El Gobierno constata la negativa a rectificar de Puigdemont y aplica el 155

Rajoy continuará con los trámites previstos tras la carta del presidente de la Generalitat y el sábado habrá consejo de ministros extraordinario

EFEMadrid

El Gobierno español ha constatado hoy la negativa del presidente regional catalán, Carles Puigdemont, a responder al requerimiento para restituir el orden constitucional y tomará medidas legales para la vuelta a la legalidad.

Fuentes oficiales respondieron así a la carta enviada esta mañana por Puigdemont en la que dice al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que si "persiste en impedir el diálogo", el Parlamento autonómico "podrá proceder a votar la declaración formal de independencia" de Cataluña.

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El Gobierno de Rajoy emprenderá la vía del artículo 155 de la Constitución, que faculta al Gabinete español para asumir directamente competencias ejercidas hasta ahora por la administración autonómica, con el fin de volver a la legalidad.

A través de un comunicado, el Ejecutivo informó de que el Consejo de Ministros se reunirá el próximo sábado, día 21, con carácter extraordinario para aprobar las medidas constitucionales destinadas a "proteger el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña, y restaurar el orden constitucional en la Comunidad Autónoma".

El comunicado del Gobierno tras recibir la carta de Puigdemont.
El comunicado del Gobierno tras recibir la carta de Puigdemont.

El artículo 155 de la Constitución establece que si una autoridad autonómica no atiende el requerimiento para volver a la legalidad el Gobierno aprobará un decreto con medidas concretas para asumir competencias regionales que enviará al Senado para su aprobación y que pase a ser efectivo.

Reunión de la Mesa del Senado

La Mesa del Senado se reunirá el próximo sábado para fijar el calendario de tramitación de las medidas que ese mismo día aprobará por la mañana el Consejo de Ministros al amparo del artículo 155 de la Constitución para frenar el desafío independentista de Cataluña.

Fuentes de la Cámara alta han confirmado que el presidente de la institución, Pío García-Escudero, ha convocado ya la reunión en la cual la Mesa calificará la propuesta del Gobierno y el modo en que las medidas serán estudiadas y debatidas por el Senado.

La Mesa, presidida por García-Escudero e integrada por PP, PSOE Y PNV, tendrá que decidir cuál de las dos vías previstas en el Reglamento del Senado se sigue para tramitar en primera instancia el requerimiento gubernamental, bien la Comisión General de Comunidades Autónomas o bien una comisión conjunta constituida "ad hoc".

El Gobierno y el grupo popular se inclinan por utilizar esa segunda comisión, cuya constitución corresponde a la Mesa con senadores procedentes de las comisiones cuyo ámbito se vea afectado por las medidas del Ejecutivo, y en la que al menos estarán los de la Comisión Constitucional.

La Mesa de la Cámara alta establecerá así cuándo se reúne esta nueva comisión, algo que no podrá hacer ni el martes por la tarde ni el miércoles por la mañana, dado que hay pleno ordinario. Eso sí, tendrá que convocarse como mínimo en dos ocasiones.

Una para, según dice el artículo 189.3 del Reglamento, requerir al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a fin de que "en el plazo que se fije remita cuantos antecedentes, datos y alegaciones considere pertinentes y para que designe, si lo estima procedente, la persona que asuma la representación a estos efectos".

Es decir, que además de enviar la documentación que crea conveniente para defender sus alegaciones, Puigdemont podrá acudir al Senado a defender su postura, en persona o mediante la persona que él determine.

Entonces se reunirá por segunda vez la comisión conjunta, y, tras recabar documentos y testimonios, podrá ya formular una "propuesta razonada sobre si procede o no la aprobación solicitada por el Gobierno, con los condicionamientos o modificaciones que, en su caso, sean pertinentes en relación con las medidas proyectadas".

Ello significa que el Senado podría cambiar las medidas acordadas por el Ejecutivo, al menos en teoría, porque en esta Cámara el PP no necesita del apoyo de ninguna otra formación para sacarlas adelante al contar con mayoría absoluta.

La propuesta razonada será debatida después por el pleno, donde tendrá que ser aprobada por mayoría absoluta, algo para lo que el Gobierno no tendrá problemas, aunque el Ejecutivo quiere contar con el máximo consenso y espera el respaldo del PSOE y Ciudadanos.

Fuentes del Senado han asegurado que muy probablemente el pleno extraordinario en el que se debatirán y votarán las medidas aprobadas por el Ejecutivo al amparo del artículo 155 no se podrá celebrar la semana próxima y habrá que esperar a la siguiente, posiblemente al lunes 30 o al martes 31 de octubre.

El Gabinete lo aprobará el sábado y la semana próxima se dará curso a esas medidas. Se trata de la primera vez que se aplicará ese artículo en los 39 años transcurridos desde la aprobación de la Constitución española de 1978.

"Que nadie dude que el Gobierno pondrá todos los medios a su alcance para recuperar la convivencia pacifica entre ciudadanos", ha señalado Méndez de Vigo en una comparecencia ante los medios.

El Ejecutivo trata ahora de consensuar con PSOE y Ciudadanos la manera de aplicar el 155 y esta misma mañana la ex ministra de Cultura Carmen Calvo ha acudido a Moncloa para tratar el asunto.

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