El informe que acorrala a Trapero

Josep Lluís Trapero./
Josep Lluís Trapero.

La Guardia Civil documenta con fotografías la «inacción flagrante» de los Mossos

Melchor Sáiz-Pardo
MELCHOR SÁIZ-PARDOMadrid

La Guardia Civil ha puesto toda la carne en el asador. Josep Lluís Trapero, condecorado dos veces con la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco, se ha convertido en la bestia negra del instituto armado, que se ha volcado en recabar pruebas para conseguir que el ‘major’ se siente en el banquillo, no solo por desobediencia por no rescatar a los agentes acorralados por la multitud en los registros del 20 de septiembre, sino también por sedición el 1 de octubre y en las jornadas anteriores.

Trapero regresa hoy al tribunal de la calle Génova junto a la intendente del cuerpo, Carmen Laplana, y a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. El ‘major’, a diferencia del pasado 6 de octubre, cuando declaró por primera vez, se enfrentará ahora a más de 300 folios de atestados y anexos, muchos de los cuales están elaborados para probar la «inacción flagrante» de los 16.000 agentes a los que dirige a la hora de cumplir las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de impedir el referéndum.

Entre las pruebas de cargo que el instituto armado ha remitido a la juez Carmen Lamela para sostener sus gruesas acusaciones contra Trapero se encuentra un vasto apéndice fotográfico en el que los investigadores –y solo a modo de adelanto porque el atestado no se ha dado por concluido– incluyen una treintena de grabaciones y fotogramas en los que se aprecia la actitud de los agentes del cuerpo autonómico en la votación del 1-O en las cuatro provincias catalanas.

La Guardia Civil apunta que no solo hay muestras de «inacción total» de los Mossos para impedir el referéndum y las imágenes van mucho más allá porque evidenciarían la supuesta «colaboración» con el referéndum llevándose urnas a los lugares de recuento (extremo negado rotundamente por la Generalitat) mientras son vitoreados por los presentes; enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del Estado; mossos llamando «fascistas» a los antidisturbios de la Guardia Civil; agentes autonómicos tomándose a broma («de manera jocosa») el requerimiento para desalojar un centro de votación; homenajes espontáneos de los congregados por la pasividad de los agentes; mossos en posición de saludo oficial en un colegio mientras la ciudadanía canta ‘Els Segadors’; agentes pidiendo a los congregados que «si pueden» desalojen el centro; o funcionarios haciendo caso omiso a las peticiones de ciudadanos para que actúen en un colegio bajo el argumento de que «cumplen órdenes de sus superiores».

«Último eslabón»

Para la Guardia Civil, «a la vista del número del material que se aporta», no cabe duda de que la actuación de los policías catalanes el 1-O «respondería, más que a conductas aisladas individuales de alguno de los componentes de ese cuerpo policial, a unas instrucciones o pautas actuación de derivadas de la cadena de mando y que encontrarían en su último eslabón en el mayor Josep Lluís Trapero Álvarez, el máximo profesional policial de los Mossos».

El instituto armado señala directamente a Trapero cuando afirma que la cúpula del cuerpo autonómico llegó a «enmascarar esa inacción» con «instrucciones» para cumplir «los principios de actuación policial ampliamente conocidos de proporcionalidad, congruencia y oportunidad», cuando «en la práctica» se ordenó esa «inacción flagrante» que fue la que dejó solas el 1-O a las fuerzas de seguridad del Estado.

Para la Guardia Civil, lo de Trapero no fue solo desobediencia, sino que fue encabezar un delito de sedición dentro de un «plan estratégico hacia la independencia». «Se puso claramente de manifiesto –apuntan los atestados– que la labor de los Mossos pasaba por no actuar y en todo caso llegar a obstaculizar la actuación de aquellas otras policías. Y esa realidad es evidente que no pudo recaer en la voluntad individual de los agentes, sino que más bien respondió un plan premeditado para evitar actuar y que no podía más que proceder de la cúpula policial de Mossos, comandada por Josep Lluís, y en conexión directa con los miembros del comité estratégico (para la independencia), recuérdese, Carles Puigdemont, Oriol Jonqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, entre otros».

La Guardia Civil lleva varios días instando con estas pruebas a la Fiscalía, que no ha tomado aún decisión alguna, para que hoy reclame medidas cautelares contra Trapero para evitar la «reincidencia delictiva». El ilícito al que se enfrenta el jefe policial es el de sedición, que castiga con hasta 15 años de cárcel a quienes «se alcen pública y tumultuariamente» para «impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes», o para «impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales».

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