La juez del 'caso Alsasua' decidirá sobre la denuncia por sedición del 1-O

La juez del 'caso Alsasua' decidirá sobre la denuncia por sedición del 1-O

En un principio había caído por reparto en Ismael Moreno, pero Carmen Lamela estaba de guardia la pasada semana

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela será finalmente quien deba decidir sobre la admisión de la denuncia de la Fiscalía por un delito de sedición en los incidentes contra la comisión judicial de la operación 'Anubis' en Barcelona, cuyos registros y detenciones de la Guardia Civil contra los organizadores del referéndum tuvieron lugar entre el 20 y 21 de septiembre.

La denuncia había recaído por reparto en el Juzgado Central de Instrucción número 2, del que es titular Ismael Moreno, pero, al advertir de que la fecha de los hechos correspondía a la semana en la que estaba de guardia Lamela, compañera del Juzgado número 3, el juez decano de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó que se le remitiera a ella, según han señalado fuentes de este tribunal.

Según las normas de reparto, una denuncia por hechos ocurridos en una fecha determinada corresponde al juzgado que se encontraba de guardia los días en que se produjeron.

Lamela ha instruido, entre otros casos, la agresión a dos guardias civiles y sus parejas el 15 de octubre del año pasado en Alsasua (Navarra), en la que procesó a nueve investigados por delitos de terrorismo en concurso con atentado, lesiones y un delito de odio.

Identificados

La denuncia de la Fiscalía no va dirigida contra nadie en concreto, pero identifica a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y a su presidente, Jordi Sánchez, y al de Òmniun Cultural, Jordi Cuixat, por llamar a la movilización "conscientes de que dificultarían la intervención policial".

A juicio del teniente fiscal Miguel Ángel Carballo, se han impulsado "movilizaciones generalizadas" "para imponer el referéndum independentista inconstitucional por la fuerza de la intimidación, haciendo saber al Estado su intención y capacidad para actuar, incluso violentamente, ante una eventual oposición", lo que sería constitutivo del delito de sedición, con penas de 8 a 15 años de cárcel, según los casos.

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