CASO ERE

Chaves mantiene que conocía que existían las ayudas sociolaborales pero «no cómo se gestionaban»

Manuel Chaves. / AFP

«Me parece difícil pensar que se pudiera establecer un procedimiento conscientemente ilegal o que se hiciera para burlar la ley»

CECILIA CUERDOSevilla

El expresidente Manuel Chaves, defendió este lunes ante el tribunal que enjuicia la pieza política de los ERE que la situación de crisis de las grandes empresas de la región era conocida y debatida en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, pero solo en líneas generales y para acordar la puesta en marcha de algún plan de viabilidad, pero ha dicho desconocer «cómo se daban esas ayudas» o la cuantía de las mismas. «No sabía ni me correspondía saberlo», ha dicho. Así, ha planteado que le parece «muy difícil pensar que se pudiera establecer un procedimiento conscientemente ilegal o que se hiciera para burlar la ley», dado que las ayudas aparecían recogidas en los acuerdos de concertación suscritos con sindicatos y patronal, y que alcanzaban rango de ley.

Durante el interrogatorio realizado por el fiscal anticorrupción, que le pide diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, Chaves ha dejado cualquier responsabilidad sobre las supuestas ayudas, estimadas en 741 milloones, en la gestión llevada a cabo por la Dirección general de Trabajo y la Consejería de Empleo. «Mi única labor era que se pusiera en marcha un plan de viabilidad que diera lugar a un plan de industrial; cómo se hiciera, cómo se negociara, no correspondía a mi ámbito político de decisión», ha dicho. Y ha hecho frente a la acusación del ministerio público de no poner freno a esas supuestas irregularidades, detectadas en una decena de informes de la Intervención y relacionadas con la vía escogida para el pago de las ayudas, insistiendo en que nunca le transmitieron deficiencia alguna ni en las memorias de la Intervención aparecieran datos para «hacer saltar las alarmas».

Chaves, que fue presidente de la Junta de Andalucía durante 19 años, ha dicho que conocía la existencia de una normativa de ayudas sociolaborales reglada y otra extraordinaria, pero que no tenía por qué conocer cuál se aplicó a las empresas en crisis, tampoco los requisitos necesarios o a quien podía beneficiar. «Y no por dejación de funciones, sino porque en la estructura de confianza del gobierno eran otros, los consejeros y directores generales, quienes ponían en marcha ese plan de viabilidad a través de una negociación».

Así, al consejo de Gobierno llegaban los datos generales o el plan social establecido para tratar de mitigar la repercusión social y política de la crisis de alguna empresa, «pero ni sabía ni tenía por qué conocer el contenido del mismo». «Mi única labor era que se pusiera en marcha un plan de viabilidad que diera lugar a un plan de industrial; cómo se hiciera, cómo se negociara, no correspondía a mi ámbito político de decisión», zanjó.

El fiscal también le ha inquirido acerca de la partida 31-L,de la que se nutrían las ayudas sociolaborales, a lo que el expresidente socialista ha asegurado que la conoció ya durante la causa. Y ha justificado este desconocimiento en que el presupuesto regional «es complejo, 30.000 millones, más que algunos países UE; con una media de 140 programas y miles de aplicaciones presupuestarias», y que en el consejo de Gobierno se discutía sobre la globalidad. «Por tanto era imposible que un consejo de gobierno pudiera debatir y conocer hasta 180 programas presupuestarios», ha concluido, subrayando que en cualquier caso, el montante anual de la 31-L ascendía a unos 70 millones, «ni el 0.3 por ciento, según he visto» en las sesiones.

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