España frena el proceso en Bélgica contra Llarena que promovió Puigdemont

Carles Puigdemont./Efe
Carles Puigdemont. / Efe

El juez decano de Madrid ni siquiera va a dar traslado a magistrado del Supremo de la citación para el próximo 4 de septiembre

Melchor Sáiz-Pardo
MELCHOR SÁIZ-PARDOMadrid

La Justicia española está dispuesta a frenar en seco cualquier maniobra procesal en el extranjero para intentar boicotear la instrucción judicial contra el 'procés' o tratar de socavar la reputación del magistrado del Supremo Pablo Llarena. Es más, el Poder Judicial ni siquiera va a notificar a Llarena que un juez belga le ha citado el próximo 4 de septiembre a raíz de la denuncia que presentaron contra él el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros (Toni Comín, Meritxell Serret y Lluis Puig, que están huidos en Bélgica y Clara Ponsatí, fugada en Escocia).

El juez decano de Madrid, Antonio Viejo, ha rechazado de plano tramitar la citación en Bruselas para septiembre de Llarena. Viejo, que es el magistrado encargado de cursar la orden de personarse en Bélgica por tener el Supremo su sede en Madrid, ya ha comunicado a las autoridades de aquel país su negativa a colaborar en el proceso contra el magistrado del Tribunal Supremo.

En su escrito, Viejo alega que es el propio Reglamento del Consejo de la Unión Europea el que exceptúa la obligación de tramitar este tipo de notificaciones entre países miembros cuando «afectan a la responsabilidad del Estado en el ejercicio de su autoridad», como es el caso, ya que Llarena -entiende Viejo- actúa como Poder Judicial del Estado.

Puigdemont, Comín, Serret, Puig y Ponsatí denunciaron ante la justicia belga a Llarena por supuesta «falta de imparcialidad» y por vulnerar su presunción de inocencia. Los políticos independentistas plantearon una demanda civil, en busca de una multa «simbólica» de un euro, pero que le sirviera como base para mantener su recusación contra Llarena que ya han planteado ante la justicia española.

Pero la maniobra procesal va más allá. Los cinco huidos aspiran a mantener viva esta causa porque mantener una «causa pendiente» con una de las partes (en este caso Llarena) es «motivo suficiente» para cuestionar la imparcialidad del juez, tal y como reveló en su día Comín.

Pero el juez decano de Madrid no está por la labor de llevar este asunto más adelante, porque, según el reglamento del Parlamento y del Consejo europeo de 2007, el cumplimiento de las decisiones burocráticos de un juzgado de un país tercero tienen «excepciones», entre ellas «los asuntos fiscales, aduaneros o administrativos, o a la responsabilidad del Estado por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad». Este último supuesto es el que entraría de lleno en el caso de Llarena, según Viejo, quien mantiene una tesis idéntica en este asunto a la de la Fiscalía, el Gobierno y el propio Tribunal Supremo.

«Carece de competencia»

Llarena, desde un principio, también ha tratado de desacreditar la acción judicial de los huidos en Bélgica y el intento de usar esta demanda como eje de sus demandas en España. En el escrito en el que rechazaba la recusación de los procesados, el magistrado del Supremo ya afirmó que esa acción judicial está «movida por motivaciones políticas» y es «imparcial» Además, denunció que el tribunal belga es «un tribunal extranjero que carece de competencia para emitir un juicio valorativo de la actuación jurisdiccional española».

El pasado 14 de junio, el magistrado del Alto Tribunal ya tachó de «fraude procesal» la demanda de Puigdemont y el resto de los exconsejeros. Entonces ya explicó que la doctrina apunta a la inhabilitación de juez en un caso cuando tiene causas «pendientes» con una de las partes anteriores a su designación, no a posteriori como es el caso.

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