Hacienda controlará 3.200 millones de impuestos cedidos y propios de Cataluña

Cristóbal Montoro (i) y María Dolores de Cospedal, en el Congreso. /Javier Lizón (Efe)
Cristóbal Montoro (i) y María Dolores de Cospedal, en el Congreso. / Javier Lizón (Efe)

La aplicación del artículo 155 también permitirá al Estado manejar las 513 empresas públicas dependientes de la Generalitat

David Valera
DAVID VALERAMadrid

Hacienda ya controla gran parte de los recursos de financiación de Cataluña por las medidas coercitivas aprobadas en las últimas semanas. Sin embargo, esa intervención será total si el próximo viernes el Senado aprueba la aplicación del artículo 155 de la Constitución como ha pedido el Gobierno. Ese escenario supondrá, además del cese del vicepresidente catalán y consejero de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras, que el departamento que dirige Cristóbal Montoro pase a supervisar directamente los 3.200 millones de impuestos cedidos o propios de la Generalitat. Ese es el principal objetivo en materia fiscal de las medidas acordadas por el Ejecutivo con las que pretenden evitar que parte de esos recursos se desvíen para fines independentistas.

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El sistema tributario español se divide entre impuestos estatales como Sociedades, IVA, IRPF o Especiales (hidrocarburos, alcohol y tabaco) que recauda directamente la Agencia Tributaria del Estado y que, por tanto, no se ven afectados por la implementación del artículo 155. Sin embargo, las comunidades autónomas sí gestionan los tributos cedidos (aquellos de carácter estatal sobre los que pueden legislar) como el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el Impuesto sobre el Patrimonio. La recaudación de estas figuras que hasta ahora cobraba la Generalitat y que ascendió a 2.615 millones según los Presupuestos autonómicos de 2016 pasarán a estar controlados por Hacienda.

A esta cantidad hay que sumar cerca de 600 millones de ingresos de los impuestos propios, lo que supone un total de 3.200 millones. Los tributos propios son tasas creadas por la Generalitat de Cataluña y la mayor parte de ellos son de carácter medioambiental, pero también está, por ejemplo, el impuesto por alojamiento turístico.

Fuga de empresas

Hasta 1.302 empresas han trasladado el domicilio fiscal fuera de Cataluña desde el pasado 1 de octubre (fecha del referéndum ilegal) en busca de garantizar la seguridad jurídica y tranquilizar a inversores y cliente. Solo el pasado viernes cambiaron su sede 117 compañías, según el Colegio de Registradores. Entre las últimas en tomar esta decisión está el fabricante de electrodomésticos Cata.

Agencia Tributaria Catalana

Aunque los impuestos propios apenas representan el 3% de los ingresos tributarios totales de Cataluña, siempre han significado un constante choque con el Estado. De hecho, varios han sido declaradas inconstitucionales al existir ya a nivel nacional, como ocurrió con el impuesto sobre los depósitos bancarios. Precisamente, la lupa de Hacienda se pondrá sobre estas tasas.

Otra de las consecuencias de la aplicación del artículo 155 será que el Estado pasará a controlar los 513 organismos públicos (consorcios, fundaciones o sociedades mercantiles) dependientes de la Generalitat. El gobierno de Carles Puigdemont está utilizando alguna de estas instituciones como la avanzadilla de su propio sistema tributario. De hecho, más de un centenar de estos organismos firmaron un convenio con la Agencia Tributaria de Cataluña para pagarle a ella los impuestos estatales (IRPF, IVA e incluso Sociedades), que luego se transfieren a la Agencia Tributaria Española. Si Hacienda no los recibiera en plazo actuaría contra los contribuyentes.

Sin embargo, pese al 155 parece difícil que el Gobierno desmantele la Agencia Tributaria Catalana. «Eso no es viable. No hay una infraestructura y una plantilla suficiente para suplir a la agencia catalana», señalan desde el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha). Su secretario general, José María Mollinedo, resalta que una cosa es vigilar cómo funciona el organismo catalán y otra eliminarlo. Entre otras cosas porque cuenta con 700 efectivos que no podrían ser sustituidos desde la agencia estatal.

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