Colau da largas a Puigdemont con la cesión de locales para la consulta

Colau (i) posa con Puigdemont. / Rubén Romero (Efe)

Unos 600 municipios de Cataluña, dos terceras partes del total, confirman que colaborarán con el referéndum

CRISTIAN REINOBarcelona

El Ayuntamiento de Barcelona no cederá de momento locales para la celebración del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña. El Consistorio gobernado por Ada Colau, como los otros 946 que hay en Cataluña, recibió hace dos días un requerimiento del presidente de la Generalitat en el que se le instaba a confirmar si colaborarían o no con la consulta.

La corporación barcelonesa evitó hoy confirmar si cederá o no locales municipales para que acojan los colegios electorales, como en las elecciones convencionales. El Ayuntamiento de la capital catalana había empezado a preparar la relación de locales municipales, hasta 260, para colaborar en la logística del 1-O. Pero la suspensión decretada por el Constitucional de la ley del referéndum y del decreto de convocatoria ha paralizado todo el proceso. Colau quiere que la Generalitat informe a los gobiernos locales cómo les afecta la decisión judicial.

«No podemos hacer ver que no ha pasado nada», afirmó hoy el teniente de alcalde, Gerardo Pisarello. Colau trata de ganar tiempo y le pasó la patata caliente al Ejecutivo autonómico. Después de recibir el ultimátum de la Presidencia de la Generalitat, la alcaldesa de Barcelona envió hoy una carta a Puigdemont en la que le solicita que informe sobre qué tiene previsto hacer para garantizar la participación sin poner en riesgo a la institución y los funcionarios una vez que el Tribunal Constitucional ha suspendido el 1-O.

Sin el concurso de Barcelona en el referéndum, el gobierno catalán tendría un problema muy serio con la organización de la consulta, aunque el decreto de convocatoria ya contemplaba facilitar locales de titularidad autonómica y de los consejos comarcales en aquellas localidades donde los gobiernos municipales decidan no colaborar en la logística. De hecho, poco después de conocerse la posición dubitativa de Barcelona, desde el Ejecutivo de Cataluña trasladaron a la parroquia soberanista que no hay que «preocuparse por las cuestiones logísticas».

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El Ayuntamiento quiere ir con pies de plomo y no quiere dar pasos en falso que le podrían comprometer muy seriamente. En cuanto Colau recibió el requerimiento de la Generalitat, se lo trasladó a su secretario municipal para que hiciera un informe jurídico. «Aún no tenemos ningún informe del secretario», expresó el teniente de alcalde. El informe, sin embargo, existe y en él se afirma que el Ayuntamiento vulneraría la legislación si cede inmuebles propios para una votación ilegal. El dictamen compromete a la alcaldesa que siempre se ha mostrado dispuesta a colaborar con el referéndum, pero también a cumplir las indicaciones de sus servicios jurídicos.

Pero Colau tiene un problema. Los dirigentes de su partido están por el referéndum unilateral e incluso estarían dispuestos a votar que sí a la secesión, como es el caso de Pisarello, Jaume Asens o incluso Xavier Domenèch, pero su base electoral es más heterogénea y el apoyo electoral en las municipales de 2015 le llegó mayoritariamente de los sectores menos soberanistas. Algunas encuestas, en cualquier caso, afirman que entre el 20 y el 30% del electorado de los comunes estaría a favor de la secesión, por lo que Colau tiene que hacer juegos de equilibrios y llevar al extremo la ambigüedad. Solo así se puede decir en una misma frase que el Ayuntamiento tiene un compromiso «pleno» y «absoluto» con que la gente pueda expresarse libremente en una consulta «siempre que no se ponga en riesgo a los funcionarios o a la propia institución», según afirmó Pisarello.

Críticas

La líder de la CUP en el Ayuntamiento de Barcelona, Maria José Lecha, ha criticado este viernes que la alcaldesa, Ada Colau, y su gobierno están "del lado del PP, de Cs y todos los que aplauden la demofobia" y rechazan el referéndum del 1 de octubre. Ha garantizado que en Barcelona se podrá participar, porque "la gente hará que se pueda votar" aunque el Gobierno municipal ignora la voz del pueblo, según ha declarado durante una concentración ante el Ayuntamiento en defensa del 1-O, en la que han participado unas 800 personas. "Lo que nos toca es calle y calle, con tranquilidad, para visibilizarnos, para pedir las urnas y luchar por una democracia que rompe con toda la transición del 78 y contra una monarquía caduca, retrógada e impuesta", ha añadido.

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, ha exigido a Colau que "ponga fin al suspense del suspenso, acabe con su ambigüedad" y rechace de forma expresa la cesión de locales municipales para la celebración del referéndum secesionista. Durante su intervención en la mesa de debate 'Una mirada a las ciudades del futuro', en la 23 Unión Intermunicipal Popular que se celebra en Zaragoza, Fernández ha lamentado que "no son momentos fáciles ni para Cataluña ni para España" y ha advertido de que "más que nunca tenemos que actuar y responder con sentido común, con sentido de la responsabilidad y con sentido del Estado que nos lleve a responder con firmeza en el pulso".

Los grandes no colaboran

Más allá de la posición de Barcelona, que sigue sin estar clara, la organización del referéndum recibió un duro golpe por parte de algunos de los principales ayuntamientos de Cataluña, al menos los más poblados, que se desmarcaron de la orden enviada por el Gobierno catalán para que faciliten locales que sirvan como colegios electorales.

Aunque algo más del 60% de los municipios catalanes han respondido al Gobierno catalán mostrando su absoluta disposición a colaborar, las localidades más pobladas rechazan ceder locales. Es el caso de Hospitalet de Llobregat, Tarrasa, Lérida, Tarragona, Mataró, Santa Coloma de Gramanet, Cornellá de Llobregat, San Baudilio de Llobregat, Viladecans, El Prat de Llobregat y Casteldefels. Todos ellos en manos socialistas, y que sumados con Barcelona completan cerca de tres millones de habitantes, el 40% de la población catalana. Solo en Barcelona viven 1,6 millones de personas. Sin la capital catalana, por su población y su impacto mediático e internacional, el referéndum no es posible.

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