Los Mossos achacan a borrachos y periodistas los daños en coches de la Guardia Civil

Josep Lluís Trapero./Reuters
Josep Lluís Trapero. / Reuters

Un informe atribuye a Trapero la orden de corregir 11.000 actas de actuaciones policiales para evitar ulteriores acusaciones

R. C.Madrid

Los Mossos temieron que hubiera hechos violentos frente a la Consejería de Economía durante el registro del pasado 20 de septiembre, pero los mandos del cuerpo no creyeron necesaria reforzar la dotación de una docena de policías a pesar de que los manifestantes se contaban por miles. Esta fue la versión que dieron hoy ante el juez el sargento y el inspector que acompañaron a los agentes de la Guardia Civil y a la secretaria judicial que practicaron el registro.

Señalaron que el principal temor de los guardias civiles era que los manifestantes se apoderaran de las armas que habían dejado en los coches tras abandonarlos al verse rodeados por la multitud. Alguien robó un subfusil, pero lo devolvió. Los mandos señalaron además que los desperfectos en los coches fueron obra de periodistas que se subieron encima para cubrir la información y borrachos que a última hora también se encaramaron en los patrulleros.

Pero fue lo menos que podía ocurrir, explicaron el sargento y el inspector, porque el riesgo de actos violentos más graves era real ante «la masa» concentrada para impedir el registro de la Consejería, y que según los Mossos ascendía a 40.000 personas. Pese a ello, la intendente Teresa Laplana, investigada por sedición en la Audiencia Nacional, negó los refuerzos. Ante la imposibilidad de cargar y despejar la zona, idearon la fuga de la secretaria judicial por la azotea del edificio.

Diez días después de aquellos incidentes, se celebrço el referéndum ilegal del 1 de octubre, en el que, según un informe de la Guardia Civil, los mandos de los Mossos ordenaron a los agentes que no colaboraran en el desalojo de los colegios ni en la requisa de urnas y papeletas. El documento, que se basa en los correos del mayor Josep Lluís Trapero, señala que los Mossos conocían los planes para celebrar la votación y ocupar los colegios, pero tenían la orden de no intervenir y dejar «solos» a los policías y guardias civiles.

El informe, entregado a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, también apunta que Trapero ordenó el 13 de octubre a los mandos de los Mossos que corrigieran 11.000 actas del dispositivo desplegado el 1-O para evitar posteriores acusaciones. «Tenemos que ser muy conscientes de que con diez ejemplos de actos o vídeos de actuaciones poco rigurosas, la Guardia Civil y la Fiscalía construyen el delito de sedición. Hay que tener mucho cuidado en no dar facilidades», habría dicho el máximo responsable operativo de los Mossos, según el informe de la Guardia Civil.

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