La red empresarial de Granados en el 'caso Púnica' tenía 190 sociedades

Francisco Granados tras ser detenido.
Francisco Granados tras ser detenido. / Efe

Dispuso con su exsocio Marjaliza de mercantiles intermediarias, de obras, servicios y patrimoniales para canalizar su actividad presuntamente ilícita

MATEO BALÍNMadrid

«Yo siempre he sido muy vehemente a la hora de defender las cosas en las que creo, desde el Atlético de Madrid, que es una cosa muy seria, hasta la cosa más nimia. No es agresividad. Tengo la necesidad de defenderme porque se ha cometido una gran injusticia conmigo. Y luego que salga el sol por Antequera».

Francisco Granados, exsecretario general del PP de Madrid y exvicepresidente de Esperanza Aguirre en su gobierno regional (2003-2012), salió de prisión hace un mes tras reunir 400.000 euros de fianza. El principal investigado del 'caso Púnica' junto al constructor David Marjaliza, acusado confeso, abandonó la prisión de Estremera (Madrid) tras dos años y ocho meses encerrado de forma preventiva. A la salida, rodeado de cámaras, clamó por su inocencia: «Jamás he metido la mano en la caja y desmontaré uno por uno los informes de Guardia Civil y Fiscalía. Si existe una trama, que no lo sé, desde luego no formo parte y ni mucho menos soy el cabecilla», afirmó a las puertas del centro penitenciario que él mismo inauguró en 2008 como consejero de Justicia.

Un mes después de aquella puesta en escena, Granados ha preferido antes 'blanquear' su maltrecha imagen ante la opinión pública que iniciar una ofensiva judicial para «desmontar» los abundantes indicios que pesan sobre él en los 260 tomos del sumario. El primer entrecomillado de esta crónica, por ejemplo, lo hizo en una entrevista en la Cadena Ser el pasado 7 de julio. Antes acudió sin escrúpulos a Telecinco y a un diario digital para hablar de lo suyo.

«El otro día me llamó un exconsejero de los que no me ha decepcionado, Juan José Güemes, para decirme que se alegraba de que pudiera estar en la calle. Y yo comentaba con él si había vivido eso que uno tiene la sensación que ha ocurrido, ese ambiente generalizado de corrupción durante los años que hemos estado en el gobierno y me dice: «chico, yo no». Pues yo tampoco (...) Hay una voluntad absoluta de meterme con calzador en todos y cada uno de los asuntos», criticó en la Ser.

Pero los fantasma que dice ver Granados son de carne y hueso en el sumario de esta «gigantesca red de tráfico de influencias» llamada 'Púnica'. Una causa que afecta a administraciones de varias comunidades, tiene 16 piezas separadas, 150 investigados, 1.200 cuentas embargadas y más de cuatro millones de euros en metálico incautados. Una cifra irrisoria si atendemos a las pesquisas que están en marcha en busca del dinero público malversado.

Pregunta a Islas Vírgenes

Solo un dato novedoso para imaginar el volumen de este presunto saqueo: desde que comenzó en junio de 2014 la investigación en el Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, dirigida por el juez Eloy Velasco y desde hace tres semanas por el veterano Manuel García Castellón, la «tupida» red empresarial de Granados y Marjaliza se componía de «190 sociedades intermediarias, patrimoniales, de ejecución de obras y servicios» para dar cobertura a sus actividades supuestamente ilícitas.

Esta arquitectura societaria fue creciendo al calor del boom inmobiliario en ciudades del sur de Madrid, donde los acusados se enriquecieron «corrompiendo a alcaldes y concejales para obtener su apoyo en las recalificaciones y adjudicaciones de suelo público». Para ello, Granados facilitó siempre desde su cargo público -como alcalde de Valdemoro (1999-2003) y luego como consejero, vicepresidente de la Comunidad de Madrid y senador (2004-2014)- «las connivencias y presiones necesarias sobre los funcionarios técnicos que se prestaron a adjudicar irregularmente a favor de Marjaliza y un grupo de empresarios en perjuicio de la Hacienda».

Este paisaje dibujado por el juez Velasco en un auto de 7 de noviembre de 2016, al que ha tenido acceso este periódico, es un resumen sucinto del sostén indiciario del 'caso Púnica'. Un boceto en forma de comisión rogatoria para que las autoridades judiciales de las Islas Vírgenes Británicas ayuden a esclarecer el origen de los patrimonios investigados, que se sospecha que están a buen recaudo en sociedades pantalla, a nombre de distintos testaferros, en diversos paraísos fiscales.

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