Hacienda pretende descontar del sueldo de los funcionarios el día de huelga

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. / EFE

El Ministerio se opone así a la intención de la Generalitat de no retener ese dinero en las nóminas, aunque depende de las certificaciones que haga la interventora general de Cataluña

David Valera
DAVID VALERAMadrid

El Ministerio de Hacienda quiere descontar en los sueldos el día de huelga a los funcionarios catalanes que hayan secundado la jornada de protesta de hoy como lo marca la ley 17/1977. Sin embargo, la Generalitat anunció que no aplicaría ninguna penalización en los salarios para animar a los empleados públicos a movilizarse, algo que el departamento que dirige Cristóbal Montoro pretende evitar, según confirmaron fuentes del Ministerio.. Para ello intentará aprovechar que el pago de las nóminas de los funcionarios autonómicos depedende de Hacienda tras haber intervenido las cuentas de la Generalitat hace unas semanas para evitar el desvío de fondos al referéndum ilegal,

Hay que tener en cuenta que el gobierno de Carles Puigdemont ya no cuenta con recursos suficientes para hacer frente a las nóminas de los alrededor de 170.000 funcionarios en el mes de octubre, que deberán ser aportadas por el departamento que dirige Cristóbal Montoro.

Sin embargo, Hacienda no tendrá fácil conseguir el objetivo, ya que la retención se realizará en las nóminas que le certifique la interventora general de la Generalitat y que debe recoger el descuento en aquellos funcionarios que realizaran la huelga. Es decir, es la intervención la que debe indicar a qué empleados aplicar la retención que marca la ley, algo que, dadas las circunstancias, no parece sencillo.

Además, fuentes de Hacienda insisten en que "actuarán" contra la administración pública que incumpla la ley y no aplique esa descuento por el día de huelga en los salarios. Una advertencia velada a la Generalitat, como primera responsable de realizar esa acción. Aunque desde Hacienda no detallaron qué acción podrían llevar a cabo, una de las opciones sería acusar a los responsables de la Generalitat de malversación.

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