Llarena pide explicaciones a Montoro tras negar que el 1-O se pagara con dinero público

Montoro revisa sus notas en su escaño del Congreso, en el debate de las enmiendas parciales a los Presupuestos de 2017./EFE
Montoro revisa sus notas en su escaño del Congreso, en el debate de las enmiendas parciales a los Presupuestos de 2017. / EFE

Varios imputados han esgrimido las declaraciones del ministro de Hacienda para rebatir la malversación

Melchor Sáiz-Pardo
MELCHOR SÁIZ-PARDOMadrid

La investigación judicial sobre el 'procés' toma una derivada inesperada con el choque entre el juez del Supremo Pablo Llarena y el Gobierno. El magistrado teme que una de las vigas que sostienen su imputación contra los líderes independentistas, la malversación de fondos públicos en el referéndum ilegal del 1 de octubre, se venga abajo por unas declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien aseguró que el Gobierno de Carles Puigdemont no usó dinero público para financiar la consulta.

El tema no es baladí, reconocen en altas instancias del Supremo, habida cuenta de que la entrega de Puigdemont, una vez que la justicia alemana ha rechazado en primera instancia su extradición por el delito de rebelión, solo se sostendría en una malversación que el máximo responsable de Hacienda ha negado ahora. De ahí la fulminante reacción del instructor ante el riesgo de quedarse sin un poderoso argumento para procesar a los encausados y reclamar a Bélgica, Alemania y Reino Unido la entrega de los huidos.

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Llarena, en una requisitoria inédita, ordenó ayer al propio Montoro que explique qué pruebas tiene para contradecir al Supremo. El ministro, en una entrevista el pasado lunes al diario 'El Mundo', dijo: «Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público», para luego matizar que solo una «falsificación» de algún funcionario podría haber colado esa partida irregular.

A última hora del día Hacienda emitió un comunicado para valorar «positivamente» el requerimiento del juez al considerar que le dará la oportunidad de aportar al Supremo «las actuaciones de control de los presupuestos catalanes», algo que el departamento de Montoro asegura que «hasta ahora no se había solicitado», en una acusación velada al tribunal.

Antes, portavoces de Hacienda ya habían explicado que las palabras del ministro solo se referían al FLA, un sistema de financiación extraordinario por el que el Ministerio paga directamente a los proveedores sin que medie intervención alguna del Ejecutivo catalán. Otra cosa, insistieron las fuentes, es que alguna de esas facturas sea falsa, por lo que Hacienda ya ha pedido requerimientos con información extra.

El departamento de Montoro intervino las cuentas de la Generalitat en septiembre pasado, dos semanas antes del referéndum, y desde entonces fiscaliza todos los pagos, incluidos los que se hacen con los adelantos a cuenta de la financiación autonómica que necesitan ser visados por la interventora general en Cataluña. Pero este control tiene más agujeros porque no son pagos directos.

El juez exige al ministro pruebas de que ni un euro público ha financiado el 'procés', y que le informe «a la mayor brevedad posible» sobre el «soporte objetivo concreto de sus declaraciones en las que supuestamente expresó tener certeza de la ausencia de gasto público en la organización de la votación del 1-O en Cataluña».

Hacienda valora que el Supremo por fin solicite los mecanismos de control de las cuentas catalanas

El juez Llarena ya anticipa a Cristóbal Montoro que sus palabras han «contradicho las fuentes de prueba que figuran en la instrucción de la causa». Según el propio auto de procesamiento dictado por Llarena el pasado 23 de marzo, y que esta semana ha comenzado a comunicarse a los imputados, el Gobierno catalán sí usó fondos públicos para financiar no solo la logística del día de la consulta, sino también los preparativos del referéndum.

El magistrado, basándose en los informes de la Guardia Civil, aseguró que «los gastos públicos, que necesariamente habían de realizarse o comprometerse para la realización del referéndum que convocaron los integrantes del Gobierno, conforme a la evaluación hasta ahora practicada sumaron un importe de 1.602.001,57 euros», divididos en cuatro apartados: campaña de registro de catalanes en el extranjero para la emisión de su voto (224.834 euros), campaña de publicidad y difusión del referéndum (277.804 euros), suministro de papeletas, censo electoral y citaciones de personas integrantes de las mesas electorales, realizados por la empresa Unipost (979.661 euros) y participación de observadores internacionales en el proceso (119.700 euros).

Esas mismas cantidades y explicaciones que las palabras de Montoro parecen desmentir figuran en la ampliación a la euroorden de que Llarena envió a las autoridades alemanas el pasado 5 de abril cuando el tribunal de Schleswig-Holstein, tras negar la entrega de Puigdemont, pidió más información al Supremo sobre la malversación.

«Objetadas»

El problema, según desvela el propio juez Llarena en su resolución de ayer, es que las declaraciones de Montoro no solo podrían frustar la entrega de Puigdemont, sino que están siendo «objetadas por varios de los procesados en las declaraciones indagatorias celebradas los días 17 y 18 de abril de 2018» para defender «la injustificación del delito de malversación de caudales públicos por el que han sido procesados y por el que se ha librado orden europea de detención contra otros».

El pasado lunes, Oriol Junqueras, exvicepresidente y responsable de las finanzas de la Generalitat como exconsejero de Economía, recordó al juez los comentarios de Montoro antes de volver a asegurar que «no se ha dedicado un solo euro del presupuesto al proceso».

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