El juez archiva la demanda contra el embajador de Kabul por el atentado que acabó con la vida del leonés Gabi Sanmartín

Entierro de Isidro Gabino en La Bañeza.
Entierro de Isidro Gabino en La Bañeza.

Los querellantes argumentaron que la embajada contaba con carencias en materia de seguridad desde su construcción en 2008, deficiencias que fueron comunicadas al embajador y al Ministerio de Asuntos Exteriores

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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado la investigación al embajador español en Kabul, Emilio Pérez de Agreda Saez, al descartar que sea responsable de los fallos de seguridad en la legación española, en la que murieron dos policías en diciembre de 2015 por un atentado talibán, entre ellos el leonés Isidro Gabino Sanmartín.

El diario ABC publica que el magistrado reconoce que España «debió mucho antes adecuar las medidas de seguridad», pero descarta que el embajador y su segundo, Oriol Solá, que también estaba imputado, sean los responsables de ello.

En un auto, Pedraz acuerda el sobreseimiento libre -el definitivo, que impide reabrir la causa- de la investigación contra el embajador y su segundo, al no poder concluirse que ellos sean «responsables de delito alguno».

La embajada española en Kabul se encontraba fuera del espacio de seguridad de la capital de Afganistán, por lo que era un objetivo especialmente vulnerable frente a posibles atentados de los grupos talibanes, relata el magistrado.

El aviso de los servicios de información franceses, que aquella mañana advirtieron del riesgo de un atentado, se expresó en términos genéricos y no se refirió a la embajada española, sino a embajadas en la zona verde, fuera del perímetro de seguridad, o próximas, explica también el magistrado en el auto. El embajador y su segundo no pudieron evitar con sus acciones «el desgraciado siniestro», concluye el juez.

Este atentado, un ataque contra la embajada española, tuvo lugar el 11 de diciembre de 2015 y provocó la muerta del subinspector de la Policía Nacional Jorge García Tudela y del policía nacional Isidro Gabino Sanmartín. Los querellantes (familiares de uno de los fallecidos y de algunos de los heridos) alegaron que el embajador y su segundo no atendieron las peticiones de mayor seguridad.

Los querellantes argumentaron que la embajada contaba con carencias en materia de seguridad desde su construcción en 2008, deficiencias que fueron comunicadas al embajador y al Ministerio de Asuntos Exteriores. A pesar de las peticiones de mayor seguridad, el embajador «nunca las atendió: ni sobre las deficiencias de estructuras ni las rutas y horarios del personal, manteniendo un mutismo absoluto en el Ministerio del que depende pese a los informes del Cuerpo de Seguridad en la materia», según la querella.

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