas. Sin reglas de juego bien establecidas, consensuadas y conocidas por todos no hay, no puede haber, ni un pluralismo político cabalmente organizado ni siquiera una competición cabal en cualquier deporte en que los contendientes tengan ocasión de mostrar sus aptitudes.

Viene esto a cuento, es obvio, de lo sucedido ayer y hoy en el parlamento de Cataluña. El letrado mayor y el secretario general de la Cámara advirtieron a la presienta Forcadell de que el art. 81.3 del Reglamento que iba a aplicarse para tramitar la ley del Referéndum era “de características parecidas” al nuevo artículo 135, de elaboración exprés de las normas, que ya fue ilegalizado por el TC; los letrados avisaron asimismo a la mesa de que la tramitación del proyecto de aquel exótico proyecto de ley contravenía sucesivas resoluciones del Tribunal Constitucional que habían proscrito cuantas actuaciones tendieran a auspiciar la celebración de la consulta; el secretario general de la cámara se negó a publicar en el Boletín Oficial del legislativo catalán el proyecto de ley manifiestamente inconstitucional y Forcadell hubo de encargarle la tarea a un diputado afín; Forcadell prohibió arbitrariamente las enmiendas a la totalidad y dio un tiempo ridículo para la presentación de las ordinarias; la presidenta de la Cámara desconoció el derecho de los diputados a solicitar el preceptivo dictamen del Consejo de garantías Estatutarias… En definitiva, se violentaron todas las reglas establecidas para proceder a una votación a la que, lógicamente, no quiso asistir la oposición, que había sido privada de sus derechos más elementales. Hoy, el ritual se repite casi al milímetro con el proyecto de ley de transitoriedad jurídica o ley de desconexión.

Ocioso es decir que ambas leyes son nulas de pleno derecho incluso a los ojos de un profano porque la cámara catalana ha legislado sobre materias que no forman parte de las competencias que incumben a comunidad autónoma y porque violentan de forma burda y brutal la Constitución española, de la que emanan los estatutos de autonomía y, consiguientemente, la propia existencia del parlamento catalán. Pero aunque lo legislado no adoleciera de esta insolvencia descalificante, la violación de los procedimientos invalidaría por completo la norma producida, antes incluso de que el Tribunal Constitucional responda al requerimiento del consejo de ministros con la admisión a trámite del correspondiente recurso contra todos los desmanes jurídicos, que implica la suspensión automática de las normas recurridas.

En definitiva, el camino de ruptura elegido por el soberanismo para sacar adelante sus objetivos está siendo un constante alarde de arbitrariedad, que el Estado no ha podido tolerar ni mucho menos convalidar. Como ha recordado hoy el presidente Rajoy al término del consejo de ministros extraordinario, las leyes y la Constitución no son inmutables y pueden ser reformadas, siempre que se haga por la vía prevista y convenida por todos. Lo intolerable es que se traten de conseguir metas mediante el quebrantamiento de la ley.

Por todo ello, el Estado habrá de aplicar todos los medios a su alcance para detener el desafuero. Y ello se hará con una fuerza inusitada porque las principales fuerzas políticas democráticas apoyan inequívocamente al Gobierno en la gestión de una crisis en que lo más claro es que quienes quieren subvertir el orden democrático encontrarán enfrente el muro implacable de la legalidad.

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